Una buena y una mala para la venta de los IA63-Pampa III a Guatemala. Por un lado, el presidente Jimmy Morales, aseguró al diario Prensa Libre que su país no desistirá de la adquisición de las aeronaves, sino que “buscaremos otra manera de realizar la compra. Guatemala es el único país en el mundo que intercepta aviones (del narcotráfico) en camiones”, dijo el titular del Ejecutivo al justificar la erogación de 28 millones de dólares que planeaba hacer a la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA). Y por otro, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía contra la Corrupción, solicitó a la Contraloría General de Cuentas que “realice un examen especial de auditoría con relación al proceso de adquisición de los aviones Pampa III por parte del Gobierno”.
El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, explicó a los medios que la medida se produce en el marco de la investigación que se encuentra en desarrollo respecto de la compra de los aviones.
Campos apuntó además que se requirió a la Procuraduría General de la Nación (PGN) y a los Ministerios de Finanzas y Defensa la remisión de todos los informes relacionados con este tema.
La investigación del Ministerio Público se inició de oficio, a partir de la decisión del gobierno de aceptar la recomendación de la Procuración General de la Nación de que desistiera de la operación dado que se había efectuado al margen de la ley de contrataciones del Estado.
Por cierto, la investigación judicial continúa adelante, aunque la compra de las aeronaves militares haya sido suspendida.
QUÉ PASÓ
El convenio de provisión de los aviones, servicios de capacitación y mantenimiento, fue firmado el 3 de julio, por los ministros de Defensa de ambos países (Luis Ralda de Guatemala y Oscar Aguad de Argentina). Frente a la decisión unilateral de Guatemala, Argentina reclama el cumplimiento del contrato. Tanto los aviones, como los servicios habían sido valuados en 28 millones de dólares.
Macri subido al Pampa III.
La operación está caída porque el gobierno de Guatemala no utilizó la Ley de Contrataciones del Estado para comprar los dos aviones IA63-Pampa III producidos en Argentina. Por ese motivo, la Procuraduría General de la Nación (PGN) solicitó al Ejecutivo de ese país que desista de concretar la operación y el gobierno aceptó el planteo.
El Contralor General de Cuentas del Estado de Guatemala, Edwin Salazar, ratificó ayer que la compra del avión IA63-Pampa III por parte del gobierno de ese país “no era procedente”. Lo hizo al desmentir que la renuncia de uno de sus segundos, César Elías, hubiera sido a causa de haber firmado el rechazo a la operación por 28 millones de dólares, concretada con la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA).
Salazar afirmó en conferencia de prensa que “yo le pedí la opinión al Departamento Jurídico, dónde están los especialistas, y ellos trasladaron su opinión indicando que no era procedente, entonces giré la instrucción que recomendábamos que esto no procedía, pero le pedí el favor a César Elías que lo diera a conocer”. El motivo de esa solicitud es que Salazar estaba visitando la delegación de San Marcos, por lo cual le pidió favor a Elías para que fuera el portavoz e indicara que no procedía.
La ley de Contrataciones de Guatemala obliga a que se realice una licitación pública para adquirir bienes para el Estado. Según el organismo de control de los actos jurídicos de esa Nación centroamericana, no hay otro camino. En ese sentido, se sabe concretamente que no hubo licitación pública.
Ocurre que la adquisición de los Pampa III se habría realizado utilizando como base, un viejo acuerdo de Cooperación Científica y Técnica, firmado entre Argentina y Guatemala en 1980, y renovado un mes antes de que el presidente Jimmy Morales viajara a Argentina. La modificación se denomina Complementario de Cooperación. Dicha ampliación fue firmada por los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores de ambos países. Ese acto fue confirmado por el jefe de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Jorge Luis Donado.
El avión Pampa III con su armamento desplegado en la planta de FADEA.
Sin embargo, en Guatemala se discute justamente si el convenio de cooperación complementario entre los dos países permite o no una operación de este tipo y su legalidad. En principio, se considera que el acuerdo debió pasar por el Congreso, como sucedió con el acuerdo base que data de 1980. También hay coincidencia en que el convenio no es adecuado para adquisición de equipamiento militar. Lo concreto, al menos por ahora, es el que la Procuración Generla de la Nación (PGN) concluyó en que el único modo de efectuar la adquisición era por vía de la Ley de Contrataciones del Estado. El caso es además investigado por la Fiscalía contra la Corrupción.
El lunes, el titular de FADEA, Antonio Beltramone, le planteó a Ralda, a través de una carta, “la disposición de Argentina de considerar alternativas posibles para la adecuación del contrato firmado en la medida que existan garantías de para el cumplimiento de los compromisos asumidos”.
De lo contrario, menciona la misiva, podrían proceder por la vía del reclamo legal por incumplimiento de los acuerdos. En ese sentido, dice textualmente que “reservará el derecho para ejercer las acciones para el resarcimiento que correspondan”.
