La sesión especial para tratar el proyecto de ficha limpia contra la corrupción que impulsaban los bloques de la UCR, PRO, Coalición Cívica-ARI y Encuentro Vecinal, fracasó luego que Hacemos por Córdoba manifestara su decisión de no dar quórum.
La iniciativa proponía invalidar las candidaturas electivas y partidarias y el acceso a cargos públicos de personas con procesos judiciales por corrupción que tengan sentencia de segunda instancia.
Francisco Fortuna, presidente del bloque Hacemos por Córdoba en la Unicameral, acusó a través de una nota enviada al titular de la Legislatura, el vicegobernador, Manuel Calvo, de “oportunista” a la oposición y dijo que el proyecto debe ser analizado “sin la premura de la especulación”. Lo cierto, es que el PJ viene eludiendo el debate desde que el proyecto tomó estado parlamentario y había mandado la iniciativa opositora a dormir el sueño de los justos. La decisión de convocar a una sesión especial, sacudió la habitual tranquilidad legislativa.
El legislador Francisco Fortuna. Foto: Prensa Gobierno de Córdoba.
“Todo indica que a algunos partidos de la oposición parece interesarles, sólo, temas de especulación y oportunidad política como el que tiene por objeto el pedido de sesión especial que nos ocupa. (…) Concurrir a la sesión especial convocada, para tratar el tema propuesto, es propinarle una afrenta, una burla a los cordobeses, que por hoy están esforzándose para subsistir y superarse los aspectos esenciales de la vida cotidiana, familiar, laboral, comercial, profesional, estudiantil, etcétera”, apuntó el legislador peronista.
“Nuestro bloque, que tiene la responsabilidad de acompañar y llevar adelante la gestión de gobierno en la Provincia de Córdoba, en estos momentos tan aciagos para nuestra patria y el mundo, no será parte de una sesión que no tiene nada de especial porque tiene por objeto el tratamiento de un tema que puede ser abordado en una sesión ordinaria, que no tiene nada de urgente y menos aún que hoy, cuyo tema no está en la agenda pública y en la preocupación inmediata de los cordobeses”, concluye la carta de Fortuna a Calvo.
Por su parte, los legisladores de los cuatro bloques que impulsaron la iniciativa (UCR, PRO, Coalición Cívica-ARI y Encuento Vecinal), manifestaron su “preocupación por el serio precedente que significa para la calidad de nuestras instituciones y la credibilidad de la ciudadanía vaciar el normal desarrollo de una sesión previamente convocada con la excusa de que el tema no forma parte del interés de la sociedad cordobesa”.
Agregaron que “el proyecto de ley que presentamos es apenas el resultado legislativo de la movilización de la ciudadanía por Ficha Limpia que comenzó hace dos años a través de la plataforma Change.org y que a la fecha cuenta con más de 368.000 firmas de ciudadanos que consideran la lucha contra la corrupción como de extrema prioridad”.
Señalaron además, que “la decisión del bloque de Hacemos por Córdoba de no asistir a la sesión y vulnerar así el quórum necesario para habilitar el debate equivale a torcer la voluntad de la población que representamos. Hoy perdió la ciudadanía, que verá imposibilitado el tratamiento de un proyecto por el cual trabaja desde 2018 peticionando a las autoridades como indica la Constitución Nacional y Provincial en el más absoluto respeto.”
Este sector de la oposición afirmó también que “ganó la mala política. La que acostumbra a usar maneras que le aseguren la continuidad del status quo, la que agudiza su esfuerzo sólo para buscar impunidad a través de proyectos como la reforma judicial. La que aquí en Córdoba avala estas prácticas políticas que sirven para oculta”.
Por último plantearon que “es la ciudadanía movilizada y protagonista la que está pidiendo a gritos no más corruptos en los cargos públicos. Esta madurez cívica debe ser acompañada por la dirigencia que, lamentablemente, está llegando tarde una vez más, en Córdoba”.
LA IZQUIERDA: “ACÁ NO HAY NINGUNO LIMPIO”
La legisladora del MST, Luciana Echevarría.
La legisladora por el MST en el Frente de Izquierda Unidad, Luciana Echevarría, afirmó: “Que el oficialismo no habilite el tratamiento evidencia el autoritarismo con el que se mueven y que ni siquiera pueden hablar de corrupción sin exponerse. La UCR y el PRO impulsan el debate, pero porque les sobra hipocresía, ya que en materia de corrupción son la otra cara de la moneda de (Juan) Schiaretti y compañía”.
Echevarría agregó que “corrupción es el segundo nombre del PJ, el PRO y la UCR. Son todos, parte de la misma casta privilegiada y corrupta. Acá no hay ninguno limpio, ni en el gobierno, ni en la Justicia”.
>> QUÉ PLANTEA EL PROYECTO OPOSITOR
El proyecto de Ficha Limpia contra la corrupción propone agregar un artículo (el 49 bis) al Código Electoral provincial (Ley 9571). Allí plantea que “(…) No podrán ser candidatos las personas que se encuentren condenadas a penas privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los siguientes delitos:
1) Los delitos previstos en los capítulos VI (cohecho y tráfico de influencias), VII (malversación de caudales públicos), VIII (negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas), IX (exacciones ilegales), IX bis (enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados) y XIII (encubrimiento), todos del título XI del libro segundo del Código Penal de la Nación;
2) El delito de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal de la Nación;
3) Los delitos previstos en los capítulos I y II del título IX (delitos contra la seguridad de la Nación), del libro segundo del Código Penal de la Nación;
4) Los delitos contra la integridad sexual comprendidos en los artículos 119°, 120°, 124° a 128°, 130°, 131° y 133° del Título III del Libro Segundo del Código Penal;
5) Los delitos contra el estado civil de las personas comprendidos en los artículos 138°, 139° y 139° bis del Título IV del Libro Segundo del Código Penal; y
6) Los delitos contra la libertad comprendidos en los artículos 140°, 142°, 142° bis, 145° bis, 145° ter y 146° del Título V del Libro Segundo del Código Penal”.
También propone “la inhabilitación prevista en el presente artículo se extenderá desde que exista sentencia condenatoria en segunda instancia del proceso hasta su eventual revocación posterior, o hasta el cumplimiento de la pena correspondiente”.
Por último establece que “los partidos políticos o alianzas electorales, a fin de acreditar el cumplimiento del párrafo anterior, deberán exigir a todos los precandidatas/os y candidatas/os titulares y suplentes que integren sus listas, para cualquier cargo electivo provincial y municipal, el Certificado de Antecedentes Penales (CAP) emitido por el Registro Nacional de Reincidencia (o el informe o documento que lo reemplace), siendo responsables directos de su presentación por ante los órganos con competencia electoral. El citado certificado se deberá acompañar junto con la presentación de listas, tanto en las elecciones primarias como en las generales”.
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