El abogado de Luz y Fuerza, Miguel Ortiz Pellegrini.
¿Puede una empresa como la EPEC, que cotiza en la Bolsa de Comercio, presentar dos balances sobre su operación en 2017 con resultados distintos? En un país normal cualquier diría que no. Pero en Argentina parece que puede suceder y EPEC lo hizo. La denuncia que presentó ayer el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba contra los directores de EPEC Luis Gauna, Juan Grosso y Eduardo Gauna por “administración fraudulenta” rescata ese punto: en el primero de los balances presentados daba una ganancia de 4559 millones de pesos y en el segundo una pérdida 1166 millones. Increíble, pero cierto.
Con el patrocinio del abogado Miguel Ortiz Pellegrini, Luz y Fuerza dice que “el Directorio dicta la resolución n° 81060 con fecha 13/03/2018, donde aprueba los Estados Contables que informan sobre la gestión económico-financiera de la Empresa pertenecientes al Ejercicio Económico n° 65 iniciado el 1° de enero de 2017 y finalizado el 31/12/2017…” donde en la foja 3 puede observarse un Resultado final positivo de 4.559.345.156 millones de pesos”.
TESTIGOS: La Analista principal de Moodys, Daniela Cuan; la Analista principal de FITCH, Gabriela Curutchet; y el legislador provincial, Juan Pablo Quinteros.
A continuación agrega: “Posteriormente, el mismo Directorio dicta la resolución n° 81182 con fecha 8/06/2018, donde deja sin efecto la Resolución N° 81060 DEL 23/03/2018, y aprueba otros Estados Contables que informan sobre la gestión económico-financiera de la Empresa pertenecientes al Ejercicio Económico n° 65 iniciado el 1° de enero de 2017 y finalizado el 31/12/2017…” donde en la foja 3 puede observarse un Resultado final negativo de 1.166.725.069 millones de pesos”.
LOS FUNDAMENTOS DE LA PRESENTACIÓN
El punto de partida de la presentación judicial es la descripción, además de los dos balances con resultados diferentes, de otros siete hechos que habrían perjudicado a EPEC y sus trabajadores.
En el primero, señala a “La relación con CAMMESA y la deuda generada”. En ese sentido dice que “la deuda con CAMMESA llego en el año 2015 a la suma de $6.152 millones; el Gobierno Nacional condonó dicha deuda por un monto de $5.400 millones, suma que figura en el presupuesta nacional 2017. Quedo pendiente de pago $724 millones, dinero que no solo la EPEC no pagó, sino que aumentó la deuda a finales de 2016 de 2676 millones de pesos, al punto que la EPEC y el Gobierno de la Provincia, decidieron emitir bonos y endeudarse por U$S 100 millones para cancelar total o parcialmente esa deuda”.
Sobre ese hecho agrega que “no obstante el empréstito, la deuda se volvió a convertir en una mochila (que) al mes de enero de 2018 alcanzaba a $1.629.883.068,64 y para su pago se acordó con el acreedor, abonarla en seis cuotas a partir del 1º de enero de 2018; la primera cuota por un monto de $197.008.041,21; en febrero $200.262.102,76; en marzo $196.120.569,88; en abril $360.144.259,97; en mayo $346.684.278,12 y en junio $502.720.726,22”.
A esos 1629 millones de pesos, el escrito del gremio afirma que debe sumarse “la deuda por la provisión mensual de generación a CAMMESA que es de aproximadamente $1.000 millones más intereses; la devolución de los U$S 100 millones a una tasa del 7% anual durante los próximos 4 años”.
Si la deuda en dólares, sin contar los intereses, se pasa al cambio de ayer de 28,19 pesos, EPEC tiene acreencias de 5448 millones de pesos.
El segundo es el cierre de tres centros de atención comercial con una pérdida de 200 millones de pesos.
El tercero es la contratación directa N°2488, donde “el directorio decidió la contratación de la empresa “HANGAR SERVICIOS S.A.”, para el relevamiento aéreo de líneas de alta tensión con informe visual y termográfico por U$S 1.331.000; dicho contrato se suscribe y habrá de pagarse, al mismo tiempo que la empresa suspende los pagos de los haberes mensuales a sus trabajadores; esta obligación resulta abusiva por el desconocimiento de los denunciados de que la EPEC cuenta con cámaras termográficas para el relevamiento de líneas y el personal capacitado, con las habilitaciones de los organismos nacionales y provinciales para esa tarea, que puede cumplirse con el uso de una o dos camionetas”.
El cuarto, es el “nombramiento masivo de personal jerárquico con privilegios”. Apunta el escrito que “en ese contexto critico, el Directorio procede a nombrar personal jerárquico, generando una doble imposición, porque se seguía abonando el sueldo al reemplazado y sumaba al nuevo funcionario con mayor retribución, en algunos casos pagando un sueldo de $140.000, con más viáticos, pasajes aéreos, alquileres y vivienda, como el caso de Federico Maspoch, nombrado por resolución nº 80772 del 30/11/2017 en el cargo de Gerente de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional. (…) Siguen en esa línea los nombramientos de Sandra Dora Martínez; Mariana Beatríz Miseta; Natalia Soledad Rojo; Jorge Sebastián Leyva; Sonia Beatríz Doña; Luis María Balbuena Espíndola; Nara Paula Basso; y Luis Fernando Bravo, entre muchos otros, con distintas características en cuanto a su remuneración”.
El quinto es “La facturación mensual y la pérdida de $990 millones por energía consumida, facturada y no cobrada”; el sexto está relacionado con “El precio “estimado” del consumo (de los usuarios en los meses de mayo y junio de 2018), su facturación; el sistema informático, la telemedición, y la ignorancia de las denuncias (del presidente de EPEC, Luis María Giovine)”, y el séptimo es “el enorme daño producido a la credibilidad de los informes internacionales (de dos agencias de calificación), base de la emisión de los títulos de deuda internacionales (por 100 millones de dólares); al gobierno provincial (por su condición de garante de la emisión) y a instituciones como la Bolsa de Comercio”.
“COSTOS LABORALES”
El abogado Ortiz Pellegrini dice en la conclusión de la demanda que “no se puede “descargar” todos los problemas de la EPEC, incluso sus “costos laborales”, sobre los trabajadores de la empresa, ello porque la actual crisis de la empresa es responsabilidad de los Directores por el modo fraudulento en cómo es administrada, pues de lo contrario no se explica, como la EPEC tuvo épocas de esplendor con el mismo Convenio Colectivo, vigente desde hace más de cuarenta años y que -obviamente es considerado dentro de los costos de la empresa- y no han merecido objeción alguna por parte de las consultoras (Moody’s y Fitch para la emisión de la deuda de 100 millones de dólares), en sus informes sobre “Factores de riesgo””.
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