La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los organismos de Inteligencia denunció hoy que en el Gobierno de Mauricio Macri se monto un “Estado paralelo, clandestino y secreto” de espionaje ilegal y pidió crear una comisión para investigar a los jueces, fiscales y miembros de la Corte que pudieron haberse apartado del Estado de Derecho.
De esta manera, para el Congreso de la Nación, entre los años 2015 y 2019, el Poder Ejecutivo montó una matriz de espionaje ilegal con fines políticos que utilizó recursos e instituciones del Estado para llevar adelante un “plan sistemático” como “método de dominación y extorsión” a adversarios políticos y empresarios.
El informe fue presentado en una conferencia de prensa en la Cámara baja, encabezada por el presidente de la comisión, el diputado Leopoldo Moreau; el senador Oscar Parrilli y los diputados Eduardo Valdés y Blanca Osuna.
Moreau señaló que la Mesa Judicial “era presidida por Mauricio Macri” y en esas reuniones se resolvía “el destino que iban a correr las personas u organizaciones que eran espiadas”.
Por otra parte, el informe destaca que solamente en el primer año de gobierno de Macri, hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente y al menos 307 víctimas directas confirmadas. Además de 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales.
A su vez, considera que el “objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Se trataba de armar denuncias, difundirlas en los medios de comunicación y repetirlas hasta el hartazgo, creando así un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales”.
En este sentido, menciona que fueron victimas de ese plan el Instituto Patria; el submarino ARA San Juan; el Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado – GNL, y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En tanto, detalla que el espionaje ilegal se produjo a través de “células armadas específicamente para ese objetivo ya que se evitó en lo posible la utilización de las estructuras profesionales preexistentes en el Estado”.
“Las pruebas son concluyentes: detalladas y pormenorizadas declaraciones y confesiones de varios de los agentes que participaron y que se incluyen en los documentos que acompañan el dictamen.”, agrega.
Por último, en el dictamen se destaca que “el modus operandi era ablandar, es decir extorsionar moralmente – en su buen nombre y honor – a personas a través de publicaciones, fake news y testimonios armados para que luego declaren en contra de otras, era una de las tantas tareas de las células, coordinadas con ciertos enclaves en el Poder Judicial y sectores del periodismo”.
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