Hace unos pocos días atrás, nos generó una enorme preocupación y, a la vez, encendió una alerta, un nuevo caso de violencia laboral grave en nuestro país.
El dueño de una radio de la provincia de San Juan, agredió a una locutora al aire: “Te voy a hacer mierda”, entre otras cosas más que se escucharon.
Luego de tomar estado público, hay quienes manifiestan su gran preocupación frente a estas situaciones (especialmente dirigentes políticos), pero nada hacen al respecto para poner un freno a estos hechos.
Este caso puntual, se visibilizó debido a que el micrófono de la radio quedó abierto, y todos los oyentes pudieron escuchar los gritos y las agresiones que recibió esta trabajadora en su ámbito de trabajo.
¿Pero cuántos casos desconoceremos, debido a que las víctimas de la violencia laboral generalmente lo silencian, por miedo a perder el trabajo, pero fundamentalmente, por no tener a quien recurrir y por no ver la presencia de un Estado (municipal, provincial y nacional), que prevenga y sancione a través de marcos legales específicos a esta violencia que se ha convertido en un verdadero flagelo?
En el año 2017, hubo caso de violencia laboral gravísimo en Córdoba, conocido como “Polarcito” -por el nombre de la empresa donde se produjo-, que tuvo como consecuencia la muerte de dos trabajadores.
Según especialistas en medicina laboral y médicos psiquiatras, la violencia laboral puede ocasionar, padecimientos físicos y psíquicos, y existen casos de suicidios y muertes a causa de la misma.
Diariamente, se escuchan nuevos casos de violencia laboral en los medios.
Es necesario que los estados municipales, provinciales y nacional, a través de los recintos legislativos de cada uno de ellos, aborden con carácter de urgencia los proyectos que se han presentado.
Existen profesionales del derecho, que estamos llevando adelante jornadas de capacitación en aquellas organizaciones sindicales que lo necesiten y lo soliciten.
Es clave formar a los delegados, y también a las trabajadoras como a los trabajadores para saber cómo proceder y defenderse de estas agresiones.
Se comienza a advertir que hay sindicatos en Córdoba, como el S.U.O.E.M., S.A.D.O.P. (Delegaciones Córdoba, Río Cuarto, Punilla), la C.T.A. Córdoba, entre otras organizaciones sindicales, que lo han instalado como agenda entre sus prioridades, y eso es muy positivo.
Es necesario que todos los gremios, impulsen las iniciativas legislativas que en Córdoba están cajoneadas desde hace años sobre la violencia laboral.
El día 07 de junio de 2016, se presentó un proyecto de ley (de mi autoría), a través del legislador provincial, Ezequiel Peressini. Dicho proyecto, cuenta con el apoyo de más de treinta sindicatos, dos centrales obreras nacionales, y el defensor del Pueblo de la Provincia, y ha sido declarado de interés general por más de ocho Facultades de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Desde su presentación, nunca se trató. En mi carácter de autor del proyecto, ingresé varias notas a la presidencia de la Comisión de Legislación del trabajo, Previsión y Seguridad Social, solicitando el tratamiento del mismo. Nunca tuve respuesta, ni convocatoria alguna respecto a mis reiterados pedidos.
Como ciudadano me pregunto: ¿Qué clase de representantes actúan de esa manera con el pueblo que los votó? ¿Se olvidan que las bancas que ocupan son para dar soluciones legislativas a las necesidades de las personas que dicen representar? Es vergonzoso que se demuestre semejante grado de indiferencia a una grave problemática de la clase trabajadora de Córdoba.
En el Concejo Deliberante de Córdoba, estamos esperando también el tratamiento del proyecto de ordenanza N° 6276-C-17 presentado el 25 de agosto de 2017, y ahora ingresado nuevamente en marzo de este año bajo el N° 7432-C-19 (presentado por el bloque de Concejales de Unión por Córdoba -Adrián Brito, Esteban Domina, Natalia De La Sota, Pablo Ovejeros y Nadia Fernández-). El mismo, ha sido declarado de interés general por las Facultades de Derecho y Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). He solicitado también el tratamiento del mismo, sin respuesta alguna por ahora.
La clase trabajadora, necesita que quienes legislan en Córdoba, traten, mejoren y aprueben por consenso ambos proyectos.
Necesitamos la decisión política de prevenir y sancionar la violencia laboral en Córdoba. ¿Están dispuestos a hacerlo?
Depende de Ustedes que no sigan aumentando casos de trabajadoras y/ o trabajadores enfermos o muertos a causa de la violencia laboral.
* Carlos Emanuel Cafure es abogado laboralista.
