La sede los tribunales federales porteños: Foto: Gentileza ACYJ.
En un sistema democrático los jueces son los que deben controlar los abusos de los otros dos Poderes en Argentina. Especialmente del Poder Ejecutivo, dado que somos un país presidencialista.
¿Dónde estaban los Jueces en estos doce años en los que semanalmente dos centenares de personas entregaban y recibían coimas, llevaban y traían mensajeros, o eran testigos directos de la Corrupción? Todo era semi-público.
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VER Inflación, corrupción y pobreza.
Claro que hay jueces honestos, pero debo decir que ellos nunca denunciaron sospechas. Siempre privilegiaron un silencio corporativo.
La corrupción es una estructura compleja que comprende tres sistemas de Poder que funcionan armónicamente: el Sistema Político, el Sistema Económico y el Sistema Judicial.
Es decir que la colaboración pasiva o activa de la Justicia fue esencial para la estructura de la corrupción.
LOS JUECES Y LA CORRUPCIÓN EN CÓRDOBA
El Fuero Anticorrupción en Córdoba es un fracaso. En 12 años sólo dos condenas por delitos menores y ningún funcionario condenado o procesado.
En la Justicia Federal de Córdoba, la situación es más grave aún. En la Megacausa de La Perla, un Tribunal declaradamente kirchnerista y con serias debilidades jurídicas, decidió legitimar a la empresa Supercemento S.A. en la ejecución de la principal Obra Pública del Terrorismo de Estado en Córdoba. Esta empresa, hoy está procesada por la cartelización organizada por la Cámara Argentina de la Construcción (CAC). Las pruebas del juicio en la causa de La Perla eran abrumadoras en relación a que Mackentor había sido víctima de una persecución masiva de personas y que Supercemento había sido el grupo económico beneficiario por la Corrupción del Terrorismo de Estado. No obstante las pruebas, este Tribunal Federal decidió legitimar a la Cámara Argentina de la Construcción y a la estructura de la corrupción durante el Terrorismo de Estado.
Mackentor fue la única gran empresa de la época que renunció a la Cámara Argentina de la Construcción por no estar de acuerdo con la cartelización corrupta de la obra pública, y por ello, fue castigada por Menéndez con la prisión y tortura de 29 de sus dirigentes y con el vaciamiento de la empresa a favor de Supercemento S.A.. Pero lo que Menéndez no había logrado, lo logró la Justicia Federal de Córdoba, es decir, la quiebra de Mackentor y la definitiva legitimación de la Cámara Argentina de la Construcción como gerenta de la cartelización de la Obra Pública. Es decir, la matriz de la Corrupción que hoy confiesan los propios empresarios.
Mackentor fue la única gran empresa de la época que renunció a la Cámara Argentina de la Construcción por no estar de acuerdo con la cartelización corrupta de la obra pública, y por ello, fue castigada por Menéndez con la prisión y tortura de 29 de sus dirigentes y con el vaciamiento de la empresa a favor de Supercemento S.A..
Todas las pruebas de la corrupción durante el Terrorismo de Estado fueron silenciadas por la sentencia en el caso Mackentor. Esto habla de la función que puede cumplir la Justicia en la estructura de la corrupción.
Por cierto que en Córdoba también existe una delegación de la Cámara Argentina de la Construcción que debería estar declarando ya sobre las obras públicas en la provincia de Córdoba y los sobreprecios y los pagos de soborno.
LOS IMPUESTOS DE LOS CIUDADANOS COMO PRECIO DE LA CORRUPCIÓN
Nada más burdo que el sostener que las coimas estaban destinadas exclusivamente para financiar campañas políticas.
Toda coima integra los sobreprecios de las obras públicas. Es decir, que a una ruta que valía 100, el Estado la pagaba a 120 o a 130. El empresario nunca perdía. Éramos nosotros los ciudadanos de a pie los que pagábamos por esos sobreprecios.
Toda coima integra los sobreprecios de las obras públicas. Es decir, que a una ruta que valía 100, el Estado la pagaba a 120 o a 130. El empresario nunca perdía. Éramos nosotros los ciudadanos de a pie los que pagábamos por esos sobreprecios.
Este fue el Sistema con que funcionó la estructura de la corrupción desde la época del Terrorismo de Estado.
Sobornos, sobreprecios y enriquecimiento ilícito. Esa es la perversa ecuación de la Corrupción, que genera alta inflación, alta pobreza y alta desigualdad en el ingreso. Esta es la estructura que se debe desarmar en la Argentina. No son suficientes medidas aisladas. Ni la reforma del Código Penal, ni los procesamientos judiciales, ni el “denuncismo” político o periodístico. Hacen falta medidas integrales que comprendan propuestas en materia de políticas criminales, culturales y económicas.
AUDIENCIA ANTE LA CIDH POR RAZONES DE INTERÉS GENERAL
Hemos pedido con Margarita Stolbizer una audiencia pública prevista en el Reglamento de la Comisión (artículo 66) a fin de analizar con rigor y objetividad el costo de la corrupción para las democracias americanas, y de manera particular, su costo económico.
Hemos presentado un Informe de una Comisión de expertos en Economía, Derechos Humanos y Sociología, que tiene por válido los resultados de tres encuestas realizadas durante 20 años en Argentina que dan cuenta que el 82% de la sociedad tiene escasa, baja o nula confianza en la Justicia. Y que esa desconfianza en la Justicia está causada por la impunidad que tienen los delitos del Poder. Es decir que todo está unido e integrado. La impunidad de la corrupción en Argentina genera desconfianza social en la Justicia, y esta impacta en la economía de manera significativa. El costo directo de la corrupción, medido por los sobreprecios en la Obra Pública que figura en los presupuestos nacionales y provinciales, asciende a 2 mil millones de dólares por año. Y su costo indirecto a otros 2 mil millones de dólares por año.
El costo directo de la corrupción, medido por los sobreprecios en la Obra Pública que figura en los presupuestos nacionales y provinciales, asciende a 2 mil millones de dólares por año. Y su costo indirecto a otros 2 mil millones de dólares por año.
Estos montos, que en doce años equivalen a dos presupuestos anuales de Córdoba, tuvieron como destino el enriquecimiento ilícito de funcionarios y de empresarios y no la simple financiación de campañas políticas.
En esta Audiencia Pública que se celebrará en Washington D.C., buscaremos denunciar esta estructura de corrupción integrada por tres Sistemas de Poder con la finalidad de tener un diagnóstico claro y realista y poder proponer medidas para desarmar la estructura que de un modo o de otro funciona en todos los países de América.
En Brasil, está preso Lula Da Silva por corrupción. En Argentina, Cristina tiene cinco procesamientos judiciales por Corrupción. En Perú, Pedo Pablo Kuczynski ha debido renunciar por corrupción. En Ecuador, Rafael Correa tiene orden de captura internacional por corrupción. En Colombia, Álvaro Uribe ha renunciado al Senado. En Venezuela y Nicaragua, son múltiples las denuncias por corrupción, pero como se trata de Sistemas Judiciales de escasa transparencia, no se puede obtener mayor información. México está asolado por el narcotráfico y la criminalidad urbana, todo impregnado de corrupción. Uruguay, Paraguay y Panamá son países destino tradicional del dinero de la corrupción cuyas legalidades permiten el lavado de activos.
Esta situación generalizada ha llevado a la Comisión Interamericana en su Informe 1/18 a declarar que la lucha contra la corrupción es hoy prioridad en materia de defensa de los Derechos Humanos del continente.
* Juan Carlos Vega es ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de la HCDN y nominado por profesores de la Columbia y Sorbona para presidir el grupo de trabajo de lucha contra la Corrupción de la OCDE (2013/2014).
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