El proyecto de autovía de la ruta 38 presentado por el Gobierno para construir el tramo que uniría Variante Costa Azul con Molinari (21 Km) a través del valle de Punilla, reanimó un debate en un sector de la sociedad, que con mucho esfuerzo ha podido acceder a una parte de la información correspondiente al mismo y que se había expresado contundentemente en “el Punillazo” hace un par de años.
Con la experiencia recogida en la audiencia de la primera propuesta, que contó con una participación masiva de vecinos que la rechazaron y obligaron al retiro de la misma, el gobierno provincial, en esta segunda oportunidad, formuló un proyecto con un recorrido modificado, a la par que por todos los medios intentó impedir la participación ciudadana y ocultar la información.
En oportunidad de la nueva audiencia pública que se realizo en el mes de abril pasado, más de 800 ciudadanos expusieron de manera virtual en la misma. El 90% de las intervenciones cuestionaron el proyecto presentado y en su inmensa mayoría lo hicieron desde el ángulo del impacto ambiental negativo de la obra, que dañaría aun más una zona muy degradada, que en su recorrido de 21 km atraviesa bosque nativo en zona roja y amarilla, poniendo énfasis especial en el riesgo de la cuenca del rio Cosquin y el lago San Roque. El 10 % de las opiniones que se pronunciaron a favor lo integraban funcionarios de la provincia y de los municipios, legisladores y concejales del departamento Punilla.
La obra, tal como ha sido presentado el proyecto del gobierno, insumiría un presupuesto de 100 millones de dólares, 75 millones provendrían de un crédito otorgado por la Corporación Andina de Fomento y los 25 millones restantes saldrían del Tesoro Provincial.
La importancia del emprendimiento, las implicancias, los cuestionamientos que se realizan y el enorme costo económico del mismo, sin duda que demandan un intercambio de opiniones con circulación de información en todos los ámbitos sociales e institucionales, para que la decisión se sustente en consensos lo más amplios posibles.
En ésta previsión, la Constitución de la Provincia establece en sus artículos 104 y 106 que es una atribución de la Legislatura dictar la Ley para contraer un empréstito y que la misma debe seguir el trámite de doble lectura, audiencia pública entre las dos sesiones y además exige una mayoría calificada de los dos tercios de los legisladores presentes.
Ante este marco jurídico y político empezamos a indagar en los medios de comunicación de la provincia la existencia de alguna nota o artículo que en los últimos dos años informara del tratamiento por la Legislatura del crédito para financiar esta obra, y los buscadores de Internet no dieron ningún resultado positivo.
Les preguntamos a las y los legisladores de los bloques de la oposición y respondieron que este tema no ha sido tratado por la Legislatura.
Fuimos como manda la experiencia a buscar al Boletín Oficial y después de mucho leer encontramos un decreto del Sr. Gobernador que aprobaba el empréstito buscado.
Surgió entonces la pregunta: ¿Y éste decreto, que ley está reglamentando?
Una nueva pesquisa orientada por “baquianos” legislativos nos condujo a la Ley de Presupuesto 2020 y ubicar en un párrafo extraviado que el crédito integra la partida de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento.
La inmensa mayoría de los cordobeses no conoce la existencia de una Agencia (que equivale a un Ministerio) con esta denominación, ni han visto una oficina con un cartel y mucho menos han escuchado o leído que su primero titular fue un señor que se llama Horacio Miró. Lo que tampoco casi nadie sabe, es que función tiene esta Agencia.
La ley 9050 que establece su creación dice “La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía Mixta tendrá competencia -para centralizar las actividades de planificación, administración, coordinación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas y proyectos con financiamiento, subsidios y/o asistencia técnica nacional e internacional, y, en particular… inc. 5) Intervenir en las relaciones con los organismos monetarios y financieros nacionales e internacionales”.
Cualquier ciudadano de buena fe se preguntaría ¿por qué se le quita una función constitucional, como es manejar los empréstitos, a la Administración Publica de la Provincia para entregársela a una sociedad de economía mixta?
La Agencia, como lo expone la ley, maneja los créditos que recibe el Estado y que son pagados por el Estado, pero como es una sociedad de economía mixta, sus decisiones son tomadas por un directorio, que en lugar de ser controlada por el mecanismo que establece la Constitución, que es el Tribunal de Cuentas de la Provincia, lo hace un Sindico que al igual que los directores son nombrados por el Señor Gobernador.
Como si lo dicho no fuera opacidad suficiente, al volver a analizar la audiencia pública para debatir la autovía de la ruta 38 nos encontramos, que aunque la obra se hará con un crédito que tomará y pagará el Estado Provincial, la convocatoria y el estudio de impacto ambiental que se somete a audiencia, es realizado por Caminos de la Sierras Sociedad Anónima.
Pero, ¿por qué esta sociedad anónima convoca una audiencia pública?.
Caminos de las Sierras S.A. es la concesionaria de la Red de Acceso a Córdoba (RAC) y fue propiedad del grupo italiano IMPREGILO hasta que en el año 2010 el gobernador Schiaretti la compró con recursos de la Provincia. O sea, es una sociedad anónima, pero las acciones son propiedad del Estado.
¿Qué significa esto en la práctica?
Que como Caminos de las Sierras es una sociedad anónima, para contratar la obra, establecer sus modalidades y costos, aprobarla, y pagarla no se rige por la normativa que establecen los procedimientos para contratar y controlar los gastos del Estado, y como consecuencia obvia, sus gastos no deben pasar por el control del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Falseando la legalidad, el contador Schiaretti ha construido un camino para la toma de decisión sobre un proyecto fundamental que es inaccesible para la ciudadanía y que evade con “mañas” las instancias constitucionales
En estos 22 años, los gobiernos de Unión por Córdoba (hoy Hacemos por Córdoba) han diseñado estos mecanismos de ocultamiento, a través de agencias y sociedades comerciales que superponen funciones y presupuestos, y que representan verdaderas mamushkas que se van sucediendo sin fin.
Ahora, con esta obra, tenemos 100 millones de dólares y la cuenca del rio Suquia, que abastece el 40 por ciento del agua de los cordobeses, atrapados en ese laberinto.
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Fermin
26 junio, 2021 a 09:45
Es sumamente importante que esa obra se realice.
Quienes transitamos hace 30 años esas rutas, padecemos, fundamentalmente en las épocas estivales, los inconvenientes, accidentes, demoras qué se producen en el tránsito por el colapso de vehículos.
Esa obra va a traer Progreso para la zona!!!!