La Legislatura de Córdoba durante la sesión de ayer. Foto: Prensa Legislatura de Córdoba.
Como publicó este medio en su edición de ayer, el gobierno propuso de urgencia a cinco integrantes de la comisión técnica que tendrá la tarea de determinar las modalidades de prestación mínima de servicios esenciales durante los paros y medidas de fuerza, incorporando, entre ellos, a un abogado que había sido un protegido del general Horacio Tomás Liendo. Finalmente, el pliego de Guillermo Ernesto Maisuls fue aprobado ayer, durante la sesión de la Legislatura provincial.
Los cinco integrantes titulares son el ingeniero mecánico Pedro Enrique Ducanto; el ingeniero civil, Jorge José Galarraga; el médico Rubén Hugo Bengió; y los abogados Guillermo Ernesto Maisuls y Olivio Rubén Costmagna. En el proyecto que propone su designación, el Poder Ejecutivo afirma que “cumplimentan acabadamente tanto los requisitos legales como de idoneidad y capacidad para desarrollar tan importante misión”.
La propuesta llego a la Legislatura con las firmas del gobernador Juan Schiaretti, los ministros de Trabajo y Agua, Ambiente y Servicios Públicos Omar Sereno y Fabián López, respectivamente, y del fiscal de Estado, Jorge Córdoba.
La ley 10461 prevé la intervención de una Comisión Técnica, que es la quedó conformada con el abogado Maisuls, que fue interventor de ATE entre 1980 y 1984 y asesor del Ministerio de Trabajo de la Nación (1976-1986). Su función es la calificación de actividades que, planteado un conflicto laboral que las afecte, deben contar con prestación garantizada de servicios mínimos, sus modalidades de ejecución, planteles destinados a tales efectos y asesoramiento a la Autoridad de Aplicación, entre otros cometidos”.
Por cierto, la norma en cuestión nació al calor del conflicto de los delegados de la UTA con la Municipalidad de Córdoba el año pasado y recién fue reglamentada de apuro el 18 de abril, a través del decreto 560/2018. El apuro del oficialismo es para tratar de condicionar el desarrollo de un eventual conflicto con el gremio de Luz y Fuerza a causa del ajuste en marcha en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), que incluye la reducción de derechos de los trabajadores de la electricidad incorporados al Convenio Colectivo 165/75.
La Ley 10461 viola la normativa nacional y las disposición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya estableció la lista de servicios esenciales que debe ser respetada. Es normal, que empresas y Estados neoliberales pujen por limitar el derecho de huelga de los trabajadores, por eso la OIT tiene un celoso sistema de determinación de servicios esenciales. Allí, por ejemplo, el transporte no existe como servicio esencial, sin embargo la ley cordobesa si lo incorpora, lo mismo que “los servicios (…) de protección ambiental”, que pese a su indeterminación y ambigüedad, podrían incluir a los de recolección de residuos.
A su vez, la comisión de especialistas de la OIT, que está por encima aún de los convenios internacionales, ya determinó cuáles son servicios esenciales, esto es que las huelgas no pueden afectarlos. La lista es la siguiente: el sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. Pero dentro de esta categorización existe luego una determinación de los servicios mínimos, que no pongan en riesgo la vida, salud o seguridad de las personas, y el derecho de huelga de los trabajadores. La determinación de esos límites es lo que hará la comisión técnica.
LAS VOCES DE LOS LEGISLADORES
El legislador José Pihen (PJ).
José Pihén, legislador de Unión por Córdoba y secretario general del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la CGT Regional, afirmó que su “posición es de absoluto rechazo. Nosotros estuvimos en contra de la ley 10461 y no vamos a votar a favor de la comisión que la hace operativa”. En declaraciones a Cadena 3, aseguró también que “nosotros ponemos siempre por delante la representación, porque estamos acá en representación de los trabajadores”.
Por su parte, Ezequiel Peressini, legislador del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), expresó que “la ley 10461 es una ley anti obrera que busca criminalizar la protesta social e ilegalizar las luchas. Es inconstitucional porque viola el derecho de huelga conquistado tras 200 años de lucha por el movimiento obrero y (…) busca adelantarse al posible conflicto social que impulsa el gobierno de (Juan) Schiaretti por querer robarle $1100 millones a los trabajadores de Luz y Fuerza y desguazar EPEC para privatizarla”.
Ezequiel Peressini, legislador del FIT.
Por último agrega que “la comisión técnica de garantías que se aprobó en esta sesión, está conformada, entre otros, por Guillermo Ernesto Maisuls quien fue abogado del Ministerio de Trabajo durante la dictadura 1976 -1986 designado en ese cargo por el General Liendo quien era ministro de trabajo de la dictadura. Además fue interventor de ATE desde 1980 a 1984”.
CONCURSOS
Apoyada por el bloque de Unión por Córdoba (UPC) y las bancadas de la UCR y el PRO se aprobó La ley que establece la obligatoriedad de concursos públicos para los agentes que ingresen a la administración pública y los entes descentralizados, como EPEC.
El legislador Juan Pablo Quinteros presentó un despacho en disidencia, que además de los concursos públicos, plantean que sean abiertos y se desarrollen después de un censo de empleados públicos, para determinar exactamente cuántos trabajadores tiene el Estado. Los legisladores del Frente Cívico, en consecuencia, no acompañaron el proyecto oficialista.
El kirchnerismo se opuso. Fue la legisladora Vilma Chiapello quién se expresó con mayor contundencia: “Nunca pensé presenciar una sesión donde los peronistas voten en contra de los trabajadores ”.
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