El pasado 18 de diciembre la Legislatura de la provincia minera de Jujuy aprobó el pago obligatorio de cualquier persona para recibir atención médica en los hospitales públicos. La ley 6453 elimina el acceso al sistema de salud pública para más del 50% de la población jujeña que se atiende en hospitales y centros de atención primaria (400.000 personas). Ahora, cualquiera que gane más de dos salarios mínimos -aproximadamente $540.000- deberá pagar para acceder a estos servicios, solamente los indigentes que así lo demuestren previamente y cuenten con su carnet de pobre tendrían atención gratuita.
Todas las personas sin obra social ni prepaga deberán contratar obligatoriamente el Seguro Provincial de Salud para evitar el pago directo por las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO). De lo contrario, deberán abonar las prestaciones al momento de recibir la atención.
La ley asegura que sólo las intervenciones con riesgo de vida serán gratuitas, aunque se generará un cobro posterior de los gastos.
Se implementa sumando toda esa población al Instituto de Salud Jujuy. El ISJ es la obra social que los trabajadores del Estado provincial, los nuevos afiliados deberán pagar 50.000 pesos por mes ($200.000 en una familia tipo) y con el carnet al día podrán acceder al sector público como al privado, según aseguran los voceros de la Ley: El ministro de Salud del gobierno radical Gustavo Bouhid, quien es empresario de la salud privada, al igual que el Presidente del bloque del PJ en Diputados Rubén Rivarola, dueño de la clínica más importante de Palpalá y el diputado libertario Manuel Quintar dueño del sanatorio principal de la capital provincial.
Hace tres meses el Gobierno de Jujuy comenzó a cobrar la atención médica a extranjeros y ahora la extiende a sus propios ciudadanos.
La ley tuvo tratamiento exprés y se aprobó en 7 días sin que la sociedad jujeña supiera de que se trataba ni pudiera debatirla, fue aprobada por todos los grupos partidarios que se subordinan a la orientación del gobierno del presidente Milei.
La democracia en Jujuy nuevamente fue engañada, amañada y sus instituciones manipuladas para poder aprobar una Ley contra los intereses del pueblo.
Ley que termina con el derecho esencial a la salud de los argentinos, no solo establecido en nuestra Constitución y leyes sino inscripto en la construcción colectiva de nuestra sociedad: la salud pública y la educación pública, fue y son la base de nuestra confraternización social que constituye parte fundamental de la identidad del pueblo-nación que en estos tiempos de neoliberalismo y anarcocapitalismo buscan borrar del inconsciente colectiva.
La Salud no debe ser mercantilizada, no es un lujo, es un derecho que adquieren todos los seres humanos cuando nos organizamos en sociedad, argentinos o no argentinos. El acceso a la salud se determina por la necesidad y no por la capacidad de pago del paciente convertido en cliente.
El artículo 42 de la Constitución Nacional le impone obligaciones al Estado para que proteja a los consumidores y usuarios de bienes y servicios y la primera obligación que destaca es “la protección a su salud”.
También, y con rango constitucional, la Nación se sumó por la Ley 23.313 de 1986, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece en su artículo 12 el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto nivel posible de salud física y mental enumerando constituyentes del derecho a la salud. También se encuentra plenamente vigente a nivel nacional e internacional El Principio de No Regresividad, que es una norma que establece que en el ámbito de los derechos sociales, el Estado no debe adoptar políticas, medidas o normas jurídicas que empeoren la situación de los derechos sociales, incluido el de la salud.
Jujuy es una de las provincias más pobres, cuyas estadísticas de agravan desde 2015 cuando el Estado determinó un perfil eminentemente minero a su economía. Con 55,7 % de pobreza, el 50,2 % de los habitantes no tiene obra social según el Censo 2022, y los salarios formales del 70% de los trabajadores no superan dos salarios mínimos ($540.000).
El gobierno jujeño abrazó el “consenso extractivista”, promoviendo actividades de extracción a gran escala de minerales con destino de exportación dentro del esquema de cadenas globales de valor. El litio es su principal commodity, el precios de la tonelada de litio era de u$s 8.600 en 2015 y llego a 70.000 en 2022, mientras se agravaban los números de la pobreza jujeña.
La principal empresa multinacional, Sales de Jujuy, en los tres primeros años amasó una ganancia bruta de U$S 204 millones, recuperando con creces la inversión inicial (160 millones) de 2015. El margen de rentabilidad bruta respecto al precio de exportación era del 77% en el tercer trimestre de 2023. Un gran negocio.
Según datos universitarios, el pago de regalías anual del conjunto de las empresas mineras es realmente ínfimo. En la actualidad se lo puede equiparar con la recaudación de un mes del cobro del estacionamiento medido en la ciudad capital de Jujuy y nunca llego, ni siquiera, al 3% del valor del mineral exportado que permite la ley minera nacional.
El Estado provincial es cómplice del saqueo, sosteniendo todo un andamiaje legal que, a nivel provincial, por ejemplo, excluye a la minería del pago de ingresos brutos, la principal fuente de ingresos del Estado local. Y ahora, con la misma base de criterios ideológicos busca la privatización total de la salud de la provincia a instancias de los empresarios del sector. La resistencia en Jujuy ha comenzado.
Este experimento rápidamente busca repetirse en Catamarca, Salta y Tucumán. En Córdoba, la salud también esta manejada por un ministro empresario de la salud: Ricardo Pieckenstainer es el CEO del Grupo Hospital Privado y el proceso de mercantilización también avanza en nuestra provincia.
* Medardo Ávila Vázquez es médico y secretario General de APDH Córdoba.
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