Luego que el fiscal Fernando Epelde imputara al intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, por los supuestos delitos de Abuso de autoridad, artículo 248 del Código Penal; y por poner en Riesgo la Salud Pública, artículo 205 del Código Penal, el funcionario judicial y su familia recibieron amenazas.
Epelde presentó la denuncia correspondiente, que ahora se investiga por cuerda separada de la acusación contra el intendente de esa ciudad del sudeste provincial.
Cabe recordar que Dellarossa habilitó la actividad comercial en el pueblo pese a estar prohibida a causa de la situación sanitaria que vive la localidad. Ocurrió luego de una rebelión de comerciantes, que se produjo el lunes, en defensa del propietario de un negocio de electricidad. El hombre intentó abrir su negocio y cuando la policía fue a labrar el acta de infracción y cerrar el comercio, decenas de personas echaron a los agentes de la fuerza de seguridad. Luego, en la intendencia, Dellarrossa, les pidió preservar la tranquilidad y los autorizó a abrir sus locales.
Marcos Juárez reporta desde el 11 de julio 231 casos de coronavirus, 6 de ellos registrados durante la jornada de ayer. Es el segundo brote activo más importante de la provincia después del de Oliva, otra localidad ubicada sobre la ruta nacional 9.
A su vez, el ministro de Gobierno de la provincia, Facundo Torres, salió al cruce de la decisión de Dellarossa, a la que calificó de irresponsable: “Pedro primero saca un decreto acatando lo dispuesto por el COE, Marcos Juárez tiene el 10 por ciento de los casos de la Provincia, 2 personas fallecidas, comunas aledañas con brotes. Habíamos hablado el fin de semana, pero la presión de los comerciantes hizo que no hiciera caso y les dijera que salieran a trabajar”.
Torres sostuvo que “no se puede permitir que este ejemplo sea tomado por otros intendentes. Tener 427 -librespensadores- generaría que no tuviéramos política sanitaria provincial para hacer frente a la pandemia”.
En tanto, a la imputación del fiscal Epelde, se agregó una denuncia penal del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de Córdoba. Su titular Juan Ledesma presentó el escrito en Córdoba, que posteriormente fue remitida a la Fiscalía de Marcos Juárez. Los delitos que se le imputan a Dellarosa contemplan una sanción de hasta dos años de prisión.
Los hechos se produjeron después que el jefe comunal habilitara la actividad comercial contrariando las disposiciones legales vigentes en la provincia, tendientes a evitar la propagación de Covid 19 en salvaguarda de la salud pública.
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