La diputada nacional y ex ministra de Trabajo Kelly Olmos (PJ CABA, Unión por la Patria) presentó su propia iniciativa de reforma laboral que busca “salvaguardar derechos” de los trabajadores y ampliar sus alcances, en concordancia con los cambios tecnológicos y sociales que reconfiguraron el mundo del trabajo. En la antesala al inicio del debate en el Senado sobre el proyecto de flexibilización laboral del Gobierno, la ex titular de la cartera laboral marcó la cancha desde la oposición con una iniciativa que confronta con el planteo pro-patronal del proyecto libertario.
Las primeras firmas que acompañaban el proyecto fueron del ex director general de Aduanas Guillermo Michel; de la ex ministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz y de Juan Pablo Luque, Emir Félix y Pablo Todero. También se sumaron las adhesiones al proyecto de Eduardo Valdés, Agustín Rossi, Hugo Yasky, Blanca Osuna, Roxana Monzón, Jorge Neri Araujo Hernández, María Graciela Parola, Héctor Marcelo Mango, Gabriela Pedrali, Luis Eugenio Basterra y María Graciela de la Rosa. También rubrican la iniciativa, Agustín Rossi y Hugo Yasky.
Las ocho propuestas contenidas en su ambiciosa reforma de modernización laboral no distan demasiado de las iniciativas que los equipos técnicos y profesionales del PJ desarrollaron a través de un extenso documento que entregaron en mano a Cristina Kirchner a fines del año pasado, en una actividad coordinada por la diputada kirchnerista Vanesa Siley.
En el menú de ocho pasos de la dirigente peronista aparecen propuestas como “el fortalecimiento de los acuerdos colectivos de trabajo”, “la modificación del régimen de corresponsabilidad parental” (120 días de licencia para personas gestantes y 30 días para no gestantes), “el financiamiento bancario de indemnizaciones”y “la reducción progresiva de la jornada laboral hasta llegar a las 40 horas semanales”.
También “la modernización y el fortalecimiento de la inspección del trabajo”, “la creación de comités mixtos de salud, seguridad y prevención de riesgos en el trabajo”, “la regulación del trabajo en plataformas digitales” y “la reducción progresiva de las contribuciones patronales en las pequeñas y medianas empresas”.
Este paquete de reformas sintetiza la contracara de la iniciativa del Gobierno que, entre otros puntos, prioriza los acuerdos por empresa por sobre los de la actividad, reduce los costos de las indemnizaciones, impone la lógica de bancos de horas a la libre discrecionalidad de las patronales, y restringe el derecho a huelga, entre otros aspectos clave. “Con la excusa de una supuesta modernización, el proyecto del gobierno nacional no sólo no innova sino que pretende, una vez más, regresar al siglo XIX”, expresó Olmos en los fundamentos del proyecto.
Para la diputada peronista y especialista en derecho laboral, la iniciativa oficial “busca destruir el derecho laboral para reemplazarlo por el civil y comercial donde no se reconoce la asimetría de poder” y también apunta a “destruir el derecho a huelga para reemplazarlo por el Código Penal”.
“El proyecto del gobierno no solo no promueve la formalidad laboral, disolviendo la frontera entre trabajo formal e informal, sino que, por el contrario, universaliza la precariedad”, advirtió.
También alertó que el proyecto libertario “busca extender la jornada hasta las 12 horas diarias sin el pago correspondiente de horas extras”. “¡Dicen que vienen a modernizar el mundo del trabajo y quieren hacernos volver a discutir la jornada de 8 horas!”, se lamentó.
A su vez, señaló que el Gobierno “busca cambiar el sistema de indemnizaciones vigente y transferir el costo de la contingencia del empleador al trabajador y trabajadora, a los jubilados y pensionados. Esto vulnera el principio de responsabilidad empresarial, socializando el costo”, enfatizó.
Para la dirigente peronista, “en la práctica, esto significa un vaciamiento de los recursos del ANSES para privatizarlos” a través del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) “en un mecanismo de carácter financiero. Esto nos recuerda la etapa de la privatización de las jubilaciones que terminó con la quiebra del Estado y la crisis del 2001”, acotó.
“En el corazón de su proyecto está la intención de sustituir la negociación colectiva entre trabajadores y empresarios por la unilateralidad del patrón”, advirtió, y agregó que en definitiva se pretende “invertir la pirámide de negociación, priorizando los acuerdos por empresa y promoviendo sindicatos a imagen y semejanza de la patronal”.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
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