El juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, ordenó este martes la veeduría judicial del Fondo Compensador del Sindicato de Luz y Fuerza Córdoba (un fondo que gestiona el gremio para pagar la diferencia entre lo que abona el Estado a jubilados y pensionados y el 82% y 75% móvil que deben percibir, respectivamente). También dispuso una veeduría de la administración de la administración de la entidad sindical.
La decisión judicial se produce luego que la semana pasada el fiscal federal N°2, Carlos Casas Nóblega, elevara un pedido en ese sentido.
Fueron designados para cumplir esa función, dos contadores dependientes de Gendarmería Nacional, Ximena Ladrón de Guevara y Fernando Agustín Rizzi.
Ladrón de Guevara y Rizzi también fueron nombrados como veedores de la administración de Luz y Fuerza. “Los encargados deberán presentar toda documentación contable respaldatoria de cualquier pago realizado por el sindicato a fin de demostrar la trazabilidad de la operación económica correspondiente, ordenándoles a los contadores designados la presentación cada 30 días de un informe al tribunal respecto a las tareas encomendadas, reportando inmediatamente cualquier tipo de irregularidad detectada”´, indica la disposición del magistrado.
El juez federal ordenó, además, al Banco Provincia de Córdoba y al Banco de la Nación Argentina que, “de manera inmediata”, anulen todas las chequeras de titularidad del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba.
La decisión judicial se produce luego del procesamiento de la cúpula de Luz y Fuerza de Córdoba por presunta asociación ilícita, lavado de activos de origen delictivo y defraudación.
Bustos Fierro procesó la semana pasada al secretario General, Gabriel Suárez, el adjunto, Jorge Molina Herrera, y el secretario de Actas, Fernando Navarro, por esos tres delitos. Ninguno puede salir del país.
Mientras que con una responsabilidad inferior en la supuesta organización delictiva, fueron procesadas otras 17 personas: Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván, Oscar Fabio Guzmán, Daniel Edgardo Lozano, Roque Daniel Tapia, Yanina Victoria Molina (hija de Molina Herrera), Justiniano Oscar Arce, Fernando Delfor Delgado, Gisela Dalinda Tahan, Liza Rocío Loyola, Rita Ivana Carranza, Juan Bernardo Benito Farías, Valentín Figueroa y Cecilia Ivone Pérez.
Según la investigación del ahora jubilado fiscal N°2, Gustavo Vidal Lascano, la defraudación se habría concretado a través de tres vías:
-Mediante el libramiento de cheques a favor del gremio por parte de los integrantes de la conducción con autorización para firmar. Los cheques se cobraban directamente por ventanilla o se endosaban a favor de los empleados sindicales Alexis Daniel Fidelbo, José Ramón Galván y Oscar Fabio Guzmán. El destino de esos fondos no consta en el expediente judicial.
Jorge Molina Herrera, secretario Adjunto de Luz y Fuerza Córdoba. (Foto: Gentileza).
-El libramiento de cheques a favor de personas jurídicas con vínculos con el sindicato. En la presunta mecánica delictiva, un supuesto apoderado o autorizado de esa persona jurídica endosaba el cheque a favor de un tercero sin aparente vinculación con esa persona y/o a favor de los autorizados de la cuenta. Al igual que en la primera opción, se desconoce el destino de los fondos.
-También se libraban cheques a personas relacionadas directa o indirectamente con los imputados, que tenían como beneficiarios, mayormente, a Fidelbo, Galván y Guzmán o personas que registraban inconsistencias ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) o que no registraban ninguna actividad comercial o que resultaban beneficiarios de planes sociales o jubilaciones.
Las operaciones, fueron calificadas por la investigación judicial de “dudosa licitud” sobre el destino del dinero, generando una situación “permeable a posibles desvíos de fondos” hacia los patrimonio personales de la cúpula sindical (Suárez, Molina Herrera y Navarro) como organizadores de una asociación ilícita con la participación de Fidelbo, Galván y Guzmán como autorizados al retiro en efectivo de sumas importantes de las cuentas del Nación y Bancor.
Cabe recordar que la causa se inició luego de la denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe de inteligencia emitido por la Unidad de Investigación Financiera (UIF). Allí aparecían desde 2012, “movimientos financieros sospechosos” por parte de integrantes del sindicato Luz y Fuerza.
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