El Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba advirtió este miércoles “sobre la situación crítica que atraviesa el sistema de salud y que deriva, pese a años de alertar sobre la problemática, en el perjuicio de los pacientes”. Denuncian plazos de pago de tres meses por parte de prepagas y obras sociales y plantea que “las financiadoras deben acortar los plazos de pago para evitar el quiebre de las instituciones”.
La organización que nuclea a los médicos de la provincia de Córdoba expresó a través de un documento que dio a conocer a la Prensa, que “esta situación es consecuencia de una serie de errores que cometen distintos actores del sistema y que luego termina afectando a los prestadores –instituciones o trabajadores de la salud– que son los que toman contacto directo con los pacientes y sus padecimientos”.
Afirmó que “los problemas económicos derivados de la inflación y de los errores del sistema no deben pagarlos los prestadores, sino aquellos que, mes a mes, perciben –sin demoras– un ingreso por su cobertura, es decir las financiadoras. No deben hacerse cargo ni los establecimientos, ni los trabajadores de la salud, ni los pacientes”.
Precisó luego que “hay dos situaciones que ya desde hace varios años complican innecesariamente a los establecimientos y profesionales y que deben resolverse para evitar las soluciones que afectan a los ciudadanos. Una de ellas es la demora de, en promedio, tres meses por parte de prepagas y obras sociales para pagar una práctica médica o un estudio”.
Señaló que “ese retraso tiene una causa histórica: antes, ese lapso se utilizaba para completar las gestiones administrativas, muchas veces engorrosas en la época de tramitación analógica. Pero hoy, con la digitalización, todos los procedimientos se han acelerado, por lo que esa brecha temporal es injustificable y, en tiempos de inflación, altamente gravosa para entidades y médicos”.
También indicó que “otra asimetría entre financiadores y prestadores de salud se verifica cuando hay una disidencia por el cobro de una práctica. En esos casos, los financiadores primero debitan el monto y luego se analiza la situación. Debería ser al revés: investigar la pertinencia de la práctica primero y después, si corresponde, debitarla del siguiente cobro. De lo contrario, se descuenta al prestador “por las dudas”, antes de que esté definida la causa de la discrepancia y cuál de los actores tiene razón en la controversia”.
SUSCRIBITE A DOSSIER360.
HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.
RECIBÍ EL NEWSLETTER DE NOTICIAS DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.
CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.
