Los centros vecinales y vecinos autoconvocados de catorce barrios de la ciudad de Córdoba declararon “persona no grata” al polémico Lucas Salim, CEO de la empresa desarrollista Proaco. La declaración fue emitida luego de que el empresario enviara una intimación de iniciar acciones legales al Centro Vecinal de Parque Chacabuco y a los vecinos que pudieran participar o adherir a un eventual recurso de amparo ambiental contra el proyecto de las torres que se construyen en terrenos del shopping de barrio Villa Cabrera o “cualquier tipo de acción legal” contra Proaco. El empresario argumenta que cumplió con todas las exigencias legales para avanzar en ese desarrollo. El caso fue dado a conocer en el programa “El Avispero” que se emite por el Canal ZTV.
“Los centros vecinales y organizaciones firmantes declaramos a Lucas Salim ‘Persona no grata’ en nuestros barrios, por sus prácticas intimidatorias, su conducta pública reiterada y su accionar contrario al respeto por la vida comunitaria, al derecho a la participación ciudadana y a la convivencia democrática, haciéndolo responsable eventual principal de cualquier daño o perjuicio que pudiera recaer sobre la persona o los bienes de los vecinos que, en ejercicio legítimo de sus derechos, se organizan para limitar el avance depredador del poder concentrado inmobiliario”, dice el documento dado a conocer este miércoles.
El planteo lleva las firmas de los centros vecinales de Alejandro Centeno y Los Ángeles, Alberdi, Argüello, Cerro de las Rosas, Jardín Espinosa y Ampliación, Parque Chacabuco, San Martín, Villa Belgrano, y Villa Cabrera, y los Vecinos Autoconvocados de Nueva Córdoba, Villa Cabrera y El Bosquecito de Carrara.
Se trata de una esquirla del fuerte conflicto existente entre los vecinos, los desarrollistas y la Municipalidad de Córdoba por la instalación de grandes desarrollos inmobiliarios, comerciales y de servicios en barrios residenciales de Córdoba Capital. Incluso, algunos centros vecinales han logrado recursos judiciales favorables para detener el avance de estos emprendimientos, y otros se encuentran con planteos en curso en busca del mismo objetivo. El fenómeno que avanzó sin licencia social y a partir de la connivencia de los gobiernos municipales, comenzó hace dos décadas. En ese contexto, en los últimos años floreció una importante resistencia vecinal y de organizaciones sociales que defienden el estilo de vida barrial y cuestionan la falta de un modelo de desarrollo urbanístico de Córdoba Capital que incluya la participación vecinal en su concepción. Salim aparece como la cara más visible de este modelo de desarrollo urbano basado en el mercado, que ha logrado actuar en tándem con el poder político local.
QUÉ DICEN LOS VECINOS
El documento vecinal expresa “nuestro rechazo absoluto y nuestra profunda alarma ante la amenaza de iniciar acciones legales por parte del empresario Lucas Salim (Proaco) contra vecinos de los barrios Villa Cabrera, Parque Chacabuco y su zona de influencia, quienes ejercen de manera pacífica y legítima, su derecho a manifestarse en defensa de su barrio, su calidad de vida y el ambiente urbano”.
Agrega que “estas amenazas se inscriben en una metodología reiterada de intimidación, hostigamiento y amedrentamiento, orientada a desalentar la participación ciudadana y a disciplinar toda forma de organización vecinal que cuestione emprendimientos inmobiliarios de gran escala”.
Sigue diciendo que “la advertencia de judicializar el reclamo social no constituye un hecho aislado, sino que responde a prácticas coercitivas incompatibles con la convivencia democrática y el ejercicio pleno de derechos constitucionales”.
Luego de detallar los derechos que asisten a los vecinos y los que no tiene en cuenta Salim en sus planteos, recuerda que “no puede soslayarse que el empresario en cuestión cuenta con antecedentes públicos de declaraciones violentas y ampliamente repudiadas, que expresan desprecio hacia amplios sectores de la sociedad. Estos antecedentes configuran un perfil público incompatible con cualquier pretensión de incidir en la definición del desarrollo urbano de la ciudad de Córdoba”.
“Resulta especialmente grave que una persona con este historial participe, de manera directa o indirecta, en procesos de planificación urbana en articulación con el Municipio, mientras se amenaza judicialmente a vecinos por ejercer derechos básicos como la libertad de expresión, la protesta social y el acceso a la justicia. Esta situación evidencia una preocupante convergencia entre intereses privados concentrados y un Estado municipal que no cumple adecuadamente su rol de garante del interés público”, advierte el documento.
Apunta más adelante que “el reclamo de los vecinos de Villa Cabrera, Parque Chacabuco y sectores aledaños es legítimo e incuestionable. No se oponen al desarrollo, sino a un crecimiento urbano desmedido, planificado de espaldas a la comunidad y sin consideración por la capacidad real (ya colapsada) de los servicios públicos esenciales, con impacto directo sobre la infraestructura, el ambiente y la calidad de vida de toda la zona”.
En otro tramo del texto, advierte que “el uso de amenazas para intentar silenciar a barrios organizados, con la tolerancia o inacción del Estado, constituye una situación institucional inadmisible. No se trata de un conflicto entre particulares ni de una disputa en igualdad de condiciones, sino del ejercicio abusivo del poder económico para intimidar a vecinos que defienden derechos protegidos por la Constitución y por tratados internacionales. La falta de una intervención estatal inmediata y eficaz no solo agrava el daño, sino que compromete directamente la responsabilidad del Estado y lo vuelve corresponsable de un proceso de amedrentamiento que lesiona la vida democrática y el derecho de los barrios a decidir sobre su territorio”.
Finalmente, exige “el cese inmediato de toda forma de hostigamiento o intimidación legal contra vecinos y vecinas organizados y reclamamos que el Estado municipal asuma su responsabilidad indelegable, intervenga de manera urgente y garantice un desarrollo urbano basado en la legalidad, la sustentabilidad y la participación ciudadana real”.
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