La Asamblea Permanente por los DD.HH, Regional Córdoba (APDH) repudió “la feroz represión llevada a cabo por la Policía de la Provincia de Córdoba a cargo del ministro Juan Pablo Quinteros, que arremetió con violencia inusitada contra una protesta social efectuada ante la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia de la Municipalidad de Córdoba, por la que se reclamaba una ayuda social a comedores locales”.
También exigió “la inmediata libertad de los detenidos por protestar en defensa de sus derechos; y reclama el cese inmediato de la represión y criminalización de la protesta social por parte del gobierno de la provincia de Córdoba”. Los apresados por la Policía son 15 dirigentes de ATE y la CTA-A, entre ellos el secretario General de ambas organizaciones, Federico Giuliani.
A través de un documento dado a conocer en la noche del jueves, la organización de DD.HH. expresó que “es notorio el ensañamiento y la persecución política del gobierno provincial con ciertos dirigentes gremiales (en especial de ATE Córdoba) y sectores sociales que ejercen sus legítimos derechos constitucionales de protestar, de peticionar, de libertad de expresión, a la organización y la movilización popular en defensa de los más postergados”.
Resaltó en ese sentido, que “la protesta social es un mecanismo esencial para la existencia y consolidación de sociedades democráticas y se encuentra protegida por derechos y libertades, que el sistema argentino mediante la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, y el interamericano (Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre y Convención Americana de DD.HH.) garantizan”.
Señaló, por último, que “los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica y asociación garantizan y protegen diversas formas de expresas públicamente opiniones, desacuerdos, demandar el cumplimiento de derechos sociales, culturales y ambientales, y afirmar la identidad de grupos históricamente discriminados. Siendo central en la defensa de la democracia y los derechos humanos”.
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