Distintas organizaciones de jubilados de la Provincia de Córdoba denunciaron la intervención de la Caja de Jubilaciones, que “se extiende por tres décadas” y reclamaron una auditoria para conocer el verdadero estado de la Caja de Jubilaciones. La demanda se produce en el marco del rechazo a la posible implementación de un aporte extraordinario del 4%, medida que es impulsada por el Poder Ejecutivo Provincial.
Pide el documento que “antes de tomar medidas de emergencia, armonización, argumentando traspaso por déficit etc, al ser los (trabajadores y jubilados) únicos, exclusivos y verdaderos dueños del Sistema Previsional y al haber soportado sobre nuestras espaldas una sumatoria de “ajustes” y “diferimientos” en nuestros manoseados beneficios, (…) exigimos una auditoria y estudio actuarial a cargo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para tener certeza en el manejo de recursos, patrimonio y fondos de la Caja”.
Plantea, en esa línea, que “nunca hubo rendición de cuenta con el Fondo Complementario (desde enero 2003 a julio 2008, con una recaudación de tres mil millones de pesos). (…) En definitiva, los jubilados, pensionados y retirados hemos sufrido un ajuste confiscatorio que no tiene parangón”
El texto enviado al gobernador Martín Llaryora lleva la firma del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE (Asociación Trabajadores del Estado); la Comisión de Jubilados Colegio de Servicios Sociales; Jubilados en Marcha; el Foro Solidario Córdoba por la Seguridad Social y el Trabajo; y Jubilados docentes en Acción. Todas estas agrupaciones son las que se movilizan regularmente los jueves en la Plaza San Martín de Córdoba, lugar en el que ya han completado 88 rondas.
Con el título de “Vergüenza cordobesa”, el documento recuerda que “ninguna Caja Previsional de otra Provincia Argentina estuvo intervenida durante 30 años, esta anomalía inconstitucional desprende un olor nauseabundo de corrupción, censura, usurpación y puertas cerradas a los interesados”.
Requieren luego que “se sopesen las tres décadas de intervención, de proceso anti-democrático, donde se vulneró la Carta Orgánica de la Caja (Ley Prov. 5317), el Art.55 de la Constitución Provincial y el Art 14 bis de la Constitucion Nacional, impidiendo la plena vigencia de un directorio democrático con representación de trabajadores y jubilados”.
Por último, rechazan también “el incumplimiento de ley efectuado por (el presidente) Javier Milei, al no enviar el proporcional de la Coparticipación Federal que le corresponde a la Caja Provincial”.
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