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La izquierda denuncia en la Justicia dos proyectos que limitan el derecho de protesta

Soledad Díaz y Emanuel Berardo. (Foto: Prensa / Archivo).

Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero, acompañado de los abogados Soledad Díaz y Jorge Navarro presentarán este miércoles una denuncia judicial por “ataque al derecho de protesta social, accionar discriminatorio y violación de derechos humanos en la Legislatura”.

El planteo se realiza en respuesta a los proyectos presentados por el legislador Juan Manuel Cid de Hacemos por Córdoba, y por los legisladores Dante Rossi y Garade de Panetta, ambos de la UCR.

Berardo afirmó que “es notable que el oficialismo y la oposición coincidan en impulsar proyectos de ley del mismo tenor político, cuya esencia es la de desconocer derechos y garantías consagrados a nivel constitucional e internacional, e impulsar el autoritarismo y la represión estatal”.

Agregó que “ambos buscan configurar las bases para avanzar en un régimen dictatorial justo cuando la provincia se encuentra sumergida en una gravísima crisis social, con un 40% de la población bajo la pobreza, el 9,9% en la indigencia, y más de la mitad de las y los trabajadores desocupados, o en mejor de los casos, en trabajos en negro y precario”.

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Para el dirigente, “las manifestaciones multitudinarias son la consecuencia de un sistema económico, social y político dominado por la explotación, la opresión y la discriminación; la Legislatura no ha debatido ni resuelto ninguna solución”.

Por su parte, la legisladora Soledad Díaz (Partido Obrero) apuntó que “se trata de una postura fascistizante, discriminatoria y persecutoria. En efecto, uno de los proyectos, el de la oposición, busca prohibir todas las protestas, menos algunas excepciones, haciendo gala de una discriminación y estigmatización social fenomenal. El otro, el del oficialismo, directamente pretende establecer las bases para una rápida represión por parte de las fuerzas represivas”.

Epec

Díaz planteó que “la avanzada contra un derecho reconocido por la Constitución Nacional, y numerosos Pactos y Tratados Internacionales, trae aparejado el desconocimiento y/o cercenamiento de otras muchas libertades y derechos asociados al mismo. Es un bochorno que legisladores de un parlamento provincial, pretendan constituirse en reformadores de la Constitución Nacional”.

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