El intendente Martín Llaryora intentará aprobar con el voto de los concejales de Hacemos por Córdoba (peronistas y aliados) una modificación de la ordenanza de remuneraciones del personal municipal, para reducir la jornada laboral de 7 a 6 horas, y con ello los salarios que perciben los empleados de la comuna. Los dos sectores excluidos del ajuste son el personal de Salud y de Educación. La sesión del Concejo Deliberante, bajo modalidad virtual, se iniciará a las 15.
El objetivo del intendente cordobés es reducir la masa salarial que implica el pago de sueldos, adicionales y cargas sociales, en alrededor de un 10%, esto es a valores actuales, unos 1.600 millones de pesos. Lo justifica en la profundización de la crisis económica a causa de la pandemia de coronavirus. De este modo, los poco más de 10 mil trabajadores de la comuna pasarán a trabajar 30 horas por semana en lugar de las 35 actuales. El proyecto de ordenanza, también prolonga la quita salarial del 30% a los funcionarios de la planta política por otros tres meses.
Se trata de un fuerte ajuste sobre la planta contratada “en blanco” por el Estado.
En respuesta a esta determinación del Ejecutivo, el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales (Suoem) lanzó un plan de lucha que incluirá el “trabajo a reglamento, retención de servicio y quite de colaboración” en todas las reparticiones. Además, el gremio anticipó que se evaluará “determinar paros laborales en las reparticiones municipales”.
El Suoem también tiene previsto hacer una asamblea general de delegados en la sede del Concejo. Con el antecedente de la detención de más de 40 empleados municipales que protestaron el lunes pasado en Jesús María, el gremio presentó ante el Ministerio Público Fiscal una nota pidiendo garantías para la asamblea que planea realizar.
Cabe acotar, en ese sentido, que está vigente una resolución de la Secretaría de Trabajo de la Nación, que suspende hasta el 30 de septiembre próximo las asambleas y congresos sindicales, sean ordinarios o extraordinarios, en la medida que supongan aglomeraciones de personas.
También se oponen a la iniciativa, los bloques de la izquierda y el radicalismo que responde al exintendente Ramón Mestre.
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