Sin quórum. El oficialismo consiguió el apoyo de 80 legisladores sobre 129 necesarios.
Cambiemos (PRO y la UCR) pudo sentar a 80 legisladores en sus bancas y no alcanzó el quórum de 129 necesarios para sesionar, por lo que ninguno de los dos proyectos de ley para limitar el derecho de huelga en el servicio de transporte público de pasajeros pudieron ser considerados. El Frente para la Victoria (FPV), el massismo y el bloque Justicialista vaciaron el recinto. Mientras que el jefe del bloque del FPV, Héctor Recalde, sólo bajó al recinto para pedir que el encuentro se levante.
Hubo asistencia casi perfecta de los representantes de Córdoba, que, sin distinción partidaria, obedecieron la orden del gobernador Juan Schiaretti de avanzar con la resolución del conflicto a través de una ley. La única ausente fue la kirchnerista Gabriela Estévez.
Por el radicalismo estuvieron, además de Mario Negri, impulsor de la sesión especial, estuvieron Diego Mestre -hermano del intendente cordobés, Ramón Mestre-, Brenda Austin, Soledad Carrizo y Olga Rista, todos de la UCR; por el PRO, Nicolás Massot, Héctor Baldassi y Pedro Pretto; y por la Coalición Cívica, Leonor Martínez Villada. Tambien acudieron al recinto Juan Brugge, Adriana Nazario, Blanca Rossi, María Eugenia Brezzo y Agustín Calleri –todos del frente UNA, donde confluyen el ex gobernador cordobés José Manuel De la Sota y Sergio Massa-; Andrés Guzmán, del Movimiento Evita; y los monobloquistas Ramón Bernabey y Juan Manuel Pereyra.
El Movimiento Evita había adelantado en un comunicado de prensa que no daría quórum, pero Guzmán finalmente se hizo presente en el recinto. También se vio a los misioneros Jorge Franco y Silvia Risko, y al salteño Alfredo Olmedo.
La primera de las propuestas fue presentada el año pasado por los diputados radicales cordobeses Diego Mestre y Olga Rista, ambos de la UCR. Allí define que “cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”.
En ese sentido, “se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, el servicio público de transporte público de pasajeros, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas; el control del tráfico aéreo y la seguridad de toda o parte de la población”, indica el proyecto.
Mientras que la segunda iniciativa para modificar la Ley N° 25.877, agrega en el artículo 24 de la citada ley, al transporte público de pasajeros y la seguridad como servicios esenciales ante una situación de conflicto laboral.
“Estamos ante un conflicto con características politizadas. Aunque no tengamos número hoy, vamos a insistir en una nueva sesión”, aseguró Negri al hablar durante la fallida sesión especial, y aclaró que “el principio de huelga no está en juego con este proyecto”.
Negri sostuvo que “hay que compatibilizar los reclamos colectivos y legítimos de los trabajadores ejerciendo el derecho constitucional de huelga con el derecho de los ciudadanos a tener un servicio mínimo de emergencia en el traslado”.
“Durante ocho días hemos vivido una huelga salvaje que no ha medido las consecuencias”, alertó Pretto, y Martínez Villada coincidió en que “se ha puesto en riesgo la vida de las personas. Hemos estado ocho días azotados por una interna gremial partidizada, con tuits de la ex presidenta (Cristina Fernández) alentando a los gremialistas que hacían el paro. (…) ¿Cuál es el límite entre el derecho a la huelga y el derecho a la libertad, a la salud y la supervivencia del ser humano?”, se preguntó la legisladora.
Por su parte, en un comunicado de prensa, el diputado del Partido Obrero (PO) Néstor Pitrola afirmó que “es un triunfo defensivo del derecho de huelga de todos los trabajadores. El nefasto proyecto oficial no sólo declara servicio esencial al transporte. También forma una comisión que puede declarar lo mismo para cualquier otra actividad. Es una línea de ataque al derecho a luchar por el resto de los derechos”.
“Para (Ramón) Mestre es una huelga salvaje porque nació desde las bases de los 4.000 choferes cordobeses. En realidad, los choferes sufren un ataque salvaje de despidos a quienes defienden el salario contra los acuerdos del gobierno, las patronales y sus socios de la burocracia o las mafias sindicales como guste llamarlas.”
QUÉ DICE EL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 25.877
El artículo 24° de la Ley 25877 está redactado en la actualidad a imagen y semejanza de lo dispuesto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dice textualmente: “Cuando por un conflicto de trabajo alguna de las partes decidiera la adopción de medidas legítimas de acción directa que involucren actividades que puedan ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su interrupción”.
“Se consideran esenciales los servicios sanitarios y hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo”.
“Una actividad no comprendida en el párrafo anterior podrá ser calificada excepcionalmente como servicio esencial, por una comisión independiente integrada según establezca la reglamentación, previa apertura del procedimiento de conciliación previsto en la legislación, en los siguientes supuestos:
a) Cuando por la duración y extensión territorial de la interrupción de la actividad, la ejecución de la medida pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población.
b) Cuando se tratare de un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la Organización Internacional del Trabajo”.
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