La fiscal de Instrucción de segundo turno de la ciudad cordobesa de Villa María, Juliana Companys, manifestó este lunes que “es imposible de dimensionar el dinero” que movía la organización Generación Zoe, debido a la “multiplicidad de negocios en la Argentina y en el exterior” mediante las estafas que realizaba con el esquema piramidal.
También, consideró que “es necesario endurecer las penas” porque -argumentó- hay “una legislación desactualizada que resulta leve para los delitos económicos”, con penas de dos meses a seis años, y que a mitad de la condena permite a los condenados que “recuperen la libertad siendo millonarios”.
La fiscal lleva la causa madre que comenzó a investigar en febrero de este año en Villa María a partir de denuncias anónimas, y, desde allí, la pesquisa se extendió a otras provincias y al exterior, donde se ubicaron “empresas y negocios satélites” vinculados a Generación Zoe.
Previamente, a principios de enero, la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) habían iniciado sus propias investigaciones sobre Generación Zoe por una denuncia promovida por la Organización No Gubernamental Bitcoin Argentina, por los supuestos delitos de estafas e intermediación financiera mediante el sistema conocido como ponzi.
La causa de Villa María, caratulada como “estafas reiteradas y asociación ilícita”, tiene 29 imputados por distintas responsabilidades, entre ellos a su máximo responsable, Leonardo Cositorto, Maximiliano Batista y Claudio Álvarez como algunos de los principales directivos de Zoe y que, según la fiscal, en esa ciudad cordobesa “son más de 1.050 las víctimas y hasta el momento son únicamente 176 los damnificados que denunciaron” las estafas.
Companys precisó a Télam que en su investigación pudo contabilizar US$ 2 millones y $ 15 millones, pero añadió que tiene “conocimiento de que Zoe tenía un movimiento diario de un millón de dólares y un estimado aproximado de US$ 120 millones” al momento de la intervención judicial, ya que son alrededor de 880 damnificados que no acudieron a la justicia, “probablemente porque se trataba de dinero en negro”.
En marzo de este año los ahorristas se vieron con las puertas cerradas de las oficinas de Generación Zoe en Villa María y comenzaron los reclamos en las calles, porque los directivos habían tomado conocimiento de los inminentes allanamientos, y entonces “redireccionaron todo el dinero a familiares y amigos de confianza”.
“Es imposible, incalculable, dimensionar el dinero, las empresas y los negocios que manejaba Zoe, porque en algunos casos se nos hace imposible obtener información”, particularmente de las inversiones que tiene en el exterior, sostuvo la fiscal.
Era tanto el volumen de dinero que necesitaban de varias unidades de negocios y de otras modalidades de alianzas comerciales para colocar las inversiones, llevó a que en 2021 “crearan 15 empresas satélites, que no eran fantasmas” y todas ubicadas en Buenos Aires.
ALC Coaches (Asociación Latinoamericana de Coaches) como se conocía la unidad de negocio de Generación Zoe en Villa María, y que la vez cobijaba a la filial de la Confederación Mundial de Coaches, en ambos casos liderada por Cositorto.
Invertían bastante dinero en publicidad para darle el sesgo de seguridad y legitimidad al negocio, como que contaban con el respaldo del Instituto Universitario del club River Plate y de la Universidad de Salamanca (Colombia).
Sin embargo, se investigó para verificar esos datos y se constató que “todos eran falsos, no existían esos avales”.
La maniobra para captar fondos consistía en promover inversiones en formación de coaching ontológico para el liderazgo, coaching espiritual y financiero, a cambio del pago de un interés mensual que promediaba el 7,5% que, según decían, estaban garantizados por criptomonedas Zoe Cash, explotaciones mineras en Jujuy y San Juan, entre otros supuestos avales que “tampoco existían”, afirmó la funcionaria judicial.
“Hasta el momento no tuvimos ninguna presentación que indique que tienen la voluntad de devolver el dinero a los ahorristas”, manifestó la fiscal al ser consultada sobre esa promesa que había expresado en los medios Cositorto, quien fue detenido por Interpol el 4 de abril último en República Dominicana luego de permanecer prófugo por varias semanas.
“Cuento con todos los elementos de pruebas para sostener las acusaciones sobre las responsabilidades de cada uno”, resaltó Company, y adelantó que el expediente madre está “muy avanzado” y se trabaja intensamente en las causas conexas.
También, consideró que “es necesario endurecer las penas”, porque sostuvo que hay “una legislación desactualizada que resulta leve para los delitos económicos”.
En ese sentido, dijo que, por esa flexibilidad de la punibilidad, “para muchos es un negocio la estafa millonaria porque hay vacíos legales, como el caso de las que se cometen con las nuevas tecnologías y dinero virtual”.
Así, concluyó que “las estafas tienen penas de dos meses a seis años y con buen comportamiento se recupera la libertad condicional cumplida la mitad de la condena, con lo cual salen ricos”.
Por eso insistió con que “es necesario actualizar la legislación que reprime los delitos por estafas y defraudaciones”, y afirmó que “están desactualizadas y eso permite que hoy en Argentina sea un gran negocio estafar porque están poco tiempo en la cárcel y salen en libertad enriquecidos”.
> Con información de TÉLAM.
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