Los legisladores durante una sesión. Foto: Legislatura de Córdoba / Archivo.
La semana próxima la comisión de Salud de la Legislatura cordobesa recibirá, entre otros convocados, a funcionarios de la Dirección de Discapacidad de la provincia. El objetivo de los legisladores es conocer la cantidad de electrodependientes que están registrados en esa dependencia y su distribución geográfica. “Queremos tener una aproximación al universo de electrodependientes cordobeses para que el proyecto pueda abarcar todas las variantes posibles”, le dijo a ENREDACCIÓN el legislador Daniel Passerini.
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El bloque de Unión por Córdoba (UPC) había asegurado que la adhesión de Córdoba a la Ley Nacional de Electrodependientes iba a ser considerada antes de las elecciones del 22 de octubre, sin embargo la intención no prosperó. Ahora, el tema se reinstaló en la agenda legislativa y el bloque oficialista plantea un despacho único, consensuado con los bloques opositores. Además de la iniciativa oficial, el único proyecto alternativo ha sido presentado por Juan Pablo Quinteros del interbloque Cambiemos (UCR, PRO y Frente Cívico). Su propuesta es la adhesión lisa y llana a la ley nacional 23751. Mientas que el proyecto de UPC es directamente una ley provincial. Entre esos dos extremos se ubica la discusión.
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“La intención que tenemos es poder emitir despacho de la comisión en las próximas dos o tres semanas para poder convertirlo en ley antes de fin de año”, explicó Passerini ante la consulta de este medio.
“La intención que tenemos es poder emitir despacho de la comisión en las próximas dos o tres semanas para poder convertirlo en ley antes de fin de año” (Daniel Passerini).
“Estoy convencido que hace falta una ley provincial, lo más integral posible, porque la norma nacional es sólo para los usuarios de Edenor y Edesur y porque Córdoba no tiene delegadas las funciones de salud en la Nación. Tanto la ley nacional como la reglamentación no son suficientes, debemos adecuarlas a las particularidades de Córdoba. Aquí, la prestación del servicio de energía la hacen una empresa provincial, que es EPEC, y las cooperativas. A su vez, la prestación de salud es provincial. Así que vamos a desarrollar toda una ronda de consultas y tratar de ponernos de acuerdo en el despacho”, analizó el legislador.
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Los ejes de la ley nacional son la gratuidad del servicio; la creación del registro de electrodependientes; la apertura de una línea telefónica y exclusiva de atención las 24 horas para denunciar cortes de energía o bajas de tensión y recibir información concreta sobre la restitución del servicio; y la provisión y mantenimiento de un generador de energía eléctrica para garantizar la provisión permanente del servicio. El dispositivo planteado es fundamental porque de ello depende la vida de las personas electrodependientes.
La ley 23751 fue sancionada por el Congreso Nacional el 26 de abril y promulgada por el gobierno nacional el 17 de mayo, a través del Decreto 339/2017. La ley ya está reglamentada y también el modo de acceder al servicio en las empresas de energía, para lo cual el ENRE emitió una resolución, que alcanza a la cobertura de las empresas EDENOR Y EDESUR, esto es Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. El derecho también está garantizado para los electrodependientes en las provincias que adhirieron a la ley: Catamarca, Mendoza, San Luis, Tucumán, Río Negro y Misiones.
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