Hoy, jueves 27, a las 11:00, el grupo de “Vecinos autoconvocados” presentará ante la Subsecretaría de Regularizacion Dominial y Recupero de Viviendas Sociales, en Humberto Primo 467, de la capital provincial, un reclamo administrativo por el cual se impugna las ilegales Resoluciones 17/19 y 15/20.
Los adjudicatarios cuentan con el patrocinio de los abogados Horacio Viqueira, Juárez Centeno y Calarco.
La impugnación se efectúa ante la pretensión oficial de modificar “precios e importe de cuotas de manera unilateral, usuraria e ilegal”, detalla el grupo en un comunicado de prensa.
También reclamarán una refinanciación de “conformidad a los términos de los contratos oportunamente firmado entre las partes”.
La situación se originó a partir del mes de marzo de este año, cuando la dependencia provincial reveló que más de 13 mil titulares de planes registraban una mora de cinco o más cuotas y que sus cuentas serían bloqueadas. En ese marco, el gobierno dio a conocer en su Web, lo que denomina “un plan de pagos amigable, pensado como último recurso para regularizar deudas antes de iniciarse el proceso de desadjudicación y que además tiene un beneficio extra: los que se adhieran, tendrán la posibilidad de escriturar en forma gratuita sin necesidad de esperar a concluir con el pago total del inmueble”.
Explica la información oficial, que “la normativa apunta al 25% del total del universo de adjudicatarios (unos 13.300 sobre un total de 53.308) bajo la órbita de los diferentes planes a cargo de la Dirección General de Vivienda. La intención es avanzar en un régimen que permita regularizar todos los planes vigentes con amplias facilidades, aunque con una premisa: el que no cumpla será desadjudicado”.
Explicaba que “la condición “desadjudicado” opera cuando ya se ha dictado la resolución que dispone la pérdida de su plan de pagos y los aportes efectuados. Esto significa que el legajo pasa a Gestión Judicial para proseguir con las acciones de recupero, desalojo e inmediata reasignación de la vivienda”.
Respecto del plan, contra el que protestan los vecinos, se implementó con una tasa de interés de 0%, pero cuotas que tendrían un valor mínimo de 5.680 pesos, monto igual a un tercio del S.M.V.M. El valor representa entre 10 y 20 veces el monto que los adjudicatarios, en general pertenecientes a sectores empobrecidos o en situación de vulnerabilidad, pagaban antes de esta resolución.
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