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Córdoba: El oficialismo declaró la emergencia del sistema previsional y aprobó una serie de controvertidos cambios

El tablero muestra el resultado de la votación de la reforma previsional en Córdoba. (Foto: Prensa).

El bloque de legisladores de Provincias Unidas con el aporte de algunos legisladores aliados logró sancionar el proyecto que declara la emergencia del sistema previsional de la Provincia, que incluye una serie de controvertidos cambios, rechazados por los distintos gremios del sector público, como el incremento de aportes. Los distintos bloques opositores se expresaron en contra de la iniciativa oficialista. El gobernador Martín Llaryora tendrá manos libres para aplicar las modificaciones. La iniciativa no suspende el diferimiento en el pago a los jubilados.

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El artículo 1 de la normativa declara “la emergencia económica, financiera y administrativa del sistema previsional público provincial a los fines de resguardar la sustentabilidad económica y financiera del sistema, así como la sostenibilidad de los fondos previsionales, por el término de cinco años”. En caso de ser necesario, se podrá prorrogar la emergencia en forma automática por igual término, por única vez, salvo que el Ejecutivo disponga su cese anticipadamente.

Además, se dispone la suspensión de la aplicación del Fondo Solidario para Desequilibrios de la Caja de Jubilaciones mientras se encuentre vigente la emergencia previsional. A su vez, será facultad del Ejecutivo provincial “adecuar las alícuotas de aportes personales de los distintos sectores, en un porcentaje de hasta un ocho por ciento sobre las existentes”.

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Por otra parte, define que “durante la vigencia de la presente ley se contemplará el pago a los titulares de beneficios previsionales de un adicional mensual de carácter no remunerativo, que compense la deducción del aporte personal del cálculo del haber previsional hasta el límite del 82 por ciento, a aplicarse conforme a las escalas y graduación que determine la reglamentación”.

Una de las novedades que introduce la nueva ley es que faculta al Ejecutivo provincial a “transferir la administración de los subsistemas previsionales de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros a las entidades gremiales que así lo requieran”. De prosperar, implicará el desguace del sistema previsional de la Provincia, uno de los trece que no fueron transferidos a la Nación.

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Asimismo, establece que se instruya a senadores y diputados nacionales por Córdoba para que “impulsen la incorporación de las leyes que se traten en el Honorable Congreso de la Nación de las previsiones presupuestarias correspondientes tendientes al resguardo de los fondos necesarios para garantizar el debido cumplimiento del artículo 27 de la ley 27.660, leyes complementarias y modificatorias de la ley 11.051”.

UNA LEY CON FACULTADES DISCRECIONALES

En principio, según la explicación de los legisladores oficialistas, la ley permitirá que alrededor de 53 mil jubilados que hoy perciben menos de 1,3 millones mensuales, pasen a percibir una suma no remunerativa (sin aportes) que elevaría el haber hasta 82%. Esa suma sería financiada con el aumento de aportes de activos y jubilados con sueldos más altos, que tendrán que abonar una suba de aportes de hasta 8%, que en la práctica actúa como una reducción de sus ingresos. Según el oficialismo, el gobernador establecerá la línea de corte, pero esta estaría en los 3 millones de pesos mensuales.

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A su vez, los pasivos con menores ingresos dejarán de percibir el bono bimestral de 100 mil pesos que cobran desde mediados de año.

Por otro lado, los jubilados que cobran 3 millones de pesos o más, son alrededor de 20 mil y un 10% de los aproximadamente 190 empleados públicos de las distintas ramas.

En tanto, los que perciban haberes y sueldos por debajo de los 3 millones realizará un porcentaje de aportes inferior a 8%, pero la escala será definida por el Poder Ejecutivo, por lo que todavía no se puede precisar el alcance de la reducción. Aquí hay que agregar que mientras dure la emergencia previsional, se suspenderá la vigencia del aporte al Fondo Solidario.

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El eje de los controvertidos cambios se asienta en tratar de construir un sistema cerrado y con mayor precariedad, ya que los ingresos más altos financiarían incrementos, pero de carácter transitorio (pago de la diferencia entre los actuales haberes hasta el 82% con una suma no remunerativa) a la base de la pirámide, sin que, en teoría, el Ejecutivo realice aportes de rentas generales para disponer esa mejora. La transitoriedad está dada en que no se modificó la ley que ordena el sistema previsional provincial, que hoy garantiza a los jubilados alrededor del 63% del salario bruto de un trabajador en actividad y no el 82%.

Por otro lado, el eje de las modificaciones parece ser la entrega de la botonera al Poder Ejecutivo para regular las erogaciones de la intervenida Caja de Jubilaciones en el contexto del ajuste del gasto público que lleva adelante el gobierno nacional, que incluye el incumplimiento legal de transferir recursos que corresponden a Córdoba para financiar el pago a los jubilados. Es decir, la medida trata de licuar o atenuar los efectos de las medidas económicas del gobierno del ultraderechista Javier Milei y el resultado de la demanda judicial en curso ante la Corte Suprema de Justicia por los incumplimientos nacionales, sin tener que detonar los puentes con la administración libertaria.

El Valle

Sin embargo, la decisión, podría tener un importante costo político porque afecta a un colectivo de trabajadores con una importante organización, como el estatal y municipal, que ya se ha expresado masivamente en las calles de Córdoba. También es probable que haya coletazos judiciales (los descuentos podrían ser considerados confiscatorios), aunque un eventual impacto en contra no sería inmediato.

Por último, la ley persigue el objetivo de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones. Las fuentes consultadas admiten que se produciría un ajuste del déficit de entre 7 y 10 mil millones por mes, unos 120 mil millones al año.

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