La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó este miércoles numerosas protestas en Córdoba Capital y finalizó la jornada de lucha nacional con una concentración frente a las oficias del ex Ministerio de Trabajo de la Nación. El viernes 5 de abril, los estatales realizarán un paro nacional.
Los trabajadores estatales recibieron la solidaridad de la co-secretaria General de la CGT Córdoba y titular de la Unión Obrera Gráfica de Córdoba, Ilda Bustos; el secretario General de la Unión Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) seccional Capital, Franco Boczkowski; y la secretaria General de Cispren (Prensa) y secretaria General Adjunta de la CTAA Nacional, Mariana Mandakovic.
En una de las protestas previas, frente a la sede del ENACOM, en Colón y General Paz, se produjo un incidente con un efectivo de la Policía Federal que participaba del dispositivo de seguridad armado con su pistola reglamentaria.
Federico Giuliani, secretario General de ATE Córdoba y de la CTA de los Trabajadores, dijo a ENREDACCIÓN que son 107 los despedidos hasta ahora. “No estamos contando aún los cierres anunciados de ENACOM, Centro de Referencia de Córdoba CDR), Servicios Meteorológico Nacional (SMN) y el INADI. Seguramente, en los próximos días van a ir llegando las bajas”.
En tanto, las cesantías se produjeron en ANDIS (Discpacidad), ANSES (Jubilados y Pensionados), PAMI (Obra social de jubilados y pensionados), Biblioteca Nacional, Ministerio de Trabajo de la Nación, Secretaría de Agricultura Familiar, Obras Públicas, y Superintendencia de Riesgos de Trabajo.
En ENACOM, el delegado de ATE Mariano Silberman, dijo que “la versión es que cierran las oficinas de todo el interior del país y queda activa sola la sede central de Capital Federal. Serían 28 trabajadores los que perdemos nuestros puestos de trabajo en Córdoba”.
ATE registra alrededor de 11 mil despidos desde el comienzo de la gestión libertaria en diciembre pasado, pero este miércoles, el vocero presidencial Manuel Adorni, elevó la cifra a 15 mil cesantías.
Giuliani afirmó que “se materializó lo que presumíamos, hay una mirada del gobierno nacional de ajustar sobre los laburantes estatales. Hay una retirada del Estado nacional de los territoritos federales, centralizando la atención en la Capital Federal y reduciendo la atención a comunicarse con un 0800 o ingresando a un sitio web. Están despidiendo personal con 15, 20 e incluso 27 años de antigüedad en el caso de una compañera del Ministerio de Trabajo”.
El secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani.
“Estamos abrazando y acompañando con solidaridad a las y los compañeros despedidos, es el momento de fortalecer las redes vinculares porque para el gobierno somos una planilla de Excel, un número”, denunció el titular de ATE.
“Todos los despedidos tienen rostro. Tienen una identidad, una familia, una construcción comunitaria y no son ningunos ñoquis ni vagos como plantea este gobierno, sino que son orgullosos estatales que todos los días le garantizan los derechos a la ciudadanía en todo el territorio”, resaltó.
Los nombres de tres trabajadoras estatales despedidas en Córdoba. Una con 13 años de antigüedad y las otras con 12 y 18, respectivamente.
Finalmente, expresó que “si quieren ñoquis que vayan a la Rosada, que miren en el Congreso. A ningún ajuste le mueve la aguja despidos con salarios de 400 mil pesos. Es el ataque al Estado con la firma de centralismo porteño y el retiro de las provincias. Y lo hacen para que se ocupen los privados de las facultades indelegables del Estado, no nos cabe duda. Son los grupos económicos que sostienen a Javier Milei para hacer negocios mientras las y los estatales pagamos la crisis que no generamos”.
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
Más temprano, Giuliani, acompañado por los abogados Eugenio Biafore y Claudio Orosz, presentaron un habeas corpus preventivo en los tribunales federales de la ciudad. La presentación recayó en el juzgado Nº2 a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, donde ATE solicitó que la Justicia garantice “el ingreso de las y los compañeros que no fueron despedidos -en tanto no haya notificaciones fehacientes y conformes a la legalidad vigente-, los salve de cualquier tipo de violencia que pudieran ejercer las fuerzas de seguridad y, al mismo tiempo, se haga efectivo el derecho a realizar asambleas en los lugares de trabajo, tal como lo establece la Constitución”.
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