Después de dos meses de confrontación y cinco días consecutivos de paro, ayer hubo un primer acuerdo. Con la presencia del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, directivos de EPEC, los tres sindicatos de Luz y Fuerza con actuación en la provincia, y los principales dirigentes de la FATLyF, se llegó a un consenso que permite desacelerar el conflicto. El encuentro se desarrolló en el Ministerio de Trabajo de la provincia. El SiReLyF informó anoche que la empresa se comprometió a “abonar la totalidad de los salarios adeudados el próximo día miércoles” y se pasó a un cuarto intermedio “hasta el lunes 18, donde se dará inicio a una mesa de diálogo, en la que se fijará la fecha de pago de la BAE (que todavía adeuda la compañía), y se comenzará con el análisis general de la situación de la Empresa”.
El sindicato regional decidió “mantener el estado de alerta y movilización” y “realizar asambleas informativas hoy, en la última hora de la jornada en las seccionales y subseccionales del área EPEC”.
Mientras que Luz y Fuerza Córdoba mantendrá el paro de actividades al menos hasta las 11 de hoy, en que realizará una asamblea en la sede gremial.
El secretario general del SiReLyF, Eduardo Brandolín, afirmó luego de la reunión que se extendió por casi cuatro horas que “el salario es condicionante. Si no se pagan los sueldos, no se puede avanzar”, en obvia alusión a nuevos encuentros. También insistió en que “EPEC debe poner sobre la mesa todos los números para saber por qué la empresa está en esta situación”.
Por su parte, Gabriel Suárez, el titular de Luz y Fuerza de Córdoba, rescató que “ahora ha empezado una mesa de diálogo”.
Tanto el ministro López como el titular de EPEC, Luis Giovine, reiteraron en que no se modifica nada de lo hecho hasta el momento.
Naturalmente, después de cinco días de huelga y sin que se hubiera abonado el total de los salarios de los trabajadores de EPEC de la capital cordobesa, el primer paso fue normalizar este incumplimiento.
Todos los actores dieron sus razones y explicaciones sobre él conflicto y la situación de la empresa, pero no se avanzó sobre la situación de fondo, esto es el planteo de EPEC de ajustar el costo laboral modificando el Convenio Colectivo de Trabajo y el costo operativo de la empresa. Recién en la reunión del próximo lunes podrían empezar a discutirse alguno de estos puntos, pero previamente se abordará la deuda de la BAE que aún mantiene la empresa con los trabajadores.
Del conclave participaron como mediadores el secretario General de la FATLyF, Guillermo Moser y el secretario Gremial, Lauro Paz.
Por último, ayer EPEC dijo que los funcionarios provenientes de Kolektor que iban a dirigir el área de informática de la compañía, habían renunciado.
LOS PUNTOS PRINCIPALES DEL CONFLICTO
Se inició con la decisión de EPEC de cerrar cinco centros de atención comercial en abril y se extendió a un ajuste operativo en el funcionamiento de la compañía, que incluye reducción de horas extras, eliminación de viáticos, y modificaciones del sistema de reemplazos de jefes, entre otras medidas.
Luego el gobierno provincial y EPEC pidieron abrir una negociación para modificar el Convenio Colectivo de Trabajo, donde entre otros puntos se propone reducir los pagos de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE). Como la negociación en el ámbito provincial fue rechazada por los tres sindicatos de Luz y Fuerza, el Ejecutivo impulsó modificaciones de hecho en el CCT a través de tres leyes (ilegales, porque no se puede modificar un acuerdo de partes a través de una ley). Los cambios son los siguientes: eliminación de la Bolsa de Trabajo para acceder a las vacantes en la empresa; reducción del beneficio de energía eléctrica para consumo residencial de los empleados; y eliminación de un aporte patronal para una caja compensadora jubilatoria.
A todo ello, se le suma el elevado desprestigio de la línea gerencial de EPEC, que ha quedado expuesta por sus decisiones operativas y “beneficios” personales en la administración de la empresa; y la decisión del gobierno de dividir la operación contable en tres áreas: generación, transporte y distribución. Esta decisión sería un paso para privatizar la central termoeléctrica de Pilar, una joya similar a otras que ya están en proceso de licitación por parte del gobierno nacional.
EPEC informó la decisión de “privatizar” la instalación de sistemas de telemedición sin participación de las áreas de la empresa que trabajan en esa operación, lo que implicaría un negocio de más de 100 millones de dólares.
VER EPEC planea “privatizar” la telemedición, un negocio superior a los 100 millones de dólares.
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