En el año 2019 y bajo el gobierno nacional del ex presidente Mauricio Macri (de derecha), dió inicio la lucha del Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba, en contra de las plataformas electrónicas extranjeras de transporte de personas, que comenzaron a desembarcar en nuestra ciudad. Por aquellos tiempos, la fuerte resistencia gremial que se ejerció en las calles en unidad, con tenacidad y con organicidad, fue lo que permitió hacerlas retroceder.
Lo único que han provocado en otros lugares del mundo estas multinacionales de diferentes países, fue la destrucción paulatina y en otros casos, directamente el fin del taxi.
Con la llegada del gobierno actual a nivel nacional de Javier Milei (también de derecha), con el paquete de desregulaciones que se impulsó solo para desmantelar todo lo sea público, se anunció también la desregulación del transporte público en nuestro país. Fue a partir de ese momento, cuando volvieron a la carga y con más fuerzas estas plataformas.
Hablamos de que hacerlas proliferar, pasa exclusivamente por una decisión política de romper al transporte público automotor y no por otra cosa.
No son por razones falsas como la de incorporar más tecnología, modernizar el transporte de personas, u otras falacias que desde sectores políticos afirman ante los medios de comunicación, como por ejemplo “LA GENTE LO PIDE” (falacia Ad Populum).
Lo más grave y alarmante de esto, es que existen sectores políticos provinciales y municipales de otros colores partidarios, que acompañan esta política libertaria de la destrucción del sistema de transporte público automotor local.
En ese mismo sentido, avalaron con lo que ellos denominan “Ordenanzas para la regulación o legalización del transporte por plataformas eléctricas”, cuando en la realidad, deberían titularlo “Ordenanzas para la extinción del taxi”.
Es vergonzoso que los gobiernos municipales con intendentes “que se auto perciben peronistas y radicales”, lejos de apostar a la justicia social, a fomentar mejores condiciones laborales y salariales para los trabajadores de sus propios distritos cómo es en el caso de los taxistas, se comporten en relación a la política en materia de transporte, como férreos representantes libertarios.
Es lamentable ver a los concejales “que se auto perciben peronistas y radicales” en muchas ciudades, que promuevan los intereses extranjeros de estas multinacionales foráneas (que solo fugan capitales al exterior, e incumplen con innumerables marcos legales de nuestro país), en desmedro de los intereses de los taxistas de ciudades que dicen representar.
Días atrás, la ciudadanía en las elecciones de la provincia de Buenos Aires demostró el hartazgo y el hastío a este tipo de decisiones políticas de desintegrar todo lo público.
En Córdoba, el Sindicato de Peones de Taxi en este sentido; viene avanzando en un plan de lucha en el plano gremial, legislativo y judicial, en contra de estas plataformas eléctricas y ahora en contra de la ordenanza que “Las habilita a funcionar en la ciudad de Córdoba capital”, presentado a tales fines una acción de amparo.
En el plano gremial, se seguirán llevando adelante medidas de corte netamente sindical al respecto. En el plano legislativo, se ha venido impulsando la presentación de proyectos de ordenanzas en distintos Concejos Deliberantes de esta provincia, para la defensa del transporte público automotor que brinda el taxi, logrando la aprobación de la primera ordenanza que prohíbe expresamente estas apps extranjeras en la ciudad de Huerta Grande (provincia de Córdoba).
Quedan buenos representantes del pueblo en esta provincia (los concejales y el intendente de Huerta Grande), que defienden los intereses locales, por encima de los extranjeros; a diferencia de otros que hacen todo lo contrario.
En el plano judicial, se realizarán todas acciones judiciales que correspondieren, porque no solo hoy están en riesgo más puestos de trabajo en el taxi, con ordenanzas de este calibre.
Se pone al borde de la destrucción definitiva, al sistema de transporte público automotor local del taxi.
Es por ello que la justicia, siendo guardián de la Constitución y por ende de todas sus disposiciones, debería, por lo tanto, ser quién resguarde todos los derechos constitucionales de cada taxista cordobes (comenzando por el derecho al trabajo), y a la vez, quién no permita que decisiones políticas en la ciudad de Córdoba, terminen por hacer desaparecer a este transporte público automotor local, solo para favorecer a intereses que no son ni de los argentinos, ni los de la Patria.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado.
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