Si bien la República Argentina aprobó en el Congreso de la Nación, una ley a través de la que se adhirió al Convenio N°190 de la O.I.T. (sobre violencia laboral), aún en nuestro país no se aprobó una Ley nacional contra la violencia laboral.
La Provincia de Córdoba, a pesar de contar en la Legislatura Unicameral con varios proyectos (desde 2016 impulsé con distintos bloques diferentes propuestas al respecto), tampoco sancionó una Ley provincial contra la violencia laboral.
En la actualidad, existe un vacío legal específico nacional y en la mayoría de las provincias argentina sobre esta problemática de la clase trabajadora (aunque algunas provincias, son pioneras y cuentan con leyes locales contra la violencia laboral, como por ejemplo: Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, entre otras).
En el año 2019 se logró la aprobación del primer marco legal cordobés sobre violencia laboral. Se trata de la Ordenanza 2625/19 aprobada en Río Ceballos, que es de mi autoría.
Es necesario que desde la política nacional y provincial, se termine con la impunidad de los violentos. Esto se logra mediante la aprobación de marcos legales que prevengan y sancionen estas conductas violentas en el ámbito laboral.
La violencia laboral, es una forma de abuso de poder que se ejerce sobre uno o más personas. Tiene tres modalidades que son: el acoso sexual, la agresión física y el acoso moral o psicológico (denominado normalmente hostigamiento).
Está comprobado por especialistas en temas de salud, que la violencia laboral, termina ocasionando a sus víctimas, patologías físicas, psíquicas, existiendo casos de suicidios y de muertes también.
Personalmente no creo en los protocolos de violencia laboral. Considero que es un instrumento ineficaz para prevenir y sancionar la violencia laboral. La mayoría de los casos, lo aplica el violento (superior jerárquico). Se usan cuando se dice querer hacer algo sobre la violencia laboral, pero en el fondo no se quiere hacer nada respecto al tema. Hay que apuntar a la aprobación de Ordenanzas, Leyes provinciales y una Ley Nacional contra la violencia en el ámbito del trabajo.
En los últimos años, si ha existido un sector postergado por la política, ha sido la clase trabajadora. Existen innumerables problemáticas que no han tenido respuestas legislativas. Una de ellas, es la violencia laboral.
Los proyectos de leyes sobre violencia laboral presentados deben tratarse, discutirse, y avanzar en la aprobación correspondiente producto del debate de las distintas fuerzas políticas, con la participación de autoridades de centrales obreras, sindicatos, facultades, y organizaciones religiosas entre otros actores sociales necesarios.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado.
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