La Cámara de Diputados aprobó y giro en revisión al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales.
La iniciativa fue aprobada por 112 votos contra 96, y 5 abstenciones ya que respaldaron el dictamen de mayoría el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que lo hicieron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda.
Los legisladores que se abstuvieron fueron Carlos Zapata y Paula Omodeo de JXC, y los tres diputados del FDT (Frente Patria Grande) Federico Fagioli, Natalia Zaracho, e Itai Hagman.
La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.
La iniciativa convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.
Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF y, en ese sentido, se dispone la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.
En ese sentido se crea el Registro de Proveedores de Servicios Virtuales que estará a cargo de la Comisión Nacional de Valores que debe detectar eventuales operaciones de sospechosas por medio de activos virtuales como las criptomonedas.
De acuerdo al dictamen de mayoría, la Unidad de Información Financiera podrá solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
Los sujetos obligados de un reporte de operación sospechosa, de una declaración voluntaria o del intercambio de información con organismos análogos extranjeros, no podrán oponer a la Unidad de Información Financiera (UIF) el secreto bancario, fiscal, bursátil o profesional, ni los compromisos legales o contractuales de confidencialidad.
En cuanto a la pena para el lavado contemplada en el Código Penal se aumentó la pena de $ 300.000 a $ 8,6 millones y en el futuro se establecerá como unidad de medida de actualización el Salario Mínimo Vital y Móvil.
Uno de los temas de mayor debate fue la incorporación de los abogados como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosos, y en ese sentido se estableció que no lo deberán hacer cuando hagan tareas de asesoramiento, litigios judiciales, administrativos, de arbitraje o mediación.
En el cierre del debate, el presidente del bloque de diputados del FDT, Germán Martínez, aclaró: “Nunca me llamó el ministro de Economía para decir que acelere el tratamiento de esta ley y nunca me insinuaron que el FMI quiere esta ley, pero si hay evaluación del GAFI que tiene fecha y se va a realizar”.
“Llegamos a un principio de acuerdo que después la dinámica política en Argentina hace que los acuerdos duren poco. Escuchamos todos los aportes, introdujimos más de 25 modificaciones a pedido de diversos bloques. No se pudo, pero no fue por falta de generosidad de los diputados del Frente de Todos que negociaron, ni por la mala fe de los opositores que se decidieron a transitar el camino de la búsqueda de consensos”, agregó.
Desde Juntos por el Cambio, el presidente de la UCR Mario Negri aclaró que la coalición opositora “rechaza en general el proyecto de ley de Lavado de Activos porque el oficialismo no quiere la autonomía e independencia total del poder político de la Unidad de Investigación Financiera. Es imperativo que la UIF pueda combatir delitos complejos sin interferencias políticas”.
Al abrir el debate y explicar el dictamen de mayoría, el presidente de la comisión de Legislación General, Lucas Godoy, dijo que “el país debe ser evaluado por la GAFI y es importante sancionar esta ley” ya que “ha contraído compromisos internacionales que debe cumplir, tanto por las convenciones que ha ratificado, como por su calidad de miembro de estas organizaciones”.
Godoy dijo que del armado del proyecto “han participado todos los sectores del Estado vinculados a la prevención del lavado”, entre los que mencionó la Unidad de Información Financiera, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, del BCRA, la Comisión Nacional de Valores, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y la Corte Suprema Justicia
Por su parte, la legisladora del Frente de Todos, Mónica Litza, afirmó: “Para nuestro país es relevante adecuar la normativa interna a los estándares internacionales que sugiere y aconseja el GAFI. Vivimos en un mundo globalizado e interconectado, donde los delitos son de acción interjurisdiccional”.
Por su parte, la diputada del FDT Natalia Zaracho (Frente Patria Grande) que se abstuvo argumentó que “otra vez a las apuradas, otra vez un organismo internacional nos impone una agenda, que no tiene nada que ver con la realidad y las urgencias de nuestro pueblo. Se está discutiendo una ley que no le va a transformar la vida a la gente en el corto plazo. No la vamos a acompañar”
La legisladora de la Coalición Cívica, Mónica Frade, señaló que advirtió que “a los empujones nos quieren llevar a una ley sin tocar la autonomía e independencia que hoy la UIF no tiene. Es el Poder Ejecutivo que pone y saca a funcionarios. Es pasible de influencias políticas. Queremos que esto sea una política pública que eleve el nivel de institucionalidad de este país y no caigamos en la lista gris”
Por su parte, el diputado de Evolución Radical Alejandro Cacace señaló que “la UIF tiene que tener una autonomía e independencia funcional que se tiene que llevar a la práctica. Hoy la ley dice que será designado por el Poder Ejecutivo, donde este no cumple con los estándares que marca la UIF”.
A su vez, la diputada del Interbloque Federal, Graciela Camaño dijo que “necesitamos una UIF con un compromiso real para luchar contra los delitos que se desarrollan en nuestro país porque si no, nunca jamás vamos a pelear desde una ley contra el narcotráfico”
En tanto, la legisladora de izquierda Myriam Bregman dijo que “esta ley es parte de la legislación antiterrorista en el mundo y ya se demostró para qué es usada. Además la UFI no nació para combatir el lavado, sino para controlar los movimientos financieros y políticos de nuestro país”.
> Con información de TÉLAM.
