El fiscal Federico Delgado asegura que en las obras que contrató AySA (Agua y Saneamiento Ambiental) en Tigre, los directivos de Odebrecht reconocieron el pago de sobornos. Agrega que Odebrecht y Camargo Correa se presentaron en las dos licitaciones para las dos obras, y luego se repartieron cada una de ellas, una en particular. Y por último, indica que “en ambas obras se detectaron, entre otras cosas, sobreprecios, modificaciones en los presupuestos originales, incumplimiento de los tiempos pactados en los contratos, diferencia en la calidad de los bienes, importaciones de bienes más caros que los de la industria nacional y falta de certificaciones y de documentación que acredite el real estado de las cosas”.
El modus operandi se repitió en Córdoba con las licitaciones 1 y 6 de 2008. Ambas contaron con la participación de dos compañías de Brasil: OAS y Andrade Gutiérrez. Esto es que se dividía la realización de los gasoductos en dos partes, pero finalmente a través de un dictamen interno de la provincia, se sugirió unir las dos obras y Andrade Gutiérrez, que había sido adjudicataria de la licitación 1/2008, ofreció un descuento del 4% para quedarse con las dos licitaciones. La obra fue finalmente adjudicada en junio de 2009 y el contrato firmado en septiembre de ese mismo año.
Aquí, al igual que en las obras de AySA participaron dos empresas brasileñas. En Buenos Aires, Odebrecht y Camargo Correa, que se repartieron una obra cada una, y aquí tomaron parte dos, OAS y Andrade Gutiérrez, pero la diferencia es que fue esta última la que se quedó con el contrato.
El cambista arrepentido, Alberto Youssef registró cuatro pagos, pero uno solo tiene completado el casillero con el monto. Allí dice 60 millones de Reales, que en ese momento (15 de diciembre de 2008) equivalían a unos 37 millones de dólares. El pago es a beneficio de OAS y se realiza a un tal “Luis Leandro”. Según el registro de Youseff el soborno se pagó.
VER EL CLUB DE LA OBRA PÚBLICA TAMBIÉN HIZO NEGOCIOS EN CÓRDOBA.
Sin embargo, el inconveniente saltó por la pelea política entre el gobernador José Manuel De la Sota y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La Nación no autorizó nunca a Córdoba a tomar los más de 200 millones de dólares que ofrecía el BNDES brasileño para realizar la obra. Resultado: Luego de casi siete años, recién en marzo de 2015, los brasileños dieron de baja el financiamiento y la adjudicación se cayó. Es decir, que entre octubre de 2008 y marzo de 2015, la obra estuvo en stand by, a la espera de una solución. Al menos, un extrañamente largo período de espera.
Una segunda obra que finalmente no prosperó, aunque no se conocen las motivaciones de manera oficial fue la de la construcción de la autovía de la Ruta Nacional 36 entre Córdoba y Río Cuarto. Aquí también iba a funcionar el mismo sistema descripto en los dos casos anteriores: dos compañías brasileñas fueron convocadas por De la Sota para hacer la obra: Odebrecht y Camargo Correa. Los trabajos, al igual que los gasoductos, iban a tener financiamiento del BNDES. El encargado de negociar por Odebrecht fue Rodney Carvalho, que llegó hasta Río Cuarto para analizar el proyecto. Carvalho es ahora uno de los imputados por el fiscal Federico Delgado por la realización de las obras de Tigre y también es investigado en Perú por la obra de un gasoducto.
VER ODEBRECHT EN CÓRDOBA: QUIÉN ES RODNEY CARVALHO.
El otro elemento que parece común entre la investigación del fiscal Delgado y lo sucedido aquí es el aumento del valor de la obra una vez conseguida la adjudicación. Acá se agrega que ni siquiera pudo materializarse la obra y sin embargo la provincia autorizó en abril de 2012 un incremento de 74 millones de dólares en el costo de trabajos que aún no habían comenzado. Lo hizo con la justificación del aumento de los precios en los insumos importados (un rubro señalado también por el fiscal Delgado). El monto de la contratación original de los 2.000 kilómetros de gasoductos orillaba los 325 millones de dólares, esto significa que la suba concedida representaba un 22,76%.
Las cuatro empresas señaladas conformaban un club en Brasil y todos los países donde operaban, según se desprende de las investigaciones del Lava Jato en Brasil. Ese sistema aparece corroborado ahora también en Argentina, según el escrito del fiscal Delgado por las obras nacionales en las que aparece acusado el ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López.
Sin embargo, aquí, la Justicia anticorrupción de la provincia desestimó las presentaciones de los legisladores cordobeses Juan Pablo Quinteros, Liliana Montero y Aurelio García Elorrio con el argumento de que es inverosímil que alguien pague una coima de 37 millones de dólares y no se quede con la obra que buscaba. Está claro que alguien miente: Youssef o los cordobeses. Hasta el momento, lo único confirmado, es que en los casos que figuraban en su registro y fueron investigados en Brasil, el cambista arrepentido no mintió.
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