En la reunión de trabajo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará este viernes, el abogado del argentino Víctor Hugo Saldaño y su madre, Lidia Guerrero, Juan Carlos Vega, solicitará que realice un “informe especial sobre las violaciones a los DD.HH que comete Estados Unidos”.
Se trata de una acción aplicada en contadas oportunidades, dos de ellas contra nuestro país, durante la Dictadura Cívico Militar iniciada en 1976.
La medida será solicitada por el incumplimiento de EE.UU. de la sentencia dictada por la CIDH., “en la que ordena la liberación de Saldaño del Corredor de la Muerte (en la prisión de Texas) y la reparación por los daños causados en los 24 años de tortura con el único fundamento del color de su piel”.
Este encuentro “tiene por objeto verificar el grado de cumplimiento de los EEUU a las recomendaciones formuladas por la CIDH en su Informe de Fondo (equivalente a una sentencia judicial) sobre la situación de Saldaño”, ya que “han pasado 4 años y los EE.UU. no han cumplido absolutamente con nada de lo ordenado por la Comisión”, explicó el abogado a este medio.
Saldaño tiene 47 años, 25 de los cuales ha estado encarcelado, la mayor parte en el llamado “Corredor de la Muerte”, a la espera de su ejecución, por lo que su estado psicológico es grave. El argentino fue acusado del asesinato del comerciante estadounidense Paul Ray King en 1995, dos veces condenado a muerte, y dos veces anuladas esas sentencias por la CIDH, por las concepciones racistas de la Justicia estadounidense. La primera anulación, derivó en un nuevo juicio, cuyo resultado y proceso fue nuevamente cuestionado por la CIDH, y este mandato es el que todavía no ha sido cumplimentado por el gobierno estadounidense.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
El Papa Francisco recibió a Lidia Guerrero y el abogado Juan Carlos Vega. (Foto: Archivo).
Vega adelantó que pedirá lo siguiente:
-Un Informe Especial sobre las violaciones a DD.HH que se cometen en los EE.UU. De manera especial las violaciones a los DD.HH en el Sistema Judicial Americano fundadas en Racismo. Pediremos que en este Informe Especial se haga mención al incumplimiento de parte de los EE.UU de las decisiones de la Comisión Interamericana cuando ellas son de condena a ese Estado.
En ese sentido, precisó que “los argentinos conocemos muy bien el valor que tienen estos Informes Especiales. En los años 1979 y 1982, la Comisión elaboró Informes Especiales sobre el Terrorismo de Estado argentino que permitieron anticipar el derrumbe de ese genocidio”.
Argumenta que “los EE.UU. no deberían ver este pedido de las víctimas como un agravio político. Es un pedido que tiene riguroso fundamento en los hechos verificados en el proceso y en el Reglamento de la Comisión”.
Puntualiza además, que “el hecho de que se trate de la potencia más grande del mundo, no coloca a los EE.UU. al margen del Sistema de DD.HH. internacional”.
Y crítica que “el Departamento de Estado elabora anualmente un Informe sobre la situación de los DD.HH. en más de 180 países del mundo. Pero cuando se trata de acatar y cumplir una decisión que condena practicas judiciales de ese Estado por estar basadas en puro racismo, los EE.UU no cumplen con nada”.
Vega explica también que “el Caso Saldaño es un caso inédito en el Sistema Interamericano de DD.HH., ya que es la primera vez que la Comisión declara la responsabilidad de un Estado (EEUU) por actos de brutal racismo en su sistema judicial.
Señala en esa línea que “a diferencia del caso George Floyd, que escandalizó al mundo por racismo policial, en el Caso Saldaño se ha probado el racismo judicial. No son los policías si no los jueces y las leyes las que están impregnadas de racismo”.
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