El Gobierno Nacional denunció ayer al expresidente Mauricio Macri y, entre otros, a los ex ministros de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Jorge Fauire, por el envío a Bolivia de “material represivo” para apoyar el golpe de Estado a Evo Morales en noviembre de 2019.
La denuncia judicial lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
Denuncian allí “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019 por el Gobierno Nacional encabezado por el expresidente Mauricio Macri, con la participación de altas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional”.
Los funcionarios del gobierno nacional afirmaron en la denuncia que el objetivo de aquel envío fue “poner ese material represivo a disposición de la dictadura que recién había tomado el poder en el vecino país, encabezada por Jeanine Áñez, tras el golpe de Estado realizado por las Fuerzas Armadas Bolivianas contra el gobierno constitucional de Evo Morales”.
Plantea el escrito que “el hecho delictivo consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”.
El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, de acuerdo la denuncia de las autoridades bolivianas.
Según la denuncia, habría contado con la participación de Macri y “Patricia Bullrich (ex ministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (ex ministro de Defensa), Jorge Faurie (ex ministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez García (ex embajador argentino en Bolivia), Jorge Dávila (ex director General de Aduanas), Eugenio Cozzi (ex director Ejecutivo de la ANMaC)”.
Además, señala a “Gerardo José Otero (ex director Nacional de la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (ex comandante Mayor Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel Recalde (ex director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional Argentina)”.
En base a la información recolectada hasta el momento, “se observa la posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la Nación”, se indicó en el escrito que ingresó en la Justicia Federal.
Se trata de hechos que salieron a la luz el pasado 9 de julio, cuando el Canciller boliviano, Rogelio Mayta, en una conferencia de prensa denunció la existencia de una carta del entonces comandante General de la Fuerza Aérea Boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, dirigida al entonces embajador argentino en ese país, Normando Álvarez García, fechada el 13 de noviembre de 2019, en la que se daba cuenta de la recepción de municiones, gases lacrimógenos y granadas de gas y se agradecía el envío.
La presentación del gobierno indica que “se pretendió encubrir (el envío) bajo la necesidad de proteger la Embajada argentina”, pero en realidad, el material, se desvió “hacia las Fuerzas Armadas Bolivianas”.
Explica que “la gravedad institucional del hecho se consolida al advertir que el material enviado tuvo como destino final a las fuerzas armadas que días antes habían derrocado el gobierno constitucional del entonces presidente Evo Morales, y que días después del envío cometerían múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas, las recordadas ´masacres´ (según las calificó la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de Sacaba y Senkata”.
Y concluye diciendo que “no se trata de cualquier tipo de contrabando, sino de uno que tuvo como fin reforzar la capacidad de acción de fuerzas armadas que se habían levantado sediciosamente en armas contra un gobierno constitucional y contra el pueblo boliviano. Fin que las autoridades nacionales no podían desconocer: enviaron municiones y material represivo a sabiendas de que sería usado contra al pueblo de Bolivia por parte de las fuerzas sediciosas”, enfatizaron.
>> COBERTURA
VER Bolivia denunció que el gobierno de Macri apoyó el golpe de Estado contra Evo Morales.
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