La Legislatura Unicameral de Córdoba aprobó una polémica reforma al Código de Convivencia (Ley 10.326), con el objetivo de dotar de herramientas contravencionales a la Policía para actuar frente a los llamados “robos piraña” que se observan en Córdoba Capital o “las hordas” -jóvenes que se desplazan en motos- en Río Cuarto. La sesión se extendió durante poco más de tres horas y tuvo fuertes cruces entre oficialistas y opositores.
La modificación se produce luego de los robos y ataques a comercios que se produjeron en las dos principales ciudades de la Provincia entre el domingo y el martes último.
El nuevo sistema contravencional fue apoyado por la bancada de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Juntos por el Cambio, Identidad Peronista, el bloque unipersonal de Orlando Arduh, y tres legisladores de la UCR (Juan Jure, Osvaldo Rins y Marcelo Cossar). Mientras que por el rechazo se expresó el resto de la bancada de Juntos UCR, la izquierda, el bloque Independiente, y Encuentro Vecinal.
Las modificaciones se realizaron sobre el artículo 70° Bis que contempla sanciones para grupos de tres o más personas que busquen violentar la vía pública como la propiedad privada. Se titula “Acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada” y contempla sanciones de hasta 20 días de trabajo comunitario, multas de hasta 30 Unidades de Multa o arresto de hasta 15 días para quienes tengan “una actitud amenazante o intimidante”, y “que formaren parte de aglomeraciones de más de tres personas con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios”.
A su vez, exceptúa a quienes “acaten la orden de disolver la aglomeración impartida por la fuerza de seguridad actuante”.
También habrá sanciones en caso de que se incite o convoque por cualquier medio, incluidas las redes sociales, a “las aglomeraciones”.
Mientras que las multas se duplicarán para quienes hagan participar a menores, y para aquellos que “usen vehículos o motovehículos” a la hora de cometer la falta.
Otro cambio se realizó en el artículo 122, que aprueba el retiro de elementos de telefonía celular, tablets, inhibidores de alarmas, motos y todo vehículo que haya sido usado por los infractores.
La legisladora peronista Nadia Fernández argumentó que “no podemos permitir que los sueños de comerciantes se vean truncados, toda una vida de trabajo se vea suspendida por el temor a perderlo todo. Esto requiere soluciones concretas, que nos pongamos a trabajar a través de soluciones, aspiramos a que podemos ejercer nuestros derechos sin poner en riesgo la seguridad colectiva, en que nuestra provincia se respire tranquilidad”.
Agregó que “la reforma es necesaria para brindar a las autoridades el marco legal para prevenir situaciones que puedan derivar en perturbaciones como “saqueos”. Esta acción es crucial para mantener la paz en tiempos de tensión y garantizar la seguridad de todos y todas”.
Por su parte, la legisladora del MST, Luciana Echevarría, cuestionó que “la reforma es inconstitucional y además un mamarracho. Va contra el principio de legalidad, porque incorpora figuras tan vagas como la “actitud intimidante o amenazante”, cuya amplitud habilita un margen de discrecionalidad enorme y eso en manos de la policía asesina de Schiaretti, que ya sabemos lo que significa”.
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
