Con el geriátrico San Lucía de Saldán quedó en evidencia que los controles del Estado no funcionaron a tiempo o no fueron suficientes. El caso, incluso, se encuentra bajo investigación penal, ya que según la investigación del Ministerio de Salud, no se tomaron todos los recaudos que correspondían por parte del propietario y el director médico de la residencia. Lo cierto, es que allí, el virus SARS-CoV-2 ingresó el 9 de abril, contagió y dejó 9 víctimas fatales entre 65 contagios de residentes, personal y contactos estrechos. Ese brote obligó a establecer la emergencia epidemiológica en distintas localidades de Sierras Chicas (La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza y Unquillo).
Para tener una referencia del impacto, hasta anoche domingo, se habían producido 308 contagios y 18 muertes en total en la provincia. Comparados con los que ocurren en otros lugares del planeta pueden parecer poco, sin embargo en el contexto de una política de aislamiento social obligatorio, que procura administrar la presencia de casos, sí lo es. Si bien, a medida que transcurre la epidemia, la incidencia cae, revela la fuerza que puede tener su aparición en ámbitos cerrados y con población de riesgo como este. También se sabía, en los países europeos las residencias para adultos mayores son las que sufren con mayor virulencia los efectos de la enfermedad, que se las “agarra” fundamentalmente con la población de más de 60 años y con enfermedad o enfermedades pre-existentes. De hecho, la Provincia prohibió las visitas externas a los geriátricos y dispuso controles más exhaustivos luego de este estallido.
Muchos de los adultos mayores que resultaron infectados, fueron derivados justamente al Hospital Italiano, que es uno de los centros de salud de referencia del PAMI, que es la obra social que contrataba al geriátrico de Saldán. Lo cierto es que en el Italiano se desató un nuevo brote, que hasta anoche tenía 30 infectados confirmados, el hospital en cuarentena y sin posibilidad de recibir nuevos pacientes, una Unidad de Terapia Intensiva (UTI del hospital Pediátrico) y otro hospital (Florencio Díaz) cerrados preventivamente.
Antes del caso del Italiano, ATE y FESPROSA -el gremio de los profesionales de salud- había reclamado al gobierno nacional una serie de medidas y provisión de elementos de protección adecuados para evitar contagios en el sistema de salud. Llevaron un documento donde señalaban que en Argentina, el 16% de los casos de coronavirus afectaban a personal de los establecimientos sanitarios. Cabe acotar, que la experiencia en los distintos países del mundo, ubica los positivos en este grupo, entre 10 y 15%.
Es decir, hay casuística suficiente para suponer que esto puede suceder. Y sucedió.
Lo particular del brote del Italiano son dos temas: 1) una pareja de médicos que trabajaban en distintos hospitales; y 2) trece médicos que trabajaban en el hospital Pediátrico y en el Italiano a la vez.
Por lo visto, el virus que produce la enfermedad del COVID-19 no diferencia entre relaciones humanas ni el funcionamiento del mercado, y por el contrario, a la luz del resultado, parece aprovecharse de ello. El contagio del marido en el Italiano derivó en el contagio asintomático de su mujer que trabaja en el Florencio Díaz. El brote en el hospital de barrio General Paz puso en cuarentena a 13 médicos de la UTI del pediátrico, también en la ciudad de Córdoba. ¿Qué muestran estos dos episodios? Que el “fuego amigo” sacó de la cancha un sector crítico de un hospital y a un hospital entero.
Está claro que como en cualquier actividad, hay decenas de parejas que trabajan en las mismas profesiones o trabajos. Ése no es el problema. La experiencia del brote del Hospital Italiano, en el marco de la hasta ahora administrada curva de contagios, índica que ni el “corazón” ni “el mercado” pueden regular la organización y el sistema frente a una crisis sanitaria inédita como esta.
Lo lógico es que se centralicen los recursos (lo mismo en los geriátricos, conformando equipos cerrados en un sólo lugar -con los mismos integrantes-, no trabajando en varios sitios), no por la asignación “inteligente” del mercado, sino por disposición de la gestión pública y estatal, que es el sector que debe velar por el derecho a la salud de la toda la población. Si un médico o enfermero trabaja en varios lugares (por la necesidad económica particular, ya que no gana suficiente con un sólo trabajo; o por “oportunidad” profesional, etc.) o con turnos rotativos en la misma institución y se contagia dentro o fuera del centro de salud, obligará a poner en “cuarentena” a todos los recursos humanos, poniendo “fuera de combate” a todos los equipos en una sola “batalla”. Es lo que ha sucedido en el Florencio Díaz y el Pediátrico. La conformación de grupos cerrados y compartimentados mejora la eficacia de respuesta en ese sentido y minimiza la pérdida de profesionales, un factor clave frente a la pandemia. Por supuesto, que de modo complementario, son claves también el respeto de los protócolos y el uso de material de protección adecuado.
La Provincia aprobó en la Legislatura, al inicio de la pandemia, una Ley que le permite articular ambos sistemas (el público y el privado). Parece haber llegado la hora, como mínimo, de poner en marcha de manera urgente esa receta antes de que la crisis de los contagios produzca daños mayores.
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