La concejala Cintia Frencia (PO, Frente de Izquierda) adelantó este jueves que ampliará la denuncia judicial contra el intendente de Córdoba capital, Martín Llaryora, por el desborde cloacal en los barrios de Villa Páez y Alberdi.
Frencia planteó que “transcurrió un mes del colapso y los vecinos siguen sin respuestas. Tras las recientes lluvias, las imágenes que ellos mismos registran son elocuentes, los residuos cloacales atraviesan las calles del barrio y son arrojados sin tratamiento al Río Suquía”.
Cabe recordar que la bancada del FIT presentó un pedido de informes que “aún no han sido respondido, y un proyecto de remediación y resarcimiento inmediato que todos los bloques en el Concejo se niegan a tratar”. Por otro lado, Frencia y la legisladora provincial Soledad Díaz presentaron una denuncia penal ante la justicia y adelantaron que “nos preparamos para ampliarla por la continuidad de los delitos perpetrados. Vamos a fondo en la organización de los vecinos de la zona, hacemos responsable penalmente a Martin Llaryora y a todos los funcionarios involucrados por las consecuencias del desastre cloacal que aún no se terminan de dimensionar”.
Agregó la concejala que “los vecinos no recibieron asistencia sanitaria ni social suficiente del municipio. Y a todo esto se suma la multiplicación de casos de gastroenteritis, alergias e infecciones dermatológicas. El desastre ambiental y sanitario tiene plena continuidad”.
Luego señaló que “los funcionarios municipales y el intendente Llaryora no pueden seguir negando su responsabilidad frente a las consecuencias de una ciudad gobernada al servicio de los negociados inmobiliarios que no invierten un centavo en infraestructura y mantenimiento”.
Dijo también que “pese al decreto que declara la emergencia sanitaria, ambiental y social en la zona afectada, a un mes de producidos los hechos, y aunque existían numerosas denuncias previas que hacían prever el desenlace, es claro que no hay intenciones de remediar el impacto ambiental, social y sanitario, mucho menos resarcir a las familias por todo el daño causado”.
Por último, Frencia afirmó que “al abandono estatal se suman los aprietes y amenazas por parte de los punteros que intervienen en el barrio, de retirar toda ayuda a aquellos que apelen a la organización independiente en reclamo de sus derechos”.
—
