Boleta única. Los presos sin condena están habilitados a votar. Ayer ejercieron ese derechos 438 internos de las cárceles de Córdoba.
El clima electoral que dominó la jornada de ayer en todo el país invadió también al interior de las cárceles. Aunque el voto de los presos no tiene un gran poder de definición en los comicios -los partidos, de hecho, casi no le dedican atención- desde hace diez años los procesados sin condena firme pueden elegir a sus candidatos dentro de la unidad penitenciaria en la que se encuentren. A diferencia de la elección nacional, en las cárceles se vota con una boleta única. La pregunta del millón, ¿quién triunfará en las cárceles? No tendrá respuesta inmediata ya que el escrutinio se hará en la Cámara Nacional Electoral, en unos días.
Lo que sí sabemos es que en la provincia de Córdoba ayer votaron 438 personas sobre un padrón de casi cinco mil. Con los números cruzados de esa manera, la participación intra muros parece ínfima. Pero hay un dato que modifica el promedio: de los empadronados, sólo 477 presos tenían ayer el documento en su poder, requisito indispensable para poder emitir el voto. Si se comparan estos números, la participación en las cárceles de Córdoba fue superior al 90 por ciento.
Si organizar una elección requiere un trabajo de logística que moviliza personas y recursos por todo el territorio nacional, dentro de los establecimientos penitenciarios esa maquinaria tiene que afinarse. Basta con pensar en las cárceles de Córdoba hay procesados con domicilios en varias provincias del país, lo que implica en cada mesa debe hacer boletas con los candidatos de esos distritos.
La persona encargada de coordinar toda esa verdadera relojería en Córdoba es Rosa Alaimo, jefa del Departamento de Legales del Servicio Penitenciario Provincial. “Armar el padrón de privados de la libertad es todo un trabajo de logistica. La población de procesados cambia constantemente, ya sea porque son trasladados, porque recuperan su libertad o su condena queda firme. Entonces, es un trabajo de actualización permanente que hacemos para actualizar el Registro nacional de Personas privadas de su libertad, que depende de la Cámara Electoral”, explica a ENREDACCIÓN.
El padrón que se usó en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias de ayer fue confeccionado hace 20 días. En Córdoba, hubo 4976 inscriptos en condiciones de votar, aunque un porcentaje muy menor cuenta con el documento en poder del Servicio penitenciario. Muchos prefieren dejarlos con sus familias.
Para que puedan votar se habilitaron 14 mesas, instaladas en las escuelas penitenciarias de cada módulo. Las autoridades designadas son los docentes que enseñan en las escuelas penitenciarias. Los guardiacárceles no pueden ser nombrados autoridades. En las mesas de Córdoba, ayer había boletas de Misiones, Salta, Entre Ríos, San Luis, Santa cruz, Catamarca y Capital Federal.
“Armar el padrón de privados de la libertad es todo un trabajo de logística. La población de procesados cambia constantemente, ya sea porque son trasladados, porque recuperan su libertad o su condena queda firme. Entonces, es un trabajo de actualización permanente que hacemos para actualizar el Registro nacional de Personas privadas de su libertad, que depende de la Cámara Electoral”, Rosa Alaimo, jefa del Departamento de Legales del Servicio Penitenciario Provincial.
El Complejo penitenciario de Bouwer concentró 8 de las 14 mesas, tres de ellas en el módulo MD1, dónde están alojados la mayoría de los procesados. Pero también estaban en condiciones de votar varios internos de otros módulos, como los del MD2, donde alojan algunos empresarios detenidos por la causa del Registro de la Propiedad, entre ellos Jorge Petrone, o los detenidos por causas de delitos de lesa humanidad. “Ellos siempre participan. Están informados y suelen tener el documento, aunque siempre depende de su situación procesal”, explica Alaimo.
Si nos guiamos por los números de ayer, los módulos donde más participaron fueron los de la cárcel de Mujeres, en Bouwer, y en el penal de Villa María.
También hubo mesas instaladas en San Francisco, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa María. En Monte Cristo no, ya que allí sólo se alojan a condenados.
Còmo se vota
Como todos los domingos, ayer fue día de visitas en las cárceles de Córdoba. La rutina no se interrumpió. Para aquél que tenía intenciones de votar sólo debía informar a las autoridades penitenciarias. “Los que manifiestan su interés de votar, son acompañados por los guardias desde su módulo hasta la escuela. Una vez que llega, le entregamos el documento que está en poder del Departamento de Legales”, explica la funcionaria.
En la cárcel no hay cuarto oscuro. Detrás de un biombo, los internos encuentran una mesa con boletas muy distintas a las que se usan en las elecciones normales. En las cárceles se usa un sistema de boleta única. Ayer, por ejemplo, quienes tenían domicilio en la provincia de Córdoba debían usar la boleta del distrito “004”, un papel grande con nueve opciones de partidos y 14 caras. Con un sello debía marcar su elección. El resto es conocido: se dobla la boleta y, en un sobre, va a la urna.
“Una vez que la elección termina, contamos los votos emitidos en total, sin abrirlos. No podemos saber cuánto sacó cada candidato”, explica Alaimo. Luego todos los votos son enviados a la Cámara Nacional Electoral, que se da un plazo para hacer el escrutinio, y remitirlos a cada distrito.
Impulsados por el Cels
En prisión, se supone, uno pierde sólo su derecho a la libertad, no el resto de sus derechos ciudadanos. Sin embargo, como en tantos otros aspectos, eso no sucede muros adentro. El derecho a votar, para los presos, fue una larga carrera de obstáculos. Y aún hoy quienes tienen una condena firme, siguen sin poder hacerlo.
El reclamo judicial a favor del derecho a votar fue empujado por el CELS a fines de la década del 90. En 2002 la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el artículo del Código Electoral que excluía de los comicios a los detenidos con prisión preventiva y le dio al Estado un plazo de seis meses para tomar las medidas necesarias para revertir la situación. Recién en diciembre de 2003 el Congreso dictó la ley que incorpora el derecho al voto de las personas privadas de su libertad. Llevo tres años más su reglamentación. En Argentina, más del 60 % de los detenidos son procesados, en Córdoba el promedio e superior, es decir que no han sido jugados o sus condenas aún no están firmes. El derecho al voto significó, en parte, el reconocimiento como ciudadanos para los detenidos.
El primer Padrón elaborado por el Registro Nacional de Electores Privados de su libertad se elaboró en 2007, con 20147 personas habilitadas para votar en 179 cárceles del país. El promedio de participación desde entonces es de un 10 por ciento, principalmente por falta de documento.
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