Los trabajadores y los jubilados, vienen padeciendo un severo ajuste desde hace años, y la situación general de ellos se está agravando aún más en estos tiempos.
Para comenzar, debemos señalar que en nuestro país existen actividades estatales y privadas, que en los últimos tiempos no han alcanzado con las paritarias logradas, ni empatarle a la inflación. Pero hubo algunas organizaciones gremiales, que sí obtuvieron buenas paritarias, como son los casos de sindicatos como camioneros, la Bancaria, y aceiteros, entre otros.
Hay que resaltar, que la moneda nacional con la que se pagan los salarios y las jubilaciones, es el peso. Pero por otro lado, la moneda en la que se miden y valoran rubros como alimentos, medicamentos, vestimenta, combustibles, tarifas y muchas otras más, es el dólar. Esto viene generando un proceso de empobrecimiento masivo del pueblo en su conjunto, si tenemos en cuenta lo que cotiza en la actualidad el dólar con relación al peso.
Esta situación es inadmisible e inaceptable; porque nuestros gobernantes y quienes legislan también; no intervienen con medidas económicas o con aprobación de marcos legales, contribuyendo así, por acción u omisión, a aumentar geométricamente la pobreza.
Los activos y los pasivos se han empobrecido. Perdieron significativamente su poder adquisitivo. Una de las consecuencias sufridas a raíz de esto, se observa una caída de los niveles de consumo, impactando al propio mercado interno.
No es posible que aumente el dólar; y por detrás de esto, suban casi inmediatamente los alimentos, los medicamentos, los combustibles, las tarifas, etc.
En relación al aumento del dólar, diera la sensación de que la propia economía nacional aplicara una especie de cláusula gatillo (como era históricamente con las paritarias antes, una herramienta fundamental a la hora de discutir salarios y que fue abandonada por la mayoría de las representaciones sindicales a la hora de discutir salario, lo a mi entender fue un gravísimo error).
Ahora bien, si el dólar baja, los precios de estos productos nunca retroceden. Este esquema que no resiste mucho tiempo más y es vital hacer algo al respecto con urgencia. Existe una frase célebre, que dice: “mientras que los salarios van por las escaleras, la inflación iba por el ascensor”. Por estos días, los salarios van pisos hacia abajo por las escaleras, mientras que la inflación va pisos hacia arriba por el ascensor.
Las organizaciones sindicales, deben luchar con compromiso, unidad, e independencia política, mediante todos los mecanismos que las leyes les permiten, para defender el salario de los afiliados activos y pasivos.
La dirigencia de la C.G.T. en vez de salir con declaraciones y movilizaciones en apoyo a un gobierno; debe luchar y movilizar por los trabajadores y jubilados que deben empezar a representar alguna vez (hasta ahora no lo han hecho).
Si a la dirigencia de la C.G.T. le importa tanto la política, que se vayan a hacer política partidaria, pero que dejen todos los cargos a hombres y mujeres del movimiento obrero que deseen luchar de verdad, por dignificar la vida de quienes trabajan, de quienes se jubilaron y de quienes desean incorporarse nuevamente en el mundo laboral y dejar de depender de planes sociales para subsistir.
El Gobierno Nacional y el Congreso de la Nación, deben gestionar desde sus ámbitos, para que volvamos a vivir en un país normal, para recuperar el poder adquisitivo, para recuperar el derecho a la movilidad social, y sobre todo que exista nuevamente justicia social.
Necesitamos un Gobierno Nacional que tome medidas peronistas, aplicando a rajatabla la doctrina justicialista.
Se dice por los especialistas en la materia que hay capacidad para alimentar a cuatrocientos millones de personas desde nuestras tierras.
Sin embargo, quienes hoy gobiernan, ¿Por qué no pueden garantizarle el alimento a cuarenta y cinco millones de argentinos entonces? Hay a 6 de cada 10 niños sufriendo hambre. Los niños y los jubilados no pueden seguir pasando hambre en el granero del mundo.
Debemos volver a tener una moneda nacional fuerte. Esa moneda nacional, debe servir no solo para pagar salarios y jubilaciones, sino también para que la misma sea la referencia a la hora de fijar precios de alimentos, vestimenta, salud, educación, vivienda propia, etc. Pues todos ellos, son derechos humanos que tenemos todos los ciudadanos y que deben ser garantizados desde el Estado, según se establece en los articulados correspondientes de nuestra propia Constitución Nacional, Constituciones Provinciales, y hasta en Tratados Internacionales aplicables en nuestro territorio.
Pero sobre todo, necesitamos una clase política y sindical que comiencen a justificar los cargos que ocupan, y que demuestren estar a la altura de las circunstancias, con más hechos concretos y con menos discursos demagógicos para las tribunas.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado y referente de la Agrupación 29 de Mayo del Sindicato de Luz Fuerza de Córdoba.
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