Un estudio difundido este martes por la Defensoría General de la Nación (DGN) da cuenta de la existencia de casos de “distintas modalidades de violencia sexual” ejercidas en escuadrones de Gendarmería entre 2016 y 2018 a mujeres que estuvieron detenidas por más de un mes.
El informe “Mujeres privadas de libertad en escuadrones de Gendarmería”, un estudio cualitativo elaborado a partir de 17 entrevistas a mujeres presas del Servicio Penitenciario Federal -14 de ellas extranjeras- que antes estuvieron por lo menos 30 días detenidas en destacamentos del norte del país, reveló que ocho de ellas relataron situaciones de abuso en seis diferentes centros de detención.
“Es un número muy significativo porque generalmente hay un subregistro muy marcado de estas situaciones y muchas nos dijeron que era la primera vez que lo contaban”, dijo a Télam la coordinadora de la comisión sobre temáticas de género de la DGN y responsable del estudio, Raquel Ascensio.
“Algunas refirieron episodios personales, otras relataron ser testigos o tener conocimiento de manera indirecta; y los hechos van desde el acoso verbal y gestual con connotación sexual, manoseos, llegando hasta violaciones”, dice el resumen ejecutivo al que tuvo acceso Télam.
“Varias contaron que había detenidas que eran ‘novias’ o tenían ‘una relación amorosa’ con los gendarmes, pero esta circunstancia debe ser leída en clave con los estándares internacionales que señalan que no hay consentimiento válido en contextos coercitivos como son los espacios de detención”, explica.
Los testimonios también dieron cuenta del “aprovechamiento de la situación de aislamiento de las detenidas” y de un caso “en el que un gendarme proveía de elementos de necesidad a cambio de relaciones sexuales”.
“El relevamiento surgió a raíz de que tuvimos conocimiento de forma muy cercana de tres mujeres que habían comunicado haber sido violadas en 2017 en escuadrones de Gendarmería”, dijo Ascensio.
La DGN decidió entonces llevar adelante una investigación que diera mejor cuenta de esta problemática y comenzaron por “identificar mujeres privadas de su libertad en el Sistema Penitenciario Nacional que habían estado detenidas anteriormente en algún escuadrón de Gendarmería” que accedieran a ser entrevistadas en la cárcel, dado que los destacamentos no sólo “están muy lejos y dispersos”, sino que “no ofrecían buenas condiciones para recolectar información sobre lo que allí vivieron”.
Ascensio explicó que se trata en todos los casos de “detenciones en condiciones ilegales” por llevarse a cabo en “lugares pensados sólo para una detención transitoria, de pocas horas” y por eso la permanencia prolongada allí supone “violaciones de las condiciones dignas de detención”, tanto para los varones como para las mujeres, pero en el caso de ellas “hay un componente adicional que las afecta desproporcionadamente”.
“Como plus a la vulneración de su derecho a una vida digna, vimos que las mujeres además sufrían violencia sexual”, dijo.
La abogada especializada contó que de las entrevistadas “ninguna nos relató haber sido violada, pero sí acosada, desnudada para requisas o manoseadas”, y también contaron “situaciones de violación de otras compañeras”.
Una mujer testimonió que “la persona a cargo del escuadrón intentó violarla dos o tres veces pero ella pudo defenderse”: la venían a buscar dos gendarmes porque “el jefe quería verla”, pero una vez que quedaban a solas él “intentaba bajarle el pantalón y la manoseaba”, un forzamiento que no prosperaba porque ella “lo amenazaba con gritar y denunciarlo”.
Pero ella contó que había otra detenida que la convocaban “con la misma mecánica y ella pensaba que esa otra mujer era abusada”.
“Otra mujer contó que tenía una compañera en el escuadrón que era abusada por un gendarme porque era extranjera, no tenía visitas y él le daba comida, o ropa o toallitas higiénicas o lo que sea que necesitara a cambio de sexo; en un aprovechamiento total de la situación de vulnerabilidad y del aislamiento adicional en el que estaba por la condición de extranjera”, contó.
Además, la condición de extranjeras de la mayoría de ellas “lo que hace es profundizar el aislamiento y con esto, la vulnerabilidad”.
Pero el problema no se reduce solamente a lo que ocurre paredes adentro de las celdas de Gendarmería. “También hay un problema en el Poder Judicial, que permite que haya personas que sigan detenidas así; y con la respuesta punitiva, que no es adecuada”, dijo.
Es que por un lado, recién cuando las mujeres denunciaron los abusos “salieron con arresto domiciliario o fueron trasladadas a cárceles federales”, lo que denota que “el umbral de tolerancia frente al avasallamiento de los derechos de las mujeres privadas de libertad” de los jueces y fiscales “es demasiado alto; no admite la violencia sexual, pero por debajo de eso, casi todo”.
Pero, por otro lado como las cárceles de mujeres están hechas “a imagen y semejanza de las de varones”, es decir, son “megacárceles” a pesar de que ellas “respresentan el 8% de la población penitenciaria”.
Por eso, las unidades femeninas “son muy pocas en todo el país y esto hace que cuando sean trasladadas terminen a miles de kilómetros de su lugar de origen, lo cual viola otros derechos, como el de mantener contacto con su familia”.
Las mujeres detenidas “lo que hacen es negociar qué derecho van a resignar, por eso algunas se quieren quedar en el escuadrón pero no porque están bien”, sino porque irse de ahí le significa estar muy lejos de sus afectos “y ver imposibilitado el contacto con ellos”.
El informe fue presentado esta tarde por videoconferencia por la Defensora General Stella Maris Martínez, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.
(Con información de Agencia Telam).
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