El Frente de Izquierda se manifestó en contra de las acciones legales que la Multinacional Monsanto-Bayer lleva adelante contra el municipio de Rio Cuarto buscando un millonario resarcimiento económico por un decreto en el que en 2013 rechazó su instalación.
En ese sentido, el Legislador Ezequiel Peressini afirmó que “hemos presentado un proyecto para rechazar las maniobras judiciales millonarias, que Monsanto-Bayer impulsa contra la Municipalidad de Río Cuarto, porque son un mecanismo de chantaje y extorsión contra una decisión soberana de los habitantes de la ciudad. Si Monsanto-Bayer no levanta los juicios contra el Municipio de Río Cuarto, hay que expropiar sus bienes.”
Agregó que “para defender realmente a Córdoba exigimos que el Gobierno tome medidas concretas para impedir de manera categórica e irrenunciable que la multinacional, que carece de licencia social, extorsione política, judicial y económicamente las resoluciones legítimas y soberanas”.
Precisa que “es necesario impedir y paralizar cualquier actividad comercial o productiva de la multinacional Monsanto-Bayer en la provincia hasta que disponga el levantamiento definitivo de las acciones legales contra el municipio y los habitantes de la Ciudad de Río Cuarto y expropiar todas las propiedades y bienes de Monsanto-Bayer por considerarla una firma que atenta contra la soberanía política y económica del pueblo de nuestra provincia y el país.”
El juicio sobre el caso comenzó esta semana, en la Cámara Civil y Comercial de 1° Nominación de la ciudad de Río Cuarto, con la etapa de pruebas. Se trata de un proceso iniciado originalmente en 2014, luego de que el gobierno local rechazara una planta experimental que la empresa pretendía instalar en la ciudad.
La multinacional cuestiona la decisión tomada en noviembre de 2013, por el ex intendente de Río Cuarto, Juan Jure (UCR), que firmó un decreto en el que rechazó la instalación de un centro de investigación y experimentación con semillas de la multinacional Monsanto-Bayer.
La medida se fundó, por un lado, en que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa había sido desaprobado por el Ente Descentralizado de Control Municipal (Edecom), encargado de autorizar este tipo de emprendimientos, y, por otro, en la necesidad de “garantizar la paz social”.
Jure tomó la resolución después de un año y medio de reclamos, manifestaciones, denuncias y posicionamientos públicos de organizaciones e instituciones de la ciudad contra la planta y las irregularidades cometidas por la multinacional.