El Senado convirtió en ley, por unanimidad, el proyecto de emergencia alimentaria, que aumenta los montos vigentes este año para los programas de alimentación y faculta al jefe de Gabinete a reasignar partidas con el fin de combatir la pobreza.
La iniciativa recibió 61 votos positivos y, tal como ocurrió en la Cámara de Diputados, se aprobó al cabo de un debate moderado y breve, donde no estuvieron presentes la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ni el candidato a vicepresidente Miguel Pichetto, dedicado a actividades de campaña.
La ley, prorroga hasta el 31 de diciembre de 2022 la emergencia alimentaria nacional y tendrá un costo de entre 8.000 y 10.000 millones de pesos anuales.
En lo inmediato, se dispone un incremento de emergencia de, como mínimo, el 50% de los créditos presupuestarios vigentes este año correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición.
Además, se faculta al jefe de Gabinete, hasta que dure la emergencia, a actualizar trimestralmente las partidas, tomando como referencias mínimas el aumento del rubro “alimentos y bebidas” del IPC y la variación de la canasta básica medida por el INDEC. Esta tarea quedará para la próxima gestión.
Durante el debate, senadores del oficialismo y la oposición coincidieron en que la ley no ataca el problema de fondo, pero observaron que la coyuntura amerita volver a prorrogarla. Hacia el final, el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, levantó la temperatura y apuntó a la responsabilidad del kirchnerismo en la actual situación.
