Parece una ocurrencia de Micky Vainilla, el personaje “facho” que supo interpretar Peter Capusotto y que todavía se puede “guglear” y ver en YouTube. Es probable que después del anuncio de cierre nocturno de calles y barrios para mejorar la seguridad que impulsa el intendente Pablo Cornet (Pro), Villa Allende se convierta en noticia nacional.
Quizá, al igual que el test que mide la cantidad de alcohol en sangre, habría que hacer a los que se presentan a elecciones, un test para saber de antemano a qué habrá que atenerse si llegan al gobierno. La iniciativa hecha pública por Cornet peca de “exceso de fascismo en sangre”. Impedir o limitar la libre circulación de personas después de las 22 horas y hasta las 6 de la mañana del día siguiente, es equiparable o, al menos, cercano a declarar el estado de sitio.
Como sabemos, el estado de sitio es una medida típica de las dictaduras o, en democracia, dispuesta por circunstancias excepcionales como la “conmoción interior” o un “ataque exterior”.
En este caso, Cornet, para asegurar que nadie pueda entrar o salir de los barrios, no despliega el Ejército o las fuerzas de seguridad para garantizar la disposición, pero implementa el cerramiento de calles con rejas para que no circulen autos y motos hasta las 6 de la mañana del día siguiente.
Las rejas no permiten la libre circulación. Son una barrera para el movimiento. No hay dudas sobre ello. Pero también pueden impedir ir o volver del trabajo o de la empresa de la que alguien sea propietario, o no permitir que se realice una reunión de venta de cosméticos, o un acto de un partido político, o una fiesta de cumpleaños. Todos son derechos. A su vez, el vecino que quiera ir en auto o en moto a la despensa, la heladería, el cine o la estación de servicio que quede del otro lado de la reja, después de las 22 horas, no podrá hacerlo. ¿Qué van a hacer los deliverys?
El asunto es tan relevante, que se mete como el agua en cualquier rendija de la vida: Habrá novios que no se podrán encontrar; citas imposibles porque es imposible juntarse a cenar o a tomar un café; y encuentros fortuitos que nunca podrán producirse porque hay una reja de por medio. Con ideas como las del intendente Cornet, lo social y lo individual ingresan en zona de penumbras.
Para dimensionar el debate abierto sobre un hecho que bordea peligrosamente el estado de sitio, Cornet es intendente, pero no presidente. Lo más cercano a esa condición, es su relación con el ex presidente Mauricio Macri y la de su tío, Manuel Tagle, titular de la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC), con el presidente ultraderechista, Javier Milei. Ninguna de estas vinculaciones le permitiría adoptar una medida similar o cercana a los alcances del “estado de sitio”. Hechos de inseguridad no son equiparables a una situación excepcional para afectar o condicionar la libre circulación y otros derechos.
El estado de sitio es una medida tan grave, que el presidente de la Nación no puede dictarla por su propia decisión, salvo frente al receso del Congreso. Es decir, es una facultad del Senado, que debe dar su aprobación. Incluso, la Constitución Nacional faculta a la Cámara Alta a derogar el estado de sitio dispuesto durante el receso de sus sesiones ordinarias.
La Constitución nacional plantea sobre este tema, en el artículo 23: “(…) En caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y de las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando suspensas allí las garantías constitucionales. Pero durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas, a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la Nación, si ellas no prefiriesen salir fuera del territorio argentino”. Para pasarlo en limpio, el estado de sitio afecta, entre otros derechos, el de reunión, el de trabajar y ejercer industrias lícitas y el de libre circulación.
Otro dato sustantivo se encuentra en el artículo 61 de la Carta Magna: “(…) Corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare en estado de sitio, uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior”. Incluso, en las atribuciones del Congreso, en el artículo 75, inciso 29, se faculta al legislativo a: “(…) Declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación en caso de conmoción interior, y aprobar o suspender el estado de sitio declarado, durante su receso, por el Poder Ejecutivo”.
Mientras que en el artículo 99, inciso 16, al describir las facultades del presidente, apunta: “(…) Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23”.
Llama la atención que un tema como la seguridad, nuble la lucidez de las autoridades del Estado que, para asumir un cargo público, antes que cualquier otra cosa, deberían conocer la ley, actuar dentro de ella y hacerla cumplir. Justamente, fascismo o neofascismo o ultraderecha, son términos que aglutinan en política a los que desconocen en su práctica las instituciones de la República, en parte o en todo. Es decir, no sólo sus órganos de gobierno, sino también sus leyes y los derechos de todas las personas.
El debate es bien amplio, excede el derecho, y también se inserta en la idea de la ciudad como el espacio donde se desenvuelve lo público. Lo público, por definición, es la democracia y la vida pública, es decir todo aquello que tiene dimensión colectiva: lo político, lo social, y lo cultural. Es la antítesis del individualismo y el autoritarismo que impregnan esta iniciativa.
MÁS INFORMACIÓN
[LA HORA DEL FERNÉ es una columna dedicada a resaltar acontecimientos políticos y sociales ocurridos en Córdoba y el país, escrita a la hora del ferné vespertino].
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