Su cuenta de twitter es @GiordanoOsvaldo Es el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba. Ayer, su iniciativa encontró rápido eco en el diario cordobés La Voz del Interior y en el porteño La Nación. “A través de los ‘e-certificados’ buscamos dar un mejor servicio a los ciudadanos y ofrecer herramientas que permitan una mejor administración de los programas sociales. En el desarrollo de esta nueva herramienta subyace la consigna de que para que haya una mayor y mejor interacción entre el ciudadano y el Estado es necesario que el propio Estado interactúe mejor consigo mismo, es decir que la información fluya y se complemente entre las distintas reparticiones. La idea es muy simple y de sentido común. Si un dato está en poder de una dependencia estatal, es el propio Estado el que tiene que brindarlo al área que lo requiera y no poner al ciudadano en la engorrosa tarea de hacerlo por sí mismo, esto es obligarlo a llevar papeles de una oficina a otra”.
Giordano siempre fue un funcionario implicado en la comunicación y la apertura a los ciudadanos de la información existente en el Estado. En su paso por la Caja de Jubilaciones de la provincia, también introdujo innovaciones en los procesos para acelerar trámites. Habrá que ver si su herramienta ahora gana un lugar en la gestión pública provincial y puede interactuar con los organismos nacionales que operan en la provincia.
“Estoy convencido que los avances se van a ir consolidando por la sencilla razón de que son inevitables. Pero mientras más esfuerzos invirtamos en acelerarlos, más rápido reconstruiremos la confianza en el sector público y la valoración de sus servicios”.
“Con las alternativas que ofrece la tecnología en la actualidad a muy bajos costos, resulta irritante que el Estado le siga imponiendo a la gente trámites que se pueden eliminar con una simple conexión entre organismos públicos”, describe sobre la iniciativa que promueve y que ayer hizo conocer vía Twitter.
¿De qué se trata? La Secretaría de Modernización del Ministerio de Finanzas de Córdoba desarrolló una herramienta tecnológica que permite contar con bases de datos digitales de matrícula, vacunación y chequeos médicos. Esta información es permanentemente actualizada y ya está puesta a disposición a través de un sistema web services. Las reparticiones que administran programas sociales, gracias al desarrollo de esta nueva herramienta de gestión, disponen de información confiable y actualizada de la situación educativa y sanitaria de cada niño y adolescente que vive en la provincia de Córdoba, describe la información dada a conocer por el Ministerio de Finanzas.
“A medida que se extienda el uso de los “e-certificados” se liberará a escuelas y establecimientos sanitarios de tareas burocráticas que demandan muchos recursos y son extrañas a sus funciones sustantivas. Pero lo más importante, es que las familias dejarán de estar obligadas a gestionar la emisión de los certificados en papel para luego entregarlos en las reparticiones que administran programas sociales”, explican.
La consecuencia es que “como ocurre en algunas épocas del año con ANSES, esto implica afrontar tediosas colas debido a la congestión de trámites”. Por lo tanto, el sistema, “además de liberar recursos en escuelas, establecimientos sanitarios y reparticiones que administran programas sociales, le permitirá al Estado un mejor control de las condicionalidades que fija cada programa social y, por lo tanto, reduce los riesgos de errores y fraudes”.
1,4 MILLONES DE CERTIFICADOS
Uno de los requisitos para acceder a las prestaciones sociales que cubren a niños y jóvenes es presentar periódicamente los certificados de asistencia escolar y cumplimiento del plan de vacunación y chequeos médicos. Considerando el total de la población cubierta en la provincia de Córdoba por los principales programas sociales nacionales y provinciales, las familias tramitan con esta finalidad más de 1,4 millones de certificados cada año”.
Los programas sociales más masivos y, por lo tanto, más demandantes de certificados son la Asignación Universal por Hijo (AUH), las asignaciones familiares de asalariados privados, el Boleto Educativo, las asignaciones familiares de los empleados públicos y las prestaciones nacionales a jóvenes vulnerables para terminar estudios.
El esquema, hasta ahora vigente, impone una gran carga sobre las escuelas y establecimientos sanitarios, ya que cada una de ellas es obligada a montar la estructura administrativa necesaria para emitir certificados que acrediten la condición exigida. A su vez, las familias tienen que solicitar y retirar de estas instituciones los certificados y presentarlos en las dependencias que administran los programas sociales. Éstas, a su vez, tienen que atender a los ciudadanos para recibir dicha documentación. “De esta manera -afirma el Ministerio-, el Estado destina muchos esfuerzos administrativos para emitir y recepcionar los certificados, mientras que las familias son obligadas a asignar tiempo y asumir gastos de movilidad para solicitar y presentar los mismos siguiendo los formatos y plazos determinados para cada programa. Aun así, es muy difícil controlar la legitimidad de los certificados, de manera que los riesgos de fraude son elevados”.
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