“La elevación a juicio (de la causa contra el ex presidente Carlos Saúl Menem) habla de “autoría mediata” y de “una estructura organizada de poder” (para volar la Fábrica Militar de Río Tercero –FMRT-). ¿Esa estructura estaba conducida desde Fabricaciones Militares, por (Carlos) Franke, por (Edberto) González de la Vega, o la conducción provino del nivel superior de la autoridad política? Los indicios son muy fuertes de que hubo una participación como autor mediato de la máxima autoridad del poder político”. La frase pertenece a uno de los abogados de Eugenia y Julia, las hijas de la fallecida Ana Gritti, Horacio Viqueira (el otro es el riotercerense Aukha Barbero). La máxima autoridad del poder político, a la que se refiere Viqueira, fue Menem.
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Las respuestas que aún faltan a 25 años de la voladura de la FMRT
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En esta entrevista, al cumplirse 25 años de la voladura de la FMRT, desmenuza responsabilidades y recorridos judiciales de una causa judicial que, durante una década, buscó encubrir lo sucedido con la teoría del accidente. La operación dejó 7 víctimas fatales, más de 300 heridos y cuantiosos daños materiales. Fueron condenados cuatro militares por estrago doloso seguido de muerte.
Cabe recordar que la voladura se ejecutó el 3 de noviembre de 1995 con el objetivo de “tapar” el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, entre 1991 y 1995. En ese lapso, la FMRT fue la encargada de maquillar las armas que salían de arsenales del Ejército y eran despachadas a los dos países.
A continuación, los principales tramos de la extensa conversación con Viqueira, que estuvo desde el inicio de la causa judicial en 1995.
¿Qué expectativas tiene para el juicio contra ex presidente Carlos Saúl Menem en febrero de 2021 (acusado de “autor mediato del delito de estrago doloso agravado por muerte de personas”)?
Está confirmada la elevación a juicio para el 24 de febrero de 2021. Se supone que este juicio va a ser más breve que el anterior –cuando fueron condenados Carlos Franke, Edberto González de la Vega, Jorge Cornejo Torino y Diego Gatto-, porque parte del esquema probatorio ya está. La Justicia determinó que el hecho fue intencional, programado, organizado y ejecutado por una estructura de poder desde el propio Estado.
¿Cuál fue el papel del ex presidente en la operación que culminó con la voladura?
La pregunta es: ¿Los condenados se movieron con autonomía o cumplieron órdenes? Por los elementos de prueba e indicios existentes, hubo una decisión superior. Fabricaciones Militares (FM) cumplía una función o tenía una importancia muy significativa. Cuando se produce la denuncia por el tráfico de armas a Ecuador se pidió la renuncia del director de FM y se puso al frente al general Juan Carlos Andreoli (fallecido en un extraño accidente de helicóptero el 8 de octubre de 1996) que estaba a cargo de los Arsenales del Ejército. Esa dependencia era la responsable de todos los materiales –cañones, proyectiles, fusiles- que salieron desde dependencias del Ejército a la FM de Río Tercero y desde allí, una vez maquillados, al exterior, a Croacia y a Ecuador. Tampoco se autonómina el jefe de FM, sino que lo pone el poder político. Ese era un momento clave, se había empezado a investigar lo que había pasado en Río Tercero y el tráfico de armas a Croacia y había reclamos de jefes de unidades militares por el destino de armas, cuyo punto de partida eran sus regimientos. Y por último, todo esto se vincula con la sentencia, que concluyó que la voladura se hizo para encubrir el tráfico de armas.
Horacio Viqueira, uno de los abogados de Eugenia y Julia Gritti.
¿Qué otros indicios responsabilizan a Menem?
Las declaraciones del poder político, de Menem para abajo, fueron que había sido un accidente. Esto sucedió desde el primer día, sin que mediaran elementos o pruebas en ese sentido. La Justicia trabajo siempre sobre el eje del accidente, hasta que la pericia química de Serrezuela, en la provincia de Córdoba, en el año 2003, concluyó que se trataba de un hecho intencional. La hipótesis que instaló el Ejecutivo fue que se trató de un accidente. En el juicio se interrogó e investigó si alguien había comunicado a presidencia de la Nación, el Ministerio de Defensa o FM sobre cómo se había iniciado el fuego, si habían informado que se trataba de un accidente, y todos lo negaron. Entonces, ¿por qué vino el presidente y dijo que era un accidente? En el mismo juicio se aportó una noticia publicada en el diario La Nueva Provincia (Bahía Blanca), que explicaba el hecho, que contaba que un montacarga estaba operando en la planta de carga, que había enganchado la espoleta de un proyectil y producido una explosión. Que había 3 operarios muertos. ¿Quién dijo a conocer eso? ¿De dónde surgió? Es evidente que hubo una operación.
¿Está convencido que la orden fue dada en la cabeza del poder político?
La elevación a juicio habla de “autoría mediata” y de “una estructura organizada de poder”. ¿Esa estructura estaba conducida desde FM, por Franke, por González de la Vega, o la conducción provino del nivel superior de la autoridad política? La verdad es que los indicios son muy fuertes de que hubo una participación como autor mediato de la máxima autoridad del poder político.
¿Por qué han pasado 25 años sin que se haya llegado hasta el final de la investigación judicial? ¿Qué sensación tiene sobre esto?
Un sabor amargo. Está claro que en el primer tiempo operó una maniobra de encubrimiento del delito, que facilitó la perdida de elementos probatorios. Durante el juicio a los jefes de la fábrica y de FM, quedó claro que después de la voladura hubo presencia de personas que no debieron estar en el lugar, gente de la estructura de FM que siguió estando en la escena del delito. Tuvieron “la posibilidad de operar sobre ese lugar”, de eliminar rastros y de no hacer los peritajes que hubieran correspondido. Esos peritajes pudieron haberse hecho, pero al investigarse como accidente, no se pudo establecer desde el punto de vista científico qué sucedió para provocar la explosión. Diez años después, eso no se pudo hacer. Todo ese encubrimiento dificultó llegar a una rápida conclusión.
¿Cuál fue el papel de Estados Unidos?
Argentina jugó un papel lamentable en las relaciones internacionales en ese tiempo, totalmente dependiente de las políticas de EE.UU. En este caso, lo hizo aportando armamento a naciones en conflicto, como Croacia. La única explicación posible de porqué, entre 1991 y 1995, por vía de distintos embarques desde el puerto de Buenos Aires, salieron armas, es debido al pedido y protección de Estados Unidos. Salían contenedores con armas desde el puerto de Buenos Aires rumbo a los Balcanes, esto no hubiera sido posible sin esa protección. Incluso, el gobierno de ese entonces, a través del ministro del Interior, Carlos Corach, terminó ofreciendo y trayendo un perito desde EE.UU, que terminó diciendo cualquier barbaridad y se fue (Se trata de Denny Klinne. Afirmó que la explosión había sido accidental, fruto de una chispa del caño de escape del montacargas que produjo la ignición de un pan de trotyl). La injerencia del Poder Ejecutivo para desviar las investigaciones, es clara. La injerencia y la protección de EE.UU a esta operación de contrabando ilegal, es clara.
Han pasado 25 años… ¿Por qué la Justicia actuó con semejante nivel de complicidad en esta causa?
El proceso fue más o menos el siguiente: el juez (Luis) Martínez de Río Cuarto se mantuvo en que esto era un accidente, a pesar de que durante su instrucción fueron apareciendo demostraciones de que había interés en desviar la causa. Por ejemplo cuando se iba a hacer una prueba pericial respecto del comportamiento del TNT, mandaron -desde la planta de Fabricaciones Militares de Azul- TNT con aluminio para que incendiara más rápido, algo que en Río Tercero no había, porque el aluminio se usa en los proyectiles de Fuerza Aérea. Así, muchas circunstancias y hechos. Todo duró varios años hasta que se ordena la realización de una pericia química que termina demostrando que el incendio había sido provocado, las explosiones de planta carga y los depósitos habían sido independientes entre sí, y que la onda expansiva había estado direccionada a los barrios de la ciudad y no a la planta química de Fabricaciones Militares. Luego, Néstor Kirchner abrió los archivos de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y otros organismos del Estado sobre el tema de la voladura, pero sólo se logró saber que la SIDE había estado en la Fábrica Militar, pero supuestamente luego de los hechos. Tengo mis dudas sobre la participación de la SIDE. También había una relación muy cercana entre las autoridades de la fábrica y el fiscal Roberto Massuet. Se hablaban hasta de noche, desde la fábrica al domicilio del fiscal. Lo cierto, es que para Massuet prácticamente no hubo delito, un lamentable episodio donde no había responsabilidad penal. En la primera etapa del gobierno de Kirchner se reencausa la investigación, hasta que se llegó al juicio, con su sentencia y las apelaciones que demoraron todo. Lamentablemente, son los tiempos judiciales y las manipulaciones.
Una de las porterías de ingreso a la Fábrica Militar de Río Tercero.
El ejército fue clave para el tráfico, ya que las armas salieron de los distintos regimientos, sin embargo, la responsabilidad se termina en Fabricaciones Militares. ¿Qué sucedió que ningún general llegó a juicio?
La participación del Ejército es innegable. Fue el que aportó las armas. La participación de Andreoli fue muy clara. Hubo una decisión de sacar elementos de unidades del Ejército con el falso argumento de que iban a ir a Río Tercero para ser reparadas. Incluso, al final, fueron en contenedores casi directo al puerto de Buenos Aires. El mayor Gatto estuvo al frente de uno de los convoyes. Esto, evidentemente, no lo hacen los jefes de cada unidad militar. Sin embargo, para la Justicia, la principal responsabilidad, está en el Poder Ejecutivo.
El ex jefe del Ejército Martín Balza fue sobreseído de la causa. ¿Usted coincide?
El deslindó responsabilidad. Según sus palabras, toda esta operación se había conducido desde el área de Arsenales de Andreoli, no desde el Estado Mayor. Decía que todos los materiales bélicos dependían de Arsenales. En uno de los cargamentos, fueron 100 camiones los que salieron de unidades militares. Una vez, incluso, los pararon en la ruta, al convoy lo lideraba Gatto, llamó por teléfono y los dejaron pasar. La estructura del Estado estaba por detrás de la venta ilegal, desde el propio Estado se organizó lo que finalmente sucedió.
¿Qué lo impacta más después de 25 años con la causa abierta?
Lamento que este hecho no tenga la repercusión e importancia que tiene. Aquí estuvo involucrado el Estado para que pudiera suceder. Esto es de una gravedad única.
LOS CONDENADOS
En 2014, los militares Edberto González de la Vega, Carlos Franke y Jorge Antonio Cornejo Torino fueron condenados a 13 años de prisión, en tanto que el mayor Marcelo Diego Gatto recibió la pena de 10 años de prisión. En todos los casos por el delito de “estrago doloso agravado por la muerte de personas”.
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