El libro “La corrupción como modelo de poder” (Editorial Astrea, 2019), de mi autoría, pretende abrir una serie de debates silenciados en nuestro país y América Latina. Son análisis sobre la incidencia de la corrupción en la profunda desigualdad social existente; sobre la responsabilidad de la Justicia respecto de las crisis de las democracias latinoamericanas que son atravesadas por este sistema de corrupción; sobre la corrupción que funciona como un modelo de construcción y de acumulación de poder político, económico y sindical; y sobre la construcción de una superestructura jurídica apuntalada deliberadamente para avalar este modelo de poder basado en la corrupción; y sobre la violación de las derechos humanos de las víctimas de la corrupción.
A continuación, desarrollo once debates que abre este trabajo:
1) La Corrupción no es inocente en términos económicos. En Argentina y en América Latina la corrupción funciona como un modelo de construcción y de acumulación de poder político, económico y sindical. Esto quiere decir que, la mayoría de las estructuras del poder en Argentina y en general en América Latina y el Caribe, están sustentadas en corrupción. Esto tiene consecuencias económicas.
2) Es un modelo construido sobre el soborno, sobreprecios y lavado de activos. En especial en las obras publicas. La corrupción no es ni un pecado religioso ni un simple delito penal. Su víctima es la propia sociedad que ha perdido sus dos derechos: que se castigue a los responsables del fraude al voto popular; y que se recuperen los bienes robados de la salud pública, de la educación y de la lucha contra la pobreza. Un modelo significa un sistema, y un sistema significa un conjunto de elementos que trabajan de manera armónica. Este es el fenómeno argentino de la corrupción que va más allá de ideologías y de partidos.
3) Los actores que intervienen en este modelo de poder basado en sobreprecios sobornos y lavado son 3: El poder político del Estado; el poder empresarial y el poder sindical. En la Argentina de la democracia, las estructuras de poder con mayor fortaleza son las que responden a este modelo. En él se ven obscenos enriquecimientos ilícitos.
4) La victima de ese modelo de acumulación de poder es la propia sociedad. Sus derechos de castigo y de recupero de bienes están contemplados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sin embargo, los derechos son ilusorios porque están anulados en el proceso penal argentino y latinoamericano.
La sede los tribunales federales porteños.
5) El Poder Judicial es cómplice de esta estructura o sistema de poder basado en la Corrupción. LA CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en su Resolución 1 -18 así lo ha declarado. En Argentina y, en general, en América Latina la justicia no funciona como uno de los tres poderes de la democracia sino como “jueces del poder” en los términos de Balzac en “La Comedia Humana”.
6) Todos los países de América latina y del Caribe están cruzados por dos tragedias que se mantienen históricamente, más allá del voto popular y más allá de las ideologías políticas que llegan al Gobierno. Somos el subcontinente con mayores índices de corrupción y con mayores niveles de desigualdad social.
El ex presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva.
Con el caso Odebrecht han debido renunciar y son objetos de procesos judiciales de corrupción (Alberto) Fujimori, (Alejandro) Toledo y (Pedro Pablo) Kuczynski en Perú; Rafael Correa en Ecuador; Lula da Silva en Brasil; y Cristina Fernández, que afronta 12 procesos judiciales por distintos temas en Argentina. Los países que no han sido afectados funcionan como países de lavados de activos de la corrupción.
Bolivia es el único de los llamados países del “socialismo del Siglo XXI” que muestra indicadores económicos positivos, sin embargo, no ha podido escapar de la corrupción. Evo Morales ha pretendido eternizarse en el poder mediante la corrupción en el voto Popular.
La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
7) La desigualdad social no es solo económica. No se mide tan solo con el índice de Gini que marca la distribución injusta de la riqueza. En América Latina la desigualdad social indignante es en primer lugar, desigualdad ante la ley, que significa que los delitos de los poderes político, económico y sindical son impunes. Mientras que los delitos de la pobreza son severamente castigados. La desigualdad social en América Latina se expresa también con índices de expectativas de vida.
El informe de diciembre del 2019 de la Universidad de Texas, muestra que, en Chile, el pobre tiene 18 años menos de expectativa de vida que el rico. Esto habla de una crisis del sistema democrático latinoamericano, tanto el basado en el neoliberalismo, como el de los llamados países del Socialismo del Siglo XXI.
El presidente Mauricio Macri y su par chileno, Sebastián Piñera. Foto: Prensa Gobierno Nacional / Archivo.
8) Existe una superestructura jurídica construida deliberadamente para avalar este modelo de poder basado en la Corrupción. El concepto de “Sentencia Firme” en los procesos Judiciales por Corrupción es simbólico de esa superestructura. Es una tesis jurídicamente falsa e intelectualmente deshonesta, que solo persigue la impunidad del poder. Para analizar con seriedad una Reforma Judicial integral se deben integrar en el análisis tres términos centrales que son: El concepto de sentencia firme, el de prisiones preventivas y el principio de la presunción de inocencia. Son tres términos que deben estar integrados en el análisis de cada uno de esos elementos.
El Estado es el responsable de quebrar con el principio de Inocencia, es decir la presunción de inocencia como Derecho Humano central. La prisión preventiva es la excepción y no la regla, pero en los delitos del poder político, económico y sindical, el riesgo procesal que funda a una prisión preventiva debe estar medido por el poder económico, político y sindical del imputado. Esto es realismo puro.
Lo mismo sucede con la interpretación excesiva que se ha dado al garantismo penal. En los procesos judiciales por corrupción, ese garantismo ha llegado logrado hacer desaparecer todos los derechos de la víctima de la corrupción. Los derechos de la victima de los delitos de corrupción tienen una misma jerarquía que los derechos del imputado. Sin embargo, en los procesos penales en la Argentina y en toda América no es así. El “falso garantismo” ha instalado en pensamiento jurídico-judicial el dogma de que lo único que se debe proteger son los derechos del imputado. Mientras que los derechos de las victimas permanecen desaparecidos. No hay precedentes en Argentina, ni en América de recupero de bienes habido en la corrupción con la sola excepción de los acuerdos realizados con los arrepentidos del caso Odebrecht, en Brasil.
Hoy, en América Latina, la sociedad está tomando consciencia de su condición de víctima de la corrupción. Los estallidos sociales que suceden en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Argentina misma son expresiones de indignación por la desigualdad social. Y es interesante ver como estos estallidos sociales suceden en países con un modelo de neoliberalismo y con modelos del socialismo del Siglo XXI por igual. La corrupción y la desigualdad social están presentes en ambos sistemas de poder. Y ella es la causa de la desigualdad social, sobre todo desigualdad ante la ley.
10) Necesidad urgente de que las empresas, los funcionarios públicos y los sindicalistas devuelvan lo robado, que es relativamente sencillo si hay voluntad política.
Basta con aplicar los Tratados de Derechos Humanos en punto a la figura del Funcionario Público, como al Servicio del Estado y no como empleado del Estado. Con esa sola decisión se logrará que los sindicalistas, empresarios de obra pública y funcionarios sean considerados funcionarios públicos a los fines del Artículo 268 del Código Penal y sean obligado a devolver lo robado con lo que se han enriquecido ilícitamente.
Esta idea del “WarFare” es también usada por los sectores de poder que han crecido con la corrupción, para defender sus posiciones de fuerza. El “WarFare” funciona así, como una barrera de impunidad más para la corrupción.
11) El “Warfare” o “Guerra judicial”, conocido también como “Lawfare”, es una idea utilizada para transparentar las debilidades históricas de las justicias argentina y latinoamericana en relación con los poderes político, económico y sindical. Se trata de una Justicia que, lejos de ser uno de los tres poderes independientes, funciona al servicio del poder de turno, pero también es cierto que esta idea del “WarFare” es también usada por los sectores de poder que han crecido con la corrupción, para defender sus posiciones de fuerza. El “WarFare” funciona así, como una barrera de impunidad más para la corrupción. El “Warfare” pretende convertir probados actos de corrupción en persecuciones políticas. Es necesario dividir las aguas. Una cosa es la justicia del poder en los términos de Balzac en “La Comedia Humana” y otra cosa es crear la ficción de que la persecución política es lo central y que ella ayuda y hace desaparecer las pruebas de brutales delitos cometidos desde el poder del Estado cuya víctima es la propia sociedad.
* Juan Carlos Vega es ex presidente de la Comisión de Legislación Penal de HCDN.
“LA CORRUPCIÓN COMO MODELO DE PODER”
Autor: Juan Carlos Vega.
Editorial: Astrea.
Páginas: 224.
Año: 2019.
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