“Ha quedado en evidencia que la entrega a GRABABUS S.R.L del servicio de “Grabado Indeleble de Dominio” en autopartes, es un enorme negocio que sólo sirve para garantizar el acuerdo entre la empresa privada y algunos funcionarios provinciales y nada tiene que ver con el objetivo de disminuir los delitos en el rubro automotor”, aseguró ayer el legislador del Frente Cívico Juan Pablo Quinteros.
El planteo surge luego que se conociera el incremento del robo de vehículos en la ciudad de Córdoba, una nota que publicó el diario La Voz del Interior. Creemos que este “impuesto” que se le cobra a los cordobeses en la transferencia de un vehículo debe ser derogado de inmediato. El anexo del contrato suscripto con la empresa es claro respecto a que, de no evidenciarse resultados positivos, el mismo puede ser rescindido ‘sin necesidad alguna de resarcimiento por parte de la provincia’. Por esto último, entendemos que de seguir sosteniendo este sistema, el gobierno provincial dejará en evidencia que sólo le preocupa mantener el negocio multimillonario que se ha generado y seguir metiendo la mano en el bolsillo de los cordobeses”.
Además, Quinteros solicitó la derogación de la ley 10110, “en virtud de que desde su aplicación, no se observó ningún resultado positivo respecto a la intención de “disminuir” el robo de automotores mediante el “Grabado Indeleble del Numero de Dominio” a cargo de la empresa GABABUS S.R.L. Asimismo solicitamos en reiteradas oportunidades que se remitan distintos informes sobre el funcionamiento de este sistema, de los que seguimos esperando respuestas por parte del Ejecutivo Provincia”.
En ese sentido, en los fundamentos de la presentación legislativa, Quinteros afirma que “no conocemos los balances de la empresa GRABABUS, no conocemos los ingresos que el Gobierno Provincial obtiene de este enorme negocio de ésta empresa privada, no conocemos el supuesto beneficio de la implementación de la ley 10110, no conocemos ni una sola estadística que indique que se haya podido detener el delito de robo de automotores y su posterior “desguace” y venta ilegal de autopartes. En definitiva, lo único que conocemos, es que se le entregó un negocio multimillonario a una empresa privada y el Gobierno de la Provincia de Córdoba a la fecha no puede responder ninguna de las preguntas que desde la oposición se vienen formulando desde el día mismo de la sanción de la ley vigente, que volveremos a pedir, oportunamente, que se derogue”.
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