Interpol emitió ayer una “alerta roja” para la captura internacional de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el asesor y operador judicial del expresidente Mauricio Macri que fue requerido por la jueza María Servini para ser indagado por supuestas presiones al Grupo Indalo durante el gobierno de Cambiemos (2015-2019), informaron fuentes policiales.
Rodríguez Simón se encuentra actualmente en Montevideo, capital de Uruguay, donde solicitó refugio, a la espera de que las autoridades locales se pronuncien sobre el pedido.
La justicia uruguaya deberá resolver si avanza con el pedido de extradición que reclama la jueza Servini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1, quien tenía prevista su indagatoria para el 17 de este mes.
Interpol, como se conoce a la Organización Internacional de Policía Criminal, emite “notificaciones rojas” en el caso de fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena, y consiste en una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.
Servini había citado a indagatoria en mayo pasado al exasesor macrista en una causa iniciada por el empresario Fabián de Sousa, quien lo acusó de “extorsión” en nombre de Macri, a cambio de apoyo al gobierno del ex presidente y para no afectar los negocios de sus empresas.
Pero luego de que la defensa de Rodríguez Simón se presentara ante el juzgado, para informar que había viajado a Uruguay e iniciado trámites ante el gobierno del vecino país para pedir asilo político, Servini lo declaró en rebeldía y requirió el 19 de mayo pasado su captura internacional.
Rodríguez Simón, un abogado corporativo que se dedica a asesorar a inversores para negocios en la Argentina, ex director de YPF y desde 2015 diputado por el Parlasur, integró la denominada “mesa judicial” macrista.
Hasta que se defina la solicitud de refugio, el pedido de extradición de Rodríguez Simón está en suspenso, ya que antes de dictar una resolución la justicia uruguaya deberá escuchar a la Comisión de Refugiados (CORE), que debe analizar el caso y dar un dictamen.
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