El Ministerio Público de Brasil pidió este martes al Tribunal de Cuentas (TCU) que bloquee los activos del expresidente Jair Bolsonaro, así como del suspendido gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, y el exsecretario de Seguridad del Distrito Federal (DF) Anderson Torres, por los daños producidos en el asalto a los edificios de los tres poderes el domingo. El planteo se produce en el marco de la persecución de los responsables del intento de golpe de Estado ocurrido en Brasil.
La solicitud del fiscal Lucas Rocha Furtado impulsa el proceso abierto por el TCU a petición del propio Ministerio Público para que el Tribunal ayude a identificar a los responsables de financiar, idear y ejecutar actos terroristas, así como a los funcionarios públicos que incumplieron sus deberes, recogió el portal de noticias G1, del grupo O Globo.
El objetivo del Ministerio Público con la solicitud es garantizar los recursos para cualquier indemnización pública para el caso de que los funcionarios sean condenados a pagar una indemnización.
Rocha Furtado, fiscal general adjunto del Ministerio Público, fue el encargado de enviar el pedido al TCU.
Además del bloqueo de los bienes de Bolsonaro, Rocha y Torres, el fiscal solicitó la misma inmovilización para “otros responsables, especialmente los que financiaron los citados actos ilícitos”. El caso se abrió el lunes y aún no se ha tomado ninguna decisión.
El TCU es un tribunal previsto en la Constitución de Brasil para ejercer el control contable, financiero, presupuestario, operativo y patrimonial de la nación y de los entes de administración. Además, asiste al Congreso Nacional en la planificación fiscal y presupuestaria anual.
“Debido a un proceso de auditoría y al vandalismo ocurrido en el Distrito Federal el 8 de enero de 2023, que causó numerosos daños al erario federal, solicito que se decrete la indisponibilidad de bienes”, señala la solicitud, según recogió la cadena de noticias CNN Brasil.
Si el tribunal detecta la participación directa o indirecta de agentes públicos en actos nocivos, se los puede condenar al pago de una multa e incluso a la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de hasta 8 años.
ACUSAN A TORRES
El interventor federal de Brasilia, Ricardo Cappelli, denunció que el ataque golpista perpetrado el pasado domingo por bolsonaristas en la capital fue resultado de “un acto de sabotaje” del exsecretario de Seguridad Pública de la ciudad Anderson Torres.
En una entrevista con la cadena CNN Brasil, Cappelli afirmó que Torres, quien era el ministro de Justicia del expresidente Jair Bolsonaro, asumió la secretaría el pasado 2 de enero y cambió todo el mando para luego irse de vacaciones fuera de Brasil.
“El día 1 tuvimos una inauguración con miles de personas y un operativo de seguridad sumamente exitoso. Lo que cambió el pasado domingo 8 fue que el 2 (de enero) Anderson Torres asumió la Secretaría de Seguridad, destituyó a todo el comando y viajó. Si esto no es sabotaje, no sé qué es”, sentenció.
El funcionario, designado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para asumir la seguridad pública en el Distrito Federal (DF) ante la omisión de las autoridades locales, argumentó que “el problema no era de los oficiales de la Policía Militar y de la corporación”.
“En las últimas 36 horas han estado a mi lado decenas de oficiales, delegados de la Policía Civil del DF, quienes han cumplido con sus obligaciones. Lo que faltó el domingo fue la dirección de la Secretaría de Seguridad”, dijo.
El pasado domingo, mientras simpatizantes bolsonaristas asaltaban las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en reclamo de un golpe militar, el entonces secretario de Seguridad capitalino estaba en Orlando, Estados Unidos, al igual que Bolsonaro, según la prensa local.
Ese mismo día, el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, decidió explusar a Torres del cargo, al atribuirle responsabilidad por lo ocurrido. El lunes, la Corte Suprema suspendió a Rocha por 90 días hasta que se aclaren los sucesos del domingo.
Cappelli explicó que, desde que asumió el cargo, el primer desafío fue tomar el mando de las fuerzas de seguridad de la capital, para luego iniciar la desmovilización del campamento bolsonarista en Brasilia, así como la identificación y detención de quienes participaron en los ataques del domingo.
“Hay bastante material para identificar no solo la conducta de los manifestantes, sino también la conducta de quienes, como agentes de la ley, no cumplieron con su papel”, dijo el interventor federal, quien aseguró que “no habrá impunidad” para los golpistas.
De momento, las autoridades brasileñas arrestaron a 1.500 personas, que en su mayoría estaban en la acampada que pedía un golpe militar, mientras que unos 300 participaron directamente en la invasión del Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio del Planalto.
El funcionario reiteró que se cumplirá la ley “para que quede claro que nadie atentará contra el Estado Democrático de Derecho en Brasil” y que no se piense que atacar contra las instituciones no tiene consecuencias, consignó la agencia de noticias Sputnik.
Los ataques del domingo se produjeron en buena parte gracias a que la Policía Militar -que depende del gobierno del Distrito Federal- no actuó contra los manifestantes y, en algunos casos, facilitó incluso los actos vandálicos.
Sin embargo, Torres se desligó ayer de la intentona golpista en Twitter, donde publicó un comunicado en el que se decía “sorprendido por las lamentables escenas” en Brasilia durante su “segundo día de vacaciones”.
“Lamento profundamente que se planteen hipótesis absurdas de cualquier tipo de connivencia de mi parte con las barbaridades que estamos presenciando. Estoy seguro de que este execrable episodio será completamente esclarecido, y los responsables serán castigados ejemplarmente”, apuntó.
> Con información de TÉLAM.
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