El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue procesado este lunes por asociación ilícita, mientras la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance la de la investigación. Lo dispuso el juez federal Sebastián Casanello en la causa por presuntos cobro de sobornos, fraude al Estado y incompatibilidades en función del cargo público que ostentaba ex director de la ANDIS. La causa por presunta corrupción que se investiga, se desarrolló en el marco de la gestión del gobierno del presidente Javier Milei.
El caso salió a la luz pública a partir de la filtración de unos audios en los que Spagnuolo se refiere a la supuesta existencia de una red que percibía pagos ilegales, cuyas derivaciones alcanzaban hasta la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Sin embargo, la resolución del juez alcanzó, al menos hasta ahora, como punto más elevado del grupo al mismo Spagnuolo, un abogado amigo del presidente.
El fallo de Casanello alcanza a quien fuera el segundo de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini, además de Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, dos personas con estrechos vínculos con droguerías.
El juez procesó en total a 19 involucrados, a quienes les impuso embargo de diferentes montos sobre sus bienes. Entre ellos figuran ex funcionarios y empleados de la Andis y empresarios privados que intervinieron, casi todos, con distintos roles en la asociación ilícita que se infiltró en la Agencia. El embargo más alto correspondió a Spagnuolo, con más más de 202 millones de pesos.
En su escrito el juez señaló que en los primeros meses del Gobierno de Javier Milei se instaló “un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad”.
Para Casanello ese entramado se conformó con “operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos”.
Según el fallo del magistrado, la ANDIS se convirtió en una “vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
Además, deja abierta la puerta a una investigación más amplia, al destacar que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.
Por otro lado, la Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de los hermanos Kovalivker y habilitó el avance de la causa que investiga maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La Sala II del máximo tribunal penal —integrada por los jueces Guillermo J. Yacobucci, Ángela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar— declaró inadmisible el recurso de queja presentado por la defensa de Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker, propietarios de la Droguería Suizo Argentina, contra la desestimación de una excepción de falta de acción.
Con esta decisión, quedó firme lo actuado por el juez y el fiscal de primera instancia, lo que permite que continúe la investigación sobre irregularidades en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad por parte del Estado nacional.
Según consta en el expediente, la pesquisa se concentra en una organización delictiva integrada por funcionarios públicos y empresarios del sector farmacéutico, que mediante licitaciones amañadas y desvío de fondos se habrían apropiado de sumas millonarias entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, en perjuicio del erario y de sectores vulnerables sin cobertura médica.
La Agencia Noticias Argentinas pudo saber que entre las pruebas figura un intercambio de mensajes entre los procesados donde se hace alusión a despidos impulsados desde la droguería Suizo Argentina, así como referencias a tener “gente con la bandera correcta”, con un emoji alusivo a la bandera suiza.
Jonathan Kovalivker estuvo prófugo durante cuatro días y se entregó con un celular formateado de fábrica, mientras que su hermano Emmanuel fue interceptado en Nordelta con 266.000 dólares en sobres y 7 millones de pesos en efectivo. En el domicilio de Jonathan, la caja fuerte apareció abierta y vacía.
Durante los allanamientos también se documentó el lujoso estilo de vida de la familia, que incluye una colección de más de 15 autos deportivos, entre ellos modelos de Ferrari y Porsche exclusivos. Jonathan, piloto amateur en la categoría Porsche GT3 Cup Trophy, poseía unidades como el 911 GT3 RS y el GT2 RS, mientras que su padre Eduardo es dueño de una Ferrari 275 GTB de 1965.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
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