La diputada nacional, Carolina Gaillard (FpV-PJ).
La diputada nacional Carolina Gaillard (FpV-PJ, Entre Ríos), impulsora de la Ley de Cannabis Medicinal, presentó un Proyecto de Resolución expresando su preocupación por la falta de reglamentación de la Ley 27.350. “La demora del Poder Ejecutivo Nacional en aplicar la Ley de Cannabis Medicinal obstaculiza el acceso al tratamiento para miles de pacientes en nuestro país”, señaló la legisladora entrerriana.
En Córdoba, la Justicia Federal resolvió de modo novedoso este año, permitiendo la devolución a una niña catamarqueña de aceite cannábico secuestrado en un allanamiento.
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Gaillard, que es presidenta de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, señala que la ley fue aprobada por unanimidad el 29 de marzo de este año en la Cámara de Senadores de la Nación. El proyecto que pide por una pronta reglamentación de la ley, contó con el acompañamiento de los bloques del FpV, Movimiento Evita, Libres del Sur, y Socialismo, todos en la Cámara de Diputados.
“Tenemos una profunda preocupación por la demora del Poder Ejecutivo Nacional en reglamentar y aplicar la Ley de Cannabis Medicinal aprobada en marzo, ya que el plazo máximo de reglamentación de 60 días fue ampliamente superado”, expresó Gaillard.
“La demora del Poder Ejecutivo Nacional en aplicar la Ley 27.350 obstaculiza el acceso al tratamiento para miles de pacientes en nuestro país, impidiendo que se garantice el derecho a la Salud que el Estado debe resguardar”, agregó.
“Requerimos al Poder Ejecutivo, que proceda de inmediato a cumplir con la obligación que establece la norma de reglamentarla en un plazo no mayor de 60 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial”, remarcó la Presidenta de la Comisión de Salud de Diputados.
“Este incumplimiento -dice Gaillard- vulnera el derecho de miles de pacientes, usuarios, usuarias y sus familias a ejercer plenamente el Derecho a la Salud, dado que, a partir de la sanción de la Ley, deben garantizarse el acceso gratuito al aceite de cannabis y crear el registro voluntario de pacientes y familiares para autorizarlos y darles un respaldo legal en su utilización”.
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