La Secretaría de Comercio Interior imputó ayer a 11 grandes firmas proveedoras de artículos de consumo masivo de retener volúmenes de producción o falta de entrega, tras encontrar desabastecimientos puntuales en supermercados y comercios. La jugada oficial apunta a evitar el uso de mecanismos especulativos por parte de las empresas, como el desbastecimiento, para producir subas en los precios de productos de consumo.
Se trata de las firmas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian, que fueron imputadas “al advertir retenciones en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización”. Todas forman parte del club de las grandes empresas de consumo masivo.
El contexto en el que se dispara esta resolución es el de una aceleración de la inflación. El rubro “Alimentos y bebidas no alcohólicas” -al que abastecen las compañías imputadas- tuvo un salto de 42,1% frente al 36,1% del IPC general en 2020. Mientras que en enero 2021, la inflación fue de 4% y los alimentos y bebidas no alcohólicas crecieron 4,8%. Con esta movida, el gobierno busca desinflar esta dinámica.
La medida oficial se tomó “luego de verificar que estas empresas habrían incumplido la intimación a incrementar su producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y arbitrar los medios a su alcance para asegurar su transporte y distribución con el fin de satisfacer la demanda, establecida por la resolución 100/2020”, informó Comercio Interior en un comunicado.
Las imputaciones se produjeron en el marco de la Ley de Abastecimiento. Es decir, que las empresas pueden ejercer su derecho de defensa y según el resultado del trámite pueden recibir multas o el cierre del expediente.
Este proceso administrativo implica la apertura de un expediente de oficio en el cual se registran las actuaciones de la Secretaría, la información que se recolectó y el motivo de la imputación. Una vez notificada la empresa a través del Trámite A Distancia (TAD), debe responder en el plazo de 5 días o modificar la actitud que causó la imputación. Las empresas pueden apelar en la Justicia y a partir de ahí el proceso se ajusta a los plazos judiciales. Naturalmente, de comprobarse las irregularidades, las sanciones posibles van desde los 500 pesos a los 10 millones de pesos. “El objetivo no es sancionar, sino que vuelvan a producir para poder abastecer de mercadería los puntos de venta”, aclaró el Gobierno.
Comercio Interior remarcó que “las imputaciones intiman a las empresas para que en el plazo perentorio de cinco días hábiles acredite ante la subsecretaría de modo fehaciente haber dado cabal cumplimiento a la norma, y se les requiere que restablezcan los niveles de stock registrados a noviembre 2020”.
En declaraciones a la prensa al término de la reunión del gabinete económico, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aclaró que si bien el Gobierno nacional apuesta por el diálogo, esa actitud “no reemplaza la potestad del Estado de aplicar las leyes vigentes”.
El funcionario explicó que la investigación se inició ante denuncias de “desabastecimientos puntuales de algunos productos” en supermercados.
“Cuando se requirió por qué no estaba el producto: se advirtió que no era un problema del supermercado en sí, sino del productor industrial. Se hicieron algunos requerimientos y la secretaría detectó una reducción del volumen de producción” por parte de las empresas proveedoras, explicó Kulfas.
El ministro también señaló que las compañías tienen “posibilidad de descargo” y subrayó que “Argentina con pandemia no ha tenido desabastecimientos” y el Gobierno pretende seguir asegurando la llegada de los productos a la casa de los argentinos.
La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, aseguró por su parte que la medida tiene “el objetivo de cuidar el bolsillo de todas y todos los argentinos y de ser implacables con los especuladores”.
En declaraciones a Radio Nacional, la economista indicó que el Gobierno desarrolla “una serie de imputaciones a empresas por no producir a su máxima capacidad”, tras encontrar “faltantes en góndolas en productos como aceites, aderezos, arroz, lácteos, pan lactal o detergentes, entre otros”.
La acción se ampara en la mencionada Resolución 100/2020 que establece el marco legal para la implementación de los Precios Máximos y “tiene como finalidad proteger a las y los consumidores de posibles abusos en los precios y garantizar el normal abastecimiento de productos en supermercados”.
La semana pasada, entre el lunes y el jueves, inspectores de la Subsecretaria de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores, realizaron 174 inspecciones que dieron como resultado 22 clausuras preventivas por incumplimiento de la resolución de Precios Máximos.
Durante las fiscalizaciones realizadas en empresas de insumos, comercios de proximidad y sucursales de cadenas de supermercados, “se comprobó una importante caída de la producción o en la distribución de diversas gamas de productos”, indicó el área que conduce Español.
Por ejemplo, en la empresa multinacional Unilever, que elabora alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, “se detectó una caída de casi el 100% en su inventario de aderezos”, precisó Comercio Interior.
En la multinacional alimenticia Danone, por su parte, “se corroboró una disminución relevante en la producción y despacho de quesos cremas y postres durante el trimestre relevado”.
En la compañía multinacional Procter & Gamble (P&G), que elabora productos de limpieza y para el cuidado personal, “se identificaron una reducción importante en el stock de varias presentaciones de productos de marcas emblemáticas de pañales y detergentes”.
La panificadora y elaboradora de pastas Fargo “también evidenció una reducción en el stock de diversas presentaciones de ravioles y ñoquis, tapas de empanadas y de pan lactal en todas sus variedades”.
En aceites, la empresa cordobesa Aceitera General Deheza (AGD) “acreditó una baja de inventario en su totalidad de marcas y presentaciones”.
De igual modo, en la empresa Molinos Río de la Plata “se relevó una importante reducción de inventarios de harinas, productos a base de arroz, arroz y aceites”.
En la empresa Bunge, compañía global de agronegocios, “también se corroboró una baja en el despacho de aceites envasados y una variación negativa de stocks de harinas”.
Por último, la láctea Mastellone, la distribuidora de golosinas Potigian, la empresa regional de alimentos agroindustriales Molinos Cañuelas y el frigorífico Paladini “no aportaron la información con el detalle requerido para realizar un análisis completo de imputadas por este motivo”.
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