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La izquierda denuncia en la Justicia dos proyectos que limitan el derecho de protesta

Soledad Díaz y Emanuel Berardo. (Foto: Prensa / Archivo).

Emanuel Berardo, dirigente del Polo Obrero, acompañado de los abogados Soledad Díaz y Jorge Navarro presentarán este miércoles una denuncia judicial por “ataque al derecho de protesta social, accionar discriminatorio y violación de derechos humanos en la Legislatura”.

El planteo se realiza en respuesta a los proyectos presentados por el legislador Juan Manuel Cid de Hacemos por Córdoba, y por los legisladores Dante Rossi y Garade de Panetta, ambos de la UCR.

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Berardo afirmó que “es notable que el oficialismo y la oposición coincidan en impulsar proyectos de ley del mismo tenor político, cuya esencia es la de desconocer derechos y garantías consagrados a nivel constitucional e internacional, e impulsar el autoritarismo y la represión estatal”.

Agregó que “ambos buscan configurar las bases para avanzar en un régimen dictatorial justo cuando la provincia se encuentra sumergida en una gravísima crisis social, con un 40% de la población bajo la pobreza, el 9,9% en la indigencia, y más de la mitad de las y los trabajadores desocupados, o en mejor de los casos, en trabajos en negro y precario”.

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Para el dirigente, “las manifestaciones multitudinarias son la consecuencia de un sistema económico, social y político dominado por la explotación, la opresión y la discriminación; la Legislatura no ha debatido ni resuelto ninguna solución”.

Por su parte, la legisladora Soledad Díaz (Partido Obrero) apuntó que “se trata de una postura fascistizante, discriminatoria y persecutoria. En efecto, uno de los proyectos, el de la oposición, busca prohibir todas las protestas, menos algunas excepciones, haciendo gala de una discriminación y estigmatización social fenomenal. El otro, el del oficialismo, directamente pretende establecer las bases para una rápida represión por parte de las fuerzas represivas”.

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Díaz planteó que “la avanzada contra un derecho reconocido por la Constitución Nacional, y numerosos Pactos y Tratados Internacionales, trae aparejado el desconocimiento y/o cercenamiento de otras muchas libertades y derechos asociados al mismo. Es un bochorno que legisladores de un parlamento provincial, pretendan constituirse en reformadores de la Constitución Nacional”.

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